Trabajadores de la escuela secundaria Olga Arédez y el Instituto de Educación Superior Nº11, de Jujuy, que eran gestionados comunitariamente por la organización Tupac Amaru, denunciaron que el gobierno provincial no les paga los sueldos desde marzo pasado cuando ambos establecimientos fueron intervenidos por la administración de Gerardo Morales.

Según informaron desde la agrupación, el pago a los docentes y trabajadores administrativos depende de la aprobación de un expediente que aún no fue firmado por la ministra de Educación de Jujuy, Isolda Casilda. Para los trabajadores, la respuesta del interventor de las escuelas, José Luis “Pato” Estrada, fue poner “excusas burocráticas y administrativas”.  

“Nos quieren bajar del Estatuto Docente, nos quieren cortaron los cargos a fin de año. Están buscando la manera de pasarnos por contrato”, se quejó un docente en declaraciones a La García. “Hace seis meses que estamos sin cobrar las horas que damos. Esto se enmarca dentro de un embate tremendo hacia a la Tupac Amaru y en particular con nosotros los trabajadores”, opinó otro profesor. “La persecución es de todos los días. Hasta ahora yo no sé si tengo cargo ni horas y te obligan a cumplirlo porque si no cumplís este año, el año que viene no estás. Que cumplan con lo que prometieron”, pidió, por último, otra de las docentes.

A las escuelas primaria y terciara asisten más de 4.000 alumnos. “Los trabajadores han venido sosteniendo las clases en todos estos meses aún con la incertidumbre que viene desde el Ministerio de Educación”, dijeron los docentes que denunciaron que la falta de pago afecta a los 300 trabajadores. Además, denunciaron que el interventor no está nunca en su lugar de trabajo y que no recibió a los trabajadores que reclaman por los sueldos adeudados.

El Gobierno de Jujuy intervino las escuelas de la Tupac Amaru esgrimiendo un detalle técnico: dijeron que la organización tenía suspendida la personería jurídica, aunque la medida había sido apelada en la Justicia. Desde la Tupac presentaron un recurso en Educación para revocar el traspaso “en razón de los notorios e insubsanables vicios que tal decisorio exhibe, así como las violaciones a normas constitucionales, así como los graves perjuicios para la comunidad educativa” pero el gobierno de Morales respondió enviando policías a las escuelas para garantizar el acceso de sus supervisores.