La Cámara de Diputados de la provincia de Salta no deja de generar polémicas. Después de aprobar la ley antiprotestas la semana pasada, ayer otorgó media sanción a un proyecto de ley que insta a establecer consejerías integrales en los establecimientos de salud que dispensen atención a la embarazada, con la particularidad de que obliga la incorporación de terceros, provenientes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. La iniciativa no pasó desapercibida ya que es impulsada por legisladores que se manifestaron en contra del aborto legal. 

El proyecto cuenta con la autoría de las diputadas Cristina Fiore (Confluir), Cristina Frisoli (Salta Independiente) y Julieta Perdigón (Ahora Patria), junto a sus pares Bernardo Biella (Salta Independiente) y Roque Cornejo (Ahora Patria). Desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, advirtieron que es un proyecto legislativo (pasó al Senado para su tratamiento) innecesario y peligroso; mientras que desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir manifestaron diversos cuestionamientos a la iniciativa. 

Fiore fue la encargada de argumentar a favor del proyecto durante la sesión. La legisladora (también autora de la ley antiprotestas) contó que la idea surgió después de una charla que mantuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat (Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) y el diputado y médico Biella. En ese encuentro de pasillo, "les contaba la experiencia de un médico en el (Hospital Público) Materno Infantil, que nos comentaba cómo le dolía ver cada vez mayor cantidad de jovencitas que llegan en una situación complicada cursando un embarazo inesperado, donde realmente no saben qué hacer", relató. 

Dijo que "ese no saber qué hacer", se vincula mayormente a problemáticas económicas, familiares o de relaciones sexo afectivas, "donde realmente se sienten solas y no saben a dónde acudir, y acuden al hospital". Bajo ese escenario, para Fiore se plantea la necesidad de establecer consejerías integrales para que "profesionales y organizaciones sociales les puedan dar alguna orientación planteándole las distintas alternativas que tienen". Sin embargo, ni Fiore ni el proyecto hacen mención a que esas alternativas se generan a partir de la aplicación de la ley 27610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y que resulta el paso previo para recién aplicar la ley 27611, de Plan 1000 días. 

Si bien la diputada expresó que su objetivo "no es volver a discutir si abortó sí o aborto no" porque "las leyes ya están", la iniciativa únicamente se aboca a las mujeres que "deciden" continuar su embarazo. Todo el proyecto hace mención únicamente a la necesidad de generar una mejor aplicación a la ley 27611, por lo que sostiene que "cuando llegue una jovencita aturdida, mal por esta situación, que lo primero que se encuentre sea con estas consejerías". 

En ese marco, la legisladora cuestionó que no haya información estatal en la provincia sobre lo que ofrece el Plan nacional 1000 días, que dispone beneficios para la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia; como sí se da en el caso del acceso a la interrupción voluntaria o legal del embarazo (ILE/IVE), que cuenta con cartelería en las instituciones de la salud, además de dos números propios en la provincia junto a la línea nacional del 0-800-222-3444, gratuita y confidencial, de salud sexual y reproductiva. 

"Después no hay ninguna otra información", expresó, instando a la elaboración propia de cartelería sobre la ley 27611. "La idea simplemente es que cuando llegue una jovencita en esta situación sepa que existe la libertad de decidir", manifestó, asegurando que "aquella mujer que estando sola decide continuar con un embarazo es un heroína", y debe contar con el acompañamiento del Estado. 

El proyecto de ley establece en su artículo 2 que "las consejerías integrales estarán conformadas por los equipos interdisciplinarios que disponga la autoridad de aplicación, priorizando en la medida de lo posible, las áreas de salud, del ámbito legal y de la asistencia social; debiendo incorporar a representantes de ONGs y asociaciones civiles, que habiendo manifestado su intención de participar, tengan como objeto la atención de la embarazada y su contención". 

Para Fiore, la incorporación de terceros (por fuera de los profesionales de la salud) representa una posibilidad para que la persona embarazada "conozca una serie de organizaciones que trabajan en redes", y que incluso les generaría la posibilidad de acceder a una fuente laboral. "Me parece que está buenísimo si damos la posibilidad de que se conozcan todas las alternativas y que aquellas que deciden continuar no están solitas", cerró. 

La ex senadora nacional (2013 a 2019) fue quien en diciembre de 2020 presentó una demanda en contra del Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y luego amplió su petición solicitando la inconstitucionalidad de la Ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, la petición fue desestimada por la Justicia local. 

Un control que ya existe 

Para la médica e integrante por Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Macarena Villena, al menos se plantean cinco cuestionamientos a la iniciativa impulsada por Fiore y sus pares. 

