El Tribunal Supremo (TS) español avaló este miércoles que se puedan rebajar las penas por la aplicación de la polémica ley de libertad sexual conocida como "Solo sí es sí" en revisiones de sentencias condenatorias anteriores.
Con esta decisión, el Tribunal contradijo a la Fiscalía, que desde la entrada en vigor de la ley insiste en que no es necesario revisar las penas de los condenados por delitos sexuales si estas se encuentran dentro de los límites establecidos por la ley para cada delito.
La postura del Supremo también representa un revés para el Gobierno, ya que hasta la reforma de la ley en abril, la posición inicial del Ejecutivo se reflejó en una enmienda que buscó dejar claro a los jueces que, aunque no se estableciera un régimen transitorio para las revisiones de condenas, seguía vigente la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995.
El debate se centró en la vigencia y aplicación de dicha disposición transitoria, la cual establece que cuando la pena impuesta también se pueda imponer según los límites establecidos por la nueva norma, en este caso la ley del "solo sí es sí", no es necesario revisarla.
La pregunta era si esta disposición transitoria de 1995 se aplicaba a las posteriores reformas del Código Penal, que no incluyeron disposiciones transitorias específicas en sus textos.
Con esta posición, el Tribunal Supremo establece jurisprudencia para proporcionar claridad a los tribunales autónomos, que no tenían un criterio uniforme, ya que algunos están a favor de reducir las penas y otros no.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo se pronunció sobre 75 sentencias que no eran firmes cuando entró en vigor la ley, reduciendo las penas en 28 casos y manteniendo las condenas en 47.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó la decisión del Tribunal Supremo como una "mala noticia". En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la funcionaria sostuvo que el tribunal rechazó el criterio unánime de la Fiscalía con respecto a la vigencia del derecho transitorio.
Montero destacó la importancia de implementar todas las medidas de la ley del "solo sí es sí" que protegen a las mujeres víctimas de violencia sexual, como la especialización judicial, la asistencia jurídica gratuita, los centros de crisis y la disponibilidad de psicólogas y abogadas sin necesidad de presentar denuncia.
La ley, que entró en vigencia en octubre de 2022, pretendía endurecer la anterior legislación, eliminando los abusos, con penas más leves, y convirtiendo todos los delitos sexuales en agresiones.
Pero para eso, los legisladores modificaron el marco de penas, rebajando algunos mínimos y máximos, lo que se tradujo en una consecuencia indeseada de que, como en España se aplican retroactivamente las nuevas leyes, beneficiaron a varios presos.
Así, casi mil delincuentes sexuales convictos vieron sus penas reducidas y más de un centenar fueron excarcelados, según datos de los tribunales, lo que desató un gran escándalo en el país.
Ahora, el máximo tribunal de justicia se reunió durante dos días para fijar doctrina respecto a la rebaja de condenas firmes, en el que analizó un total de 29 recursos contra las revisiones efectuadas, la mayoría presentados por los condenados.
