Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte quieren que la causa por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vaya a juicio tal como está, es decir, con ellos como los principales acusados y sin que nadie haya sido investigado por la jueza María Eugenia Capuchetti como responsable político de la tentativa de magnicidio.

En las últimas horas, los defensores oficiales Juan Martín Hermida (por Sabag Montiel) y Gustavo Kollman (por Uliarte) consintieron la elevación a juicio del expediente que se inició el 1 de septiembre pasado después de que Sabag Montiel gatillara su arma a centímetros del rostro de la vicepresidenta. Por su parte, Gastón Marano, el abogado particular de Nicolás Carrizo, pidió una prórroga para responder y que se lo habilite acceder a "legajos restringidos".

Si bien la voluntad de los abogados es que el caso avance a juicio oral con la mayor celeridad posible porque los imputados permanecen detenidos, los tres escritos exponen distintos matices y en algún caso adelantan la estrategia que emplearán, como es el caso de la defensa de Uliarte. 

El defensor de Uliarte, Kollman, reclamó que la causa pase a juicio oral "a la brevedad posible" porque "en dicha etapa procesal no podrá eludirse el análisis sobre si existió posibilidad material --real y concreta-- para que se culminara con la ejecución del principal ilícito que aquí se investiga y se produjera un resultado lesivo". Lo que el defensor oficial pareciera querer poner en discusión es si la Bersa estaba en condiciones de efectuar un disparo. En el expediente, como resaltó el fiscal Carlos Rívolo al pedir la elevación del caso a juicio oral, quedó en claro que el arma era apta para disparar y se había usado con anterioridad.

Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, rechazaron que se eleve a juicio la causa con los tres imputados sin investigar la posible vinculación de Revolución Federal y del diputado Gerardo Milman.

Revolución Federal

El mismo día en que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la condena de CFK en la causa Vialidad, los integrantes de Revolución Federal protagonizaron desmanes afuera del departamento de la vicepresidenta. Primero intentaron tirar abajo las vallas que impedían llegar hasta el edificio y después forcejearon con un efectivo de la Policía de la Ciudad –que incluso declaró que lo habían sujetado del cuello–. Ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo de ultraderecha, negó haberse resistido a la autoridad y dijo que se estaba defendiendo de los militantes kirchneristas.

Después de que el lunes ampliara su indagatoria Jonathan Morel, el juez Martínez de Giorgi recibió este martes por la mañana a Sosa. En su caso, tenía que explicar cuál había sido su rol el 22 de agosto del año pasado a las 23.30, cuando un policía porteño de apellido González detectó a los dos integrantes de Revolución Federal intentando voltear las vallas a la entrada del departamento de CFK. Según declaró González, Morel depuso su actitud mientras que Sosa continuó con los tumultos.

Ante el juez, Sosa negó haberse querido resistir a la autoridad y dijo que no causó ningún daño en la noche del 22 de agosto. Se escudó, además, diciendo que se estaba defendiendo de las agresiones de La Cámpora.

Sosa –al igual que Morel, Sabrina Basile y Gastón Guerra– estuvieron detenidos el año pasado por decisión del juez Martínez de Giorgi, pero la Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación. El mismo tribunal alivió su situación al confirmar sus procesamientos: descartó que se les pudiera achacar ser parte de una asociación ilícita y circunscribió los hechos que se les imputa a incitación de la violencia colectiva.

Martínez de Giorgi también llamó a indagatoria a Natanael Reinstein Menin, que fue detenido el 22 de agosto del año pasado junto con Sosa en las inmediaciones del departamento de CFK. Según consignó el fiscal Gerardo Pollicita en un dictamen, Reinstein Menin tenía una bomba molotov en su mochila.

Hasta el momento, Reinstein Menin no designó abogado. Inicialmente había propuesto el nombre de un letrado pero éste no aceptó la defensa. Si no regulariza su situación en el juzgado, Martínez de Giorgi deberá determinar si lo declara en rebeldía.

Inicialmente Sosa fue representado en la causa por la abogada Gladys Egui, quien vivía en el mismo edificio de CFK, más concretamente en el departamento que pertenece a Ximena de Tezanos Pinto. Egui renunció a la defensa de Sosa, informaron fuentes con acceso al expediente.

El juez debe definir si dicta un nuevo procesamiento contra Sosa y a Morel. En el caso de Morel, fue indagado por el escrache contra dos legisladoras porteñas del Frente de Todos –Claudia Neira y Maia Daer–, a quienes siguió con un grupo de personas cuando ingresaban a la Rosada para la jura de Silvina Batakis como ministra de Economía.