La Justicia porteña levantó la cautelar que mantenía frenada la megaobra Ciudad Palmera que los grupos IRSA y Portland impulsan en Caballito. El proyecto estaba suspendido desde 2020, cuando los vecinos y vecinas del barrio se organizaron para presentar un amparo contra el emprendimiento que incluía un complejo de edificios de más de mil viviendas y un centro comercial a cielo abierto en terrenos aledaños al club Ferrocarril Oeste. Ahora la Justicia de primera instancia autorizó a las empresas a pedir la "rehabilitación de los permisos de obra" ante el GCBA para una de las parcelas del predio y por un proyecto que aseguran haber modificado. Los vecinos y vecinas apelaron la decisión y protestarán este jueves a las 18 horas en Acoyte y Rivadavia.
"No pasó nada distinto en relación a los actos administrativos ante el GCBA, sólo hubo un cambio en la situación entre las empresas y un compromiso de que van a modificar el proyecto. Al juez eso le pareció suficiente para dictar el fallo", advirtió a Página/12 Martín Iommi, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna N°6, que en 2020 encabezó la presentación de la acción de amparo junto a las organizaciones S.O.S Caballito, Estación de los Deseos y los comuneros Osvaldo Balossi y Agustina Quinteros. En agosto de ese año la Justicia de primera instancia hizo lugar al pedido con una cautelar ratificada en octubre por la Cámara de Apelaciones porteña.
Casi tres años después, el juez Darío Reynoso, titular del Juzgado N°24, dio marcha atrás e hizo lugar parcialmente a los planteos de IRSA y Portland para permitirles tramitar ante el GCBA "la rehabilitación de los permisos de obra de la parcela 1 para la reanudación de los trabajos", aunque las empresas pretendían la autorización para las cuatro parcelas del predio. Según se lee en el fallo, la decisión del magristrado responde a dos modificaciones contractuales planteadas por IRSA y Portland.
En primer lugar, aseguran haber modificado el edificio proyectado para la parcela 1, ubicada en Avellaneda y Fragata Sarmiento, al reducir "la cantidad de subsuelos destinados a cocheras" y limitando a una galería en planta baja el uso comercial del edificio de diez pisos. También sostienen haber acordado que las parcelas "no estarán integradas ni funcional ni jurídicamente, por lo que no conformarán un único complejo edilicio”. Al juez le bastó con esto para considerar que la cautelar "ha perdido parcialmente virtualidad" respecto de la parcela 1, de unos 3.500 metros cuadrados, "al haber sido separada del 'master plan'".
El punto del "master plan" es clave en el litigio judicial. Es que las empresas subdividieron el predio en cuatro parcelas y eso les evitó pasar por la Legislatura para aprobar la normativa que hubieran necesitado para el total del terreno que ocupa unas tres manzanas en Avenida Avellaneda 1300, 1400 y 1500. Precisamente esa fue la razón por la que la Cámara ratificó la cautelar en 2020, al considerar que el emprendimiento "involucraría un proyecto inmobiliario integral", a diferencia de lo presentado por las empresas. En aquella ocasión los jueces entendieron que "las obras no podrían examinarse desde una perspectiva autónoma", ya que se trata "de un emprendimiento global" que "consistiría en la construcción de diez edificios de diez pisos cada uno, galerías con comercios minoristas y garajes comerciales".
Los vecinos y vecinas plantean que las modificaciones aceptadas por el juez Reynoso no fueron presentadas formalmente ante el GCBA y que, aún así, no constituirían un cambio sustancial en el proyecto original de las empresas, por lo que siguen reclamando los tres puntos que sostienen desde que comenzaron a batallar contra el proyecto: "Tienen que hacer los estudios de impacto ambiental del suelo y de la red de servicios, abrir una calle por el problema de conectividad del barrio, y tienen que entregar entre el 25 y el 50 por ciento del terreno para un parque público, que es lo que dice la normativa", señaló Iommi.