El primero se vincula a que la iniciativa refiere a la necesidad de plantear un control integral de la embarazada. Villena aclaró que ya existe tal control, y comprende controles en nutrición, odontología, trabajo social, psicología, además del médico, enfermedad y control de laboratorio. "Ese control integral existe desde siempre y es un requerimiento necesario para que las personas embarazadas puedan ingresar al plan SUMAR" y, posteriormente cobrar la asignación universal por embarazo y por hijo. "Eso ya es así, no es nada nuevo y lo hacemos siempre", aclaró. 

En segunda instancia, para la profesional es preciso aclarar que la ley 27611 se refiere a las personas que toman la decisión de continuar un embarazo. Es decir que antes de cualquier incorporación a beneficios públicos, es obligatorio que exista  consejería en opciones", prevista en la ley 27610. Por lo tanto, Villena insistió en que antes de aplicar la ley del Plan 1000 días, debe darse la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo prevista por la ley. "Tomada la decisión de continuar con el embarazo (27610), recién se puede dar cumplimiento a esa ley (27611), porque si no no se cumple el derecho de la persona en su totalidad", indicó. 

En un tercer punto, Villena dijo que el proyecto también habla de la disposición de partidas presupuestarias, lo que de por sí resulta "complejo" si se tiene en cuenta el contexto actual de conflicto social que atraviesa la provincia, con profesionales de la salud y la docencia que reclaman un sueldo de igual valor de la canasta básica. "El gobernador (Gustavo Sáenz) dice que no hay plata y ella (Fiore) marca que haya una partida presupuestaria" para la aplicación del proyecto. "¿De dónde va a salir ese dinero", cuestionó. Acto seguido recordó que en el área de salud actualmente faltan recursos económicos. "Difícilmente esto se pueda cumplir al menos a largo plazo", aseguró. 

En una cuarta observación, Villena hizo foco en la incorporación obligatoria de ONGs, más la firma de convenios con universidades y otras profesiones. "Me resulta bastante vidrioso" ese apartado, expresó. Se preguntó quién "asumiría la responsabilidad de decidir si son aptos o no para este acompañamiento; o qué universidades serían". 

En este caso, la médica tuvo presente que Fiore esa una de las impulsoras, una legisladora que se apuso a la aprobación del aborto legal. Para la médica, este podría ser el camino para la incorporación de organizaciones o profesionales locales que son reconocidos por su militancia en contra de la ley 27610. Villena incluso recordó que la Universidad Católica de Salta creó este año la diplomatura "Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto". 

Dicha diplomatura "es claramente antiderechos", manifestó. Y agregó su última observación: puso en duda que no sean esos mismos cursantes del espacio en la UCASAL los que podrían tener una salida laboral encubierta con el proyecto de Fiore. 

Una ley innecesaria 

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, Itatí Carrique, también se expresó sobre la iniciativa y subrayó que la provincia ya cuenta con consejerías integrales para atención de las mujeres, desde las que "se les da una atención integral justamente, haciéndole saber cuáles son todas las opciones que tienen y haciendo respetar" lo establecido en las leyes 27610 y 27611. Ya en la sesión de la Cámara Baja, la diputada Ramona Riquelme (Partido Igualar) contó que en la ciudad de Orán tenían una de estas consejerías. 

Asimismo, Carrique recordó que la legislación del Plan 1000 días tiene como órgano de aplicación a las carteras de Salud, por lo que incluir a organizaciones que tienen fines y objetivos específicos resultaría "una complicación porque estamos hablando de que llevaríamos a esas consejerías a todas las mujeres que están atravesando un embarazo y no necesariamente todas las mujeres pueden querer llevar adelante ese embarazo". 

Al igual que Villena, la secretaria también resaltó que el proyecto prevea la obligatoriedad de la incorporación de terceros en estas consejerías, y puso de manifiesto que dichos espacios pueden alentar a diversas situaciones, como que se manipule para un embarazo llegue a término y que el niño o niña sea dado en adopción; o que las mujeres sean coaccionadas a tomar decisiones contra su voluntad y que vaya en contra de su libertad reproductiva. "Es muy riesgoso que estas situaciones de los embarazos inesperados puedan plantearse como una oportunidad", opinó. 

La funcionaria ejemplificó que si esas ONGs mantienen la única mirada de hacer continuar los embarazos, se presentaría "una posible vulneración de los derechos de aquellas que no quieren continuar con un embarazo". En esa línea, se refirió al lenguaje utilizado en el proyecto de ley en el que se da por supuesto "el nacimiento de una persona", sin mantener una visión más amplia o integradora. 

Para Carrique no sería necesaria la creación de esta nueva legislación cuando "ya existe en nuestro sistema de salud" un sistema de consejerías integrales con "una mirada amplia y sujeta a todos los derechos que tienen las mujeres, tanto de continuar como de no continuar un embarazo y están presentes en todos los circuitos de asistencia". La funcionaria hizo énfasis en que la iniciativa aprobada en la Cámara Baja puede resultar una tergiversación de las legislaciones nacionales referidas al tema, principalmente, de la ley 27611.