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Desde Santa Fe
El intendente radical de San Carlos Centro –que quiere ser reelecto- Juan José Placenzotti, sumó la segunda condena judicial en su mandato por la persecución política y ultraje a los trabajadores. En abril, la Cámara de Apelaciones en lo Laboral (Sala I) confirmó una sentencia del juez Jorge Raúl Candioti que lo condenó a retractarse y pedir disculpas porque llamó “patota municipal” a quince empleados del municipio que ejercían su derecho de huelga por salarios adeudados, en 2021. Y esta semana, la misma Sala confirmó otro fallo de la jueza María Victoria Acosta que lo condenó a devolverle al secretario general del sindicato, Andrés Martínez, los salarios de dos años y medio –más intereses- que le sustrajo después aquel conflicto de 2021. En ese lapso, “el dirigente gremial fue sometido a diversas persecuciones y violaciones de sus derechos”, denunció el abogado Juan Andrés Pisarello, que lo patrocinó en la demanda. La sentencia del martes –igual que la de abril- ordenó que las costas del pleito las pague el “vencido”, que es Placenzotti, con un fundamento que se entiende: “el hecho objetivo de la derrota”. Son dos condenas confirmadas por la Cámara, hasta ahora. Porque en el Juzgado de Acosta se tramitan más causas del “caso San Carlos Centro”, como le dicen en Tribunales a las “actitudes autoritarias” del intendente de la UCR que invierte dinero de los contribuyentes y sus votantes en perder juicios.
Martínez es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) desde 2015, y en 2019, fue reelecto por un nuevo período hasta 2023. Pisarello dijo que la escalada del intendente de San Carlos Centro contra el gremio tiene un “punto de inicio, que es una gran huelga del SITRAM, a comienzos de 2021”.
“Luego de eso –recordó el abogado-, Placenzotti desconoció el “estatus” del líder del sindicato, “dejó de pagarle el salario” y “se dedicó a ultrajar públicamente” a “militantes sindicales y trabajadores huelguistas”, a quienes estigmatizó en el propio portal del municipio y en medios locales como la “patota municipal”.
“Por estas publicaciones”, Placenzotti tuvo su primera condena. En mayo de 2022, el juez Candioti le ordenó retractarse y pedir disculpas a sus perseguidos y en abril de 2023, la Cámara de Apelaciones (Sala 1) confirmó la sentencia que “quedó firme” porque no fue recurrida por el condenado. “Un fallo histórico en materia de protección de derechos personalísimos de trabajadores sindicalizados en conflictos colectivos”, lo definió Pisarello.
La decisión de la Cámara tuvo incluso resonancia en la Legislatura, donde el diputado de la UCR Fabián Palo Oliver lo calificó: “Ejemplar fallo condenatorio para una familia que, permanentemente, lesiona los derechos laborales de las y los trabajadores municipales”, dijo el legislador. Juan José Placenzotti sucedió en la intendencia de San Carlos Centro a su padre, Jorge Placenzotti.
Pisarello dijo que después de la huelga de 2021, Placenzotti planificó el “desmembramiento” del SITRAM, que enfrentaba sus “actitudes autoritarias”. Y con “fundamentos precarios”, la Municipalidad de San Carlos “comenzó un proceso de exclusión de la tutela sindical sobre dirigentes del gremio”. “Así quedó al desnudo la visión del municipio de subvertirse a cualquier diálogo con la representación obrera y a neutralizar cualquier tipo de actuación gremial”. A eso, se sumaron “otras acciones del municipio contra los trabajadores que reclamaban por sus derechos”.
La segunda condena de Placenzotti es por la “retención indebida” de los salarios de Martínez. La jueza Acosta le ordenó devolverlos en octubre de 2022, en una sentencia que la Cámara de Apelaciones (Sala I) confirmó el martes pasado. “Cuando el municipio dejó de abonar el sueldo al secretario general de SITRAM (que pagó normalmente hasta la huelga del 2021) incurrió en ‘alteración del contrato que no encuentra prima facie respaldo legal que lo justifique”, comentó Pisarello al citar la sentencia.
La Cámara explicó que “existía una situación de hecho”: que Martínez ya tenía una “licencia gremial” y “percibía sus remuneraciones, pero sin que cambie esta circunstancia, su pago se interrumpió en el 2021”. "Es decir, después de la huelga”, apuntó el abogado. “Me faltó agregar que la Sala también ordenó que las costas del juicio deben ser asumidas por la Municipalidad de San Carlos Centro”, cerró Pisarello.
