El comisario retirado de la Policía Federal Roberto Álvarez fue condenado a 10 años de prisión tras haber sido hallado responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar contra la sobreviviente Aixa Bona. El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín no le creyó que se había cruzado con la víctima de casualidad mientras ésta caminaba por una ruta interna de Campo de Mayo y, por el contrario, lo consideró coautor de la privación ilegal de la libertad y la imposición de tormentos agravada que Bona sufrió en la Delegación de la Policía Federal de San Martín, institución de la que Álvarez fue comisario desde 1979. Les jueces allanaron el camino para que se avance en la señalización de esa dependencia en donde Bona permaneció cautiva incomunicada y en situaciones inhumanas entre fines de agosto y principios de septiembre. También ordenó que se dé inicio al proceso de exoneración de Álvarez de la Policía Federal así como la anulación de la pensión que está recibiendo por su desempeño en esa fuerza.

La última audiencia del juicio de lesa humanidad que comenzó a mediados de abril pasado, tuvo una primera parte temprano en la mañana de este miércoles, cuando el presidente del tribunal Matías Mancini ofreció a Álvarez, el único acusado en el debate, la posibilidad de decir algo, lo que quisiera, antes de oir el veredicto. “No voy a hacer uso de las últimas palabras”, sostuvo el octogenario, quien presenció desde la sala de audiencias de los tribunales de San Martín todo este debate, el primero de lesa humanidad que transita. Es que el comisario retirado de la Federal también está acusado y a la espera de debate oral en su contra por su desempeño en la represión ilegal contra trabajadores del cordón metalúrgico de Villa Constitución, en Santa Fe, en 1975. El represor prestaba servicio en la Inteligencia de la Federal.

La condena del TOF, que completan Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese, atendió a lo solicitado por la Fiscalía, que a principios de mayo consideró que la pena correspondiente para el comisario retirado y agente de Inteligencia de la Federal era de 10 años de cárcel. Las querellas habían solicitado 20 años de prisión.

El caso

Aixa Bona es sobreviviente de la última dictadura. Fue secuestrada la noche del 26 de agosto de 1980, mientras intentaba desarmar la casa en la que vivía con su compañero, Gervasio Guadix, con quien había regresado al país el año anterior para participar de una acción de comunicación y prensa en el marco de la Contraofensiva de Montoneros. Tras ser capturada, fue llevada a Campo de Mayo, en donde fue interrogada durante dos días.

La segunda noche le avisaron que la iban a trasladar. La vinieron a buscar dos tipos en un auto en cuyo asiento trasero fue obligada a subir, encapuchada y atada. Uno de ellos habló fluido con quienes la mantenían cautiva en la guarnición militar y luego se sentó en el asiento de acompañante del auto y le empezó a hablar. “Era Álvarez. Me dijo ‘usted está detenida’”, declaró en el juicio la sobreviviente. El auto llegó a la Delegación de la Federal en San Martín, de la que el acusado era comisario. 

A Aixa la encerraron en una habitación al fondo, donde la engrillaron a la cama. Había noches en los que un guardia la llevaba "adelante", donde él tenía su oficina, y la engrillaba a la pata del escritorio. "Yo tenía que dormir en el piso al lado de él, me quería tener a la vista", describió durante el debate. No sabe quién era ese guardia.

Durante muchísimos años, tampoco supo quién era Álvarez. Hasta que reconoció su voz y pudo ponerle un rostro. Fue en agosto de 2020. Su captor, el tipo que la había trasladado en aquel auto, el que le hacía preguntas sobre Montoneros y su compañero, el que le dijo que estaba detenida y no secuestrada, estaba declarando como testigo en el marco del primer juicio que se desarrolló por los crímenes de lesa humanidad contra integrantes de la Contraofensiva –entre los que se encontraba Guadix– y ella estaba viéndolo a través de la transmisión de La Retaguardia.

En aquel testimonio, Álvarez dijo que en años de la dictadura “cruzó” a una mujer que estaba “extraviada” en la calle, la subió al auto y la llevó a la Delegación; una mujer que presuntamente le habría dicho que había estado en alguna dependencia de Campo de Mayo. Esa mujer era Aixa Bona, pero las cosas no habían sucedido como el testigo contaba. Aixa lo reconoció. Lo reconoció también su hermana, Eloisa, enganchada asimismo a la transmisión digital. Aixa dio aviso a su abogado, Pablo Llonto, que advirtió al tribunal, el cual suspendió el testimonio de Álvarez.

Un efectivo de la Inteligencia Federal

El caso se investigó en instrucción y fue elevado a debate oral y público. La estrategia del acusado fue desestimar la identificación que realizó la sobreviviente y única víctima en el juicio. La Fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos desplegaron las pruebas que colectaron para determinar el verdadero rol de Álvarez en el terrorismo de Estado durante la última dictadura: la Inteligencia.

Basada en los testimonios de las hermanas Bona, pero sobre todo en un análisis exhaustivo de su legajo policial, la fiscal Gabriela Sosti concluyó que el acusado "tuvo pleno conocimiento y voluntad de los delitos” por los que se lo juzgó. Según el recorrido oficial, Álvarez fue principal y subcomisario entre 1972 y 1975 en la Dirección General de Interior de la Superintendencia de Seguridad Federal, una de las áreas desde la que la Federal accionaba en la Inteligencia al servicio a partir del golpe de Estado, del Ejército. Por su desempeño recibió altísimas calificaciones. Entre el 78 y el 79 su destino fue el Departamento de Contrainteligencia. Las buenas evaluaciones continuaron. Entre 1979 y 1980 fue comisario en la Delegación de San Martín, desde donde mantenía una “dependencia operativa de la Escuela de Caballería (de Campo de Mayo)”, supo describir él mismo durante su testimonio en 2020.

“Álvarez sabía qué función cumpliría en la Delegación de San Martín: integrar junto al aparato de inteligencia del Ejército y el restos de las fuerzas a su cargo centrado en Campo de Mayo. Tenía conocimiento sobre la existencia de personas secuestradas en Campo de Mayo, sus condiciones y cuál sería su destino. No fue ajeno”, remató la fiscal en su alegato.