El gobierno reglamentó parcialmente la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar tras nueve años desde su sanción. Una ley considerada “imprescindible” para el sector, que fue impulsada en 2014 cuando Emilio Pérsico era Secretario de Agricultura Familiar y que ahora da algunos pasos, en tanto la mayoría de sus artículos queda sin reglamentar. El eje de la normativa sancionada es la creación de un banco de tierras para facilitar el acceso a pequeños productores y de un centro de producción y distribución de semillas.

De los 36 artículos que integran la redacción de la Ley, se efectivizaron apenas nueve, y otros cuatro de forma incompleta. Los objetivos generales y específicos de la ley (artículos 3 y 4) no están reglamentados. Tampoco el artículo 13 que insta a incorporar a las y los productores familiares como sujetos en cada política o programa del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ni el artículo 15 que habla del “acceso a la tierra”. Se impulsa la producción y comercialización de la agricultura familiar (artículo 21) pero se pierden de vista los incentivos ambientales que podía viabilizar la ley (artículo 20).

Así, desde Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Infaci), dependiente de la Jefatura de Gabinete, ponderaron que la normativa establece “los procedimientos para afectar aquellos inmuebles rurales que, por sus características específicas y técnicas, sean aptos y se encuentren disponibles para incorporarlos en coordinación con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar creado por la citada ley”. 

El AABE es incorporado como consultor permanente y deberá informar periódicamente sobre la disponibilidad de “tierras rurales” a la autoridad de aplicación de la ley, que es el Infaci creado el año pasado. Esas tierras podrán ser compradas, arrendadas o entregadas en donación a los productores. El gobierno prevé realizar en un mes el lanzamiento oficial del banco de tierras.

Por otro lado, desde la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), quienes también participaron activamente en diferentes etapas de la elaboración de la ley, celebraron que el banco haya quedado bajo la órbita del Infaci. Pero cuestionaron la composición del Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, del que el Infaci fungirá como Secretaría Técnica, en tanto no tiene participación garantizada de los territorios, organizaciones sociales ni las comunidades. Se corre el riesgo así de no viabilizar correctamente las demandas sectoriales ni sus problemáticas.

A los fines de establecer los potenciales beneficiarios de la ley las y los agricultores familiares deberán acreditarse en forma individual o asociativa en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). En tanto, la reglamentación establece que “serán sujetos preferenciales en la adjudicación de bienes por parte del Banco de Tierras las mujeres y las personas género diversas”.

Otro aspecto relevante de la normativa es el diseño e implementación de programas específicos de producción y comercialización de la agricultura familiar, campesina e indígena y la exigencia de poner en funcionamiento el Centro de Producción de Semillas Nativas (Ceprosena) que tendrá como objetivo registrar, producir y abastecer de semillas nativas a todo el país y que permitirá desmonopolizar el insumo.

Para Juan Pablo della Villa, de la Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos (ECAS), esto abre una oportunidad “para dejar de pagar 30 o 50.000 pesos un sobrecito con 100 semillas de tomate, insumos y tecnología para la producción: tenemos dolarizado desde el nylon, hasta la semilla, y eso condiciona a las familias productoras para mejorar la calidad y cantidad. Y también genera inflación y costos por demás, además de estar importando herramientas, insumos y materias que acá serían más trabajo, más arraigo, más producción”. 

Queda mucho para avanzar en el sentido de discutir realmente el modelo de producción y comercialización de alimentos del país, advierte della Villa.

Aimé Almada de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) destacó la decisión política de avanzar en la reglamentación de la ley, pero reconoce que la situación es crítica para la producción familiar, campesina e indígena. Ponderó que se busca mejorar el acceso de los pequeños productores a la tierra al tiempo que señaló el continuo problema del corrimiento de la frontera agrícola. 

“Será fundamental el efectivo cumplimiento de esta ley, ya que tenemos casos como el de la Ley de Arrendamiento Rural que también toca al sector pero no se cumple”, advierte. También la afectación presupuestaria que tengan los programas contenidos es relevante, aclara Almada, pero hasta el momento no hay especificaciones.