La Cámara Federal de Casación Penal urgió a un tribunal de La Plata a comenzar antes de fin de año con un juicio en el que deberá sentarse en el banquillo Jaime Lamont Smart, quien fuera el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante los primeros años de la dictadura. Smart, que arrastra varias condenas a prisión perpetua pero ninguna firme, está en prisión domiciliaria y el 25 de mayo pasado fue el impulsor de una solicitada que reivindicó la persecución judicial contra los militantes de los años ‘70.

La Sala II, integrada por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, confirmó la prórroga de la prisión preventiva de Smart decretada el mes pasado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, pero les dijo a los jueces que deberán comenzar con el nuevo proceso antes de que se termine el semestre.

“El Estado tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de Derechos Humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. Esta obligación de combatir la impunidad se ve acentuada cuando se trata de violaciones cuyas víctimas son niños”, remarcó Slokar en su voto.

Smart deberá esta vez responder por un operativo que se realizó en una casa de Rafael Calzada el 22 de abril de 1978. Ese día, una patota de la comisaría de Berazategui irrumpió en la vivienda en la que residía Marcelina Juani junto con sus dos hijos –de nueve y catorce años– y dos sobrinos, Horacio Wenceslao Orué y Raúl Aguirre.

En el operativo, los policías bonaerenses asesinaron a Orué, que había escapado por los techos, y se llevaron al resto de la familia a la comisaría de Berazategui. A Marcelina le pidieron que designara una familia de confianza para entregarle a los chicos. A ella la mantuvieron varias semanas detenida. Cuando la liberaron, le dijeron que se había tratado de un error. A su otro sobrino, Aguirre, lo vieron muy torturado en la dependencia policial pero nunca más supieron de él.

Por estos hechos, el juez Juan Pablo Augé procesó a Smart, a Miguel Osvaldo Etchecolatz –ya fallecido–, a Juan Miguel “Nazi” Wolk y a un grupo de policías bonaerenses que fueron identificados por haber recibido una felicitación por el operativo que terminó con un muerto, un desaparecido y una madre con sus dos hijos secuestrados.

Smart acaba de ser condenado a prisión perpetua por otros operativos –ocurridos en 1977 y que tuvieron a tres niños entre sus víctimas–. Los hermanitos fueron llevados al Hogar Casa de Belén y sometidos durante casi siete años a todo tipo de abusos y violencias.

El 25 de mayo pasado, Smart fue uno de los promotores de una solicitada que reivindicaba la actuación de la Cámara Federal en lo Penal, creada durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse para perseguir a los militantes y que es recordada en los tribunales como el "Camarón". Una de las sorpresas es que ese texto que hablaba de los "terroristas" fue rubricado también por Eduardo Riggi, que hasta este año integró la Cámara Federal de Casación.