“De nada sirve una Provincia con una producción excepcional en detrimento del cuidado ambiental, como tampoco un conservacionismo con la gente en situación de pobreza extrema.” Con esas palabras Daniela Vilar explicó la pauta central desde la cual parte el enfoque del Ministerio de Desarrollo Ambiental de la Provincia de Buenos Aires que tiene a su cargo desde su creación a fines de 2021, en medio de un debate que, entiende, muchas veces se presenta como dicotómico entre ambiente y producción. Ese eje, precisamente, fue el tópico de abordaje en la sala “Desarrollo Sostenible y Sustentable” que cerró el Congreso Productivo Bonaerense realizado el martes y miércoles en Mar del Plata.
El diseño de políticas públicas bajo el paradigma del "ambientalismo popular" para abordar la crisis climática desde una perspectiva de inclusión social, sin dividir la producción y el cuidado ambiental, y con el objetivo de construir políticas públicas que generen trabajo y potencien la producción de energías alternativas sin dañar el ambiente y garantizar un ambiente saludable para todos los habitantes, atravesó las exposiciones a cargo de Vilar, del coordinador del Programa PAGE Argentina por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Joaquín Etorena Hormaeche; de Martín Dapelo, socio fundador de ON Networking, empresa de energías renovables y eficiencia energética; y de la diputada nacional Natalia Zaracho, referente cartonera del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
En ese marco, la ministra de Kicillof se hizo cargo de un debate que subterráneamente asomó en varias de las mesas donde se abordó el desarrollo productivo con la pregunta sobre su armonización con el entorno y con un Congreso con sede en una ciudad donde en 2022 se instaló la polémica por los riesgos potenciales de la explotación petrolera en el Mar Argentino. “A priori, claramente ambiente y producción aparecen como una tensión, en una especie de posible contradicción. Pero hay una falsa dicotomía entre ambientalismo y producción, alimentado porque durante años se planteó el avance productivo en detrimento de los cuidados ambientales y de las fiscalizaciones”, analizó.
Con esa mochila a cuestas, reveló los debates que se suscitaron al interior del gobierno al momento de diseñar la creación de un Ministerio de Ambiente. “Cuando empezamos a trabajar en la creación de un programa de política pública para el Ministerio, lo que planteamos junto con el gobernador es que esta línea de acción y de ejecución de política pública se iba a dar con el amparo de un paraguas ideológico, un paraguas filosófico, un paradigma que nosotros denominamos ambientalismo popular”, aportó.
¿De qué consta ese concepto que Vilar presentó con la idea de una “tercera posición ambiental”, con toda una simbología peronista a cuestas? “Esta filosofía del ambientalismo popular es con la gente adentro, pensando en la inclusión social, es construyendo políticas para la inclusión y además es profundamente soberana”, argumentó ante el auditorio presente tras la apertura del miércoles a cargo del gobernador Axel Kicillof. “La obsesión del gobierno provincial es construir un ambientalismo que cierre con la gente adentro”, sintetizó el espíritu.
El trabajo y los nuevos desafíos del Estado
“El eje que vincula el mundo del trabajo, los derechos laborales, toda esa agenda con la temática ambiental se torna cada vez más importante, porque la cuestión de una transición hacia una economía más verde implica tensiones de esos derechos, donde es importante el rol de las instituciones, los sindicatos, las empresas y los gobiernos, de poder balancear y administrar esas tensiones”, agrega Etorena Hormaeche, en diálogo con Buenos Aires/12.
“Hoy se habló mucho de la cuestión de vincular o de amigar el Artículo 14 bis con el 41 de la Constitución Nacional y me parece que eso es fundamental en el contexto en el que nos encontramos”, analiza en referencia al traslado de la aparente contradicción que resaltó Vilar, a la propia Carta Magna con los nuevos derechos laborales vinculados al constitucionalismo social, por un lado, y el derecho al ambiente sano, por el otro.
A su vez, ponderó la importancia que el Estado no solamente se circunscriba al desarrollo de políticas que son “directamente” ambientales, como el caso de los apoyos crediticios para el desarrollo de las economías verdes, sino que también “hay muchas otras políticas que no son ambientales y que tienen un impacto muy grande”. Por ejemplo, “haría falta profundizar todo un eje de trabajo que tiene que ver con la formalización laboral, donde ahí hablábamos del programa de promoción de empleos verdes del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde la OIT trabajó mucho con ellos, pero también cuestiones que tienen que ver con empezar a hacer valer algunos derechos como la participación de la fuerza laboral en los procesos productivos”, trazó como desafío.
A la par, proyectó un beneficio para el conjunto del sector productivo con el desarrollo de las economías verdes: “los cambios en la productividad que se dan a través de la inversión tecnológica verde son muy importantes para que esta agenda tenga un correlato en la realidad”, señaló el referente de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde o Partnership for Action on Green Economy (PAGE, por sus siglas en inglés), una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas que responde al documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20: “El futuro que queremos”.
Agendas mundiales e inequidad social
En otro tramo de su exposición, la ministra Vilar alertó sobre la “imposición de las agendas y los líderes mundiales” en el debate global sobre la crisis climática, con una disposición del norte global por sobre el sur global. En dicho marco, exaltó la necesidad de tomar conciencia “del valor potencial que tienen nuestros bienes comunes naturales” donde “los capitales extranjeros esperan la posibilidad de poder venir por ellos”.
Las referencias de la ex diputada nacional avanzaron hacia un neocolonialismo donde “lo único diferente a lo que pasó cuando dejaron el cerró Potosí es que ahora a la mita no la van a poder utilizar como hacían con los pueblos originarios”, en referencia al sistema de trabajo obligatorio con el cual la Corona española depredó recursos naturales mineros en el Alto Perú. “El bienestar de las comunidades del norte global se construyó a costa de la explotación de los bienes comunes naturales del sur”, agregó la funcionaria bonaerense.
“Nosotros vamos a construir políticas ambientales, creemos que la crisis climática es un problema, pero entendemos que a quienes más afectan la crisis climática es a los sectores que viven en situación de vulnerabilidad. Es decir, la crisis climática profundiza la inequidad y no podemos escindir la cuestión ambiental de la cuestión económica, de la cuestión social y de la cuestión económica. Hablar de ambientalismo es hablar de los procesos económicos y de los modelos económicos”, concluyó Vilar.