El 1 de junio, Rocío González fue asesinada a balazos por un compañero de trabajo que la acosaba hacía un año y medio en la localidad de Saladillo. Antes había denunciado a su agresor en dos oportunidades. Días más tarde, la fiscal que investiga el caso, Patricia Hortel, en declaraciones a la prensa culpó a la propia víctima de su femicidio: dijo que no se hizo respetar ni se defendió. 

Ahora, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, le pidió al procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, que avance con el proceso de remoción. La ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual provincial calificó sus dichos de “aberrantes” y “gravísimos”. Desde la misma cartera a nivel nacional reforzaron la idea de una reforma judicial feminista para que sus funcionarios comprendan que la violencia de género es una violación a los derechos humanos. Y organizaciones feministas repudiaron lo sucedido.

A pocos días del octavo aniversario del #Niunamenos en que una de las consignas fue “con este Poder Judicial no hay ni una menos”, las declaraciones de Hortel no hacen más que gritar una vez más por la necesidad urgente de este cambio.

“Son muy graves los dichos de la fiscal porque están cargadísimos de prejuicios, al colocar la responsabilidad en quien es víctima de una violencia extrema, además, como es el femicidio, pero además ocurrida en un contexto laboral”, dijo en diálogo con Página/12, la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. “Hay una cuestión de enorme incoherencia, creo que además de prejuiciosa y de comentarios que diría clasistas: hay mujeres que tienen condiciones de víctimas y mujeres que no... La violencia está en todos los sectores sociales y un contexto de violencia en las relaciones laborales y acoso puede sufrir una mujer de cualquier sector, de cualquier formación. Desde cualquier perspectiva muestra desconocimiento”, explicó.

"Los dichos de la fiscala ponen en evidencia que la necesidad de una reforma judicial feminista no se agota en pensar en un sistema de justicia integrado por más mujeres, lo que se requiere es que las, los, les funcionarixs que formen parte del servicio de justicia, independientemente de su género, lleven a cabo sus funciones comprendiendo que las violencias contra las mujeres ponen en evidencia las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y que constituyen una violación a los derechos humanos", dijo a este diario la directora de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio de las Mujeres nacional, Natalia Chinetti.

El miércoles, tras la detención del presunto femicida, Renzo Chidichimo, la fiscal deslizó en Canal 9 que Rocío tuvo la culpa del crimen por no defenderse. Hortel fue consultada en el noticiero sobre el hipotético caso de que la víctima fuera su hija. El periodista le preguntó qué consejo le daría, siendo funcionaria del poder judicial y conociendo lo mal que funciona el sistema, a lo que la fiscal le respondió: “Tal vez esté equivocada, la experiencia me indica que no, pero los agresores seleccionan a sus víctimas. (...) Dificulto que a mi hija le pase una cosa así, porque tiene otro perfil. Yo creo que debemos educar distinto a las mujeres”.

Luego trató de explicarse más: “No la conozco a Rocío, no puedo hablar por ella porque no la conozco, pero lo que te puedo decir es que la mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más moderadas, educadas, mucho más respetuosas. Estoy segura de que mi hija lo saca bailando, que se impone. Es una persona que se hace respetar porque tiene carácter. Su ‘no’ es respetado y la mayoría de las personas que yo tengo no son así”.

Sus palabras despertaron el repudio de organismos públicos y organizaciones sociales, ya que no solo desconocen la normativa vigente sino que antepone sus creencias y prejuicios personales, además de estereotipos sociales al momento de abordar el caso.

“Qué hace dando noticias, en lugar de hablar en los medios por qué no le dedica ese tiempo a la investigación”, cuestionó Díaz. “Es necesario que efectores, funcionarias del Poder Judicial como en este caso una fiscal, rinda cuentas de cómo actúan. Porque de solo escuchar ese tramo de la entrevista parece alguien con falta de competencia para estar en una responsabilidad semejante. Ni hablar todos los marcos normativos que se llevó puestos encima con estas declaraciones. Tremendo que además del dolor irreparable que significa perder a una hija o a un familiar en un femicidio, que tengamos que estar escuchando declaraciones que son realmente aberrantes”, agregó.

En el mismo sentido, Ana Casal, Integrante de la Comisión Directiva de la Red Mujeres para la Justicia, formada por funcionarias y juezas de todo el país, dijo a este diario que “más allá de la actuación de la fiscal en el caso, cuestión que no conozco en detalle, sus palabras develan una de las causas centrales de las persistentes fallas del sistema de justicia y es que sus operadoras y operadores actúan desde ese cúmulo de estereotipos, que conforman nuestro sentido común --el más patriarcal de los sentidos--. Éste se expande en sus jerarquías, en sus mecánicas, en sus prácticas”. “Las declaraciones de la fiscal se basan en uno de los estereotipos más usuales sobre las mujeres en situación de violencia, que culpabilizan a sobrevivientes y víctimas: las presentan como desvalidas, pasivas y sin capacidad de reacción, que no se saben hacer respetar, que no saben decir que no. Nada de esto es real”, agregó.

Finalmente, propuso que “desde la justicia tenemos que trabajar fuertemente en desmantelar estas coagulaciones de sentido, de sentido común. Y esto no se logra sólo con capacitación --que obviamente es fundamental--, sino, desde lo micropolítico, poniendo en acto la sensibilidad“.

Chinetti apuntó que para erradicar las violencias de género, más que hablar de “perfiles” de personas que atraviesan situaciones de violencia, "debemos seguir trabajando para que la ESI llegue a todas las infancias y adolescencias, para construir entre todas, todos y todes nuevas masculinidades, para que las capacitaciones que establece la Ley Micaela sean efectivas y lleguen a todxs las, los y les agentes estatales, incluidos quienes trabajan en el sistema de justicia y para lograr que el sistema de justicia, no reproduzca las violencias a las que está obligado a investigar y sancionar".

Según una investigación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que adelantó Página/12 el sábado, algunos de los principales obstáculos para el acceso a la justicia son la demora excesiva en la respuesta de la justicia y el maltrato por parte de funcionaries judiciales.