El senado bonaerense podría comenzar a tratar en las próximas semanas un proyecto de ley que busca modificar la Ley de los Martilleros y Corredores Públicos para que sean los propietarios y no los inquilinos quienes paguen las comisiones inmobiliarias en los nuevos contratos.
La normativa plantea que el pago del 4 por ciento de honorarios y los gastos administrativos deben quedar a cargo de manera exclusiva de los propietarios. Hoy en día, si bien la ley establece que el pago debe ser a medias, desde organizaciones de inquilinos explicaron a Página|12 que la carga cae en su totalidad sobre los locatarios.
El titular de la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad bonaerense, Rubén Pascolini, explicó a este medio que, de aprobarse, la medida beneficiaría de manera directa a aproximadamente tres millones y medio de ciudadanos, ya que se estima que un 20 por ciento de los ciudadanos de la provincia son inquilinos.
Qué dice el proyecto
La normativa, impulsada por el senador del Frente de Todos Francisco “Paco” Durañona, propone que en los alquileres de viviendas con destino urbano y rural se cobre en concepto de honorarios hasta un 4 por ciento a cargo del locador, sobre el monto total del primer año de contrato.
El proyecto prohíbe expresamente en las locaciones de inmuebles en la provincia de Buenos Aires “requerir o percibir”, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios o continuadores de la locación cuando se trate de “una persona física”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro ya rige una ley en esta misma dirección.
Los puntos principales de la ley
Consultado por P|12, Durañona señaló cuatro puntos principales de este proyecto:
- Propone que el Estado garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen sus honorarios y alícuotas que se cobran en los alquileres, en los locales, páginas web y todos los medios posibles de comunicación.
- Establece que se cobrará un 4 por ciento de honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, que deberá ser enteramente asumido por los propietarios de los inmuebles.
- Para el caso de locaciones con destino a vivienda única, de ocupación permanente, la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad, será sin costo para inquilinos en los futuros contratos de locación en el que se los soliciten, quedando a cargo de propietarios.
- Los costos de las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía y todo costo de gestoría que se realice por locaciones de inmuebles deberá ser afrontado por los locadores y no podrán ser cobrados al locatario.
Con apoyo del Gobierno
La iniciativa que impulsan los legisladores bonaerense cuenta con el aval y apoyo del Gobierno de Axel Kicillof. Así lo dejó en claro Pascolini a Página|12 al señalar que desde la Subsecretaría de Hábitat “celebran” el avance de la iniciativa “atentos a la necesidad de que se tomen medidas para aliviar la situación de las familias inquilinas”.
“En la Provincia de Buenos Aires uno de los mayores obstáculos para acceder al alquiler de una vivienda es el económico. No solo por los costos mensuales del pago del canon del alquiler, sino por el desembolso inicial necesario para ingresar a una propiedad”, explicó el titular de la cartera.
Y añadió: “Muchas personas deben endeudarse al hacerlo, ya que hay que cubrir gastos que van desde el mes de depósito hasta la garantía, informes de dominio, sellado, certificación de firmas, gastos de gestoría, honorarios del martillero involucrado en la operación, entre otras cosas”:
Un reclamo histórico de los inquilinos
El referente de la Federación de Inquilinos Nacional y concejal de Tandil, Juan Arrizabalaga, también celebró en diálogo con P|12 el avance del proyecto y aseguró que atiende un reclamo histórico del sector.
“La comisión es un impedimento total. No puede ser que la paguen los inquilinos. Para nosotros es un hecho muy importante. Es una cuestión de legislación que devendría en que los inquilinos se ahorren muchísimos recursos. En un contrato de 100 mil pesos, más de ese monto son extras y de comisión. Es imposible acceder a un contrato en la Provincia de Buenos Aires”, aseguró Arrizabalaga.
Además, explicó que con la normativa actual, que se busca modificar, “siempre se les cobró ilegalmente la comisión a los inquilinos, cuando en realidad quien contrata a la inmobiliaria para que le gestione sus inmuebles es la parte propietaria”.
La amenaza de las inmobiliarias
En este contexto, es casi natural escuchar la respuesta de las inmobiliarias, que ya comenzaron a circular la idea de que, de aprobarse esta normativa, los precios de los alquileres podrían subir. Así lo denunciaron varios inquilinos en redes sociales.
Consultado por esta posibilidad, el autor del proyecto, Durañona, explicó: “Este punto ha surgido muchas veces y los inquilinos agrupados que han participado reconocen que es mejor que se incluyan los honorarios y gastos en el precio del contrato, ya que aun así lo terminan pagando en cuotas mensuales y no de contado como condición previa”.
En este mismo punto se manifestaron desde la Federación de Inquilinos Nacional: “Esa fue la amenaza que sucedió en CABA, pero no fue producto de eso el aumento de los alquileres. Aumenta por la dolarización de las viviendas, por la inflación y por la especulación inmobiliaria”.
Y añadieron: “El costo para el propietario, si lo desparramas en tres años es muy poquito, es nulo. Ahora, el problema de que el inquilino lo pague al principio del contario es terrible. Es desigual. El porcentaje desparramado en tres años es nada si lo quieren trasladar el precio”.
