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“¡Al fin, un poco de justicia!” agradecían les jóvenes amigues de las víctimas de la Masacre de San Miguel del Monte, este viernes al mediodía en las puertas del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de La Plata. Fue al conocer la sentencia que dictaminó prisión perpetua para quienes dispararon, y quince años para los choferes de los patrulleros con que fueron perseguidas las víctimas. Y mientras en las veredas hubo algarabía, abrazos y lágrimas, en la sala, Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone --una de las cuatro víctimas fatales de este crimen por abuso policial--, pudo decirles a los imputados, mirándolos a los ojos: "Yo no olvido, y no los perdono". Lo que desató un coro de cantos contra la fuerza por el crimen perpetrado, al que se suma el intento de encubrimiento por el cual se inició otro proceso judicial sobre diecinueve oficiales.
A pesar del dolor, "el acto reparador de la justicia" se hacía presente entre las familias de las víctimas y los vecinos montenses, como expresó a este diario la abogada Margarita Jarque, quien en representación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) asiste a las familias de Danilo Sansone y de Camila López, dos de las víctimas fatales de esta masacre. Hubo agradecimiento por la sentencia, dictada sobre los cuatro ex oficiales de la Bonaerense acusados en este "histórico juicio a la policía” --como señalaban los vecinos en las puertas del Tribunal-- por la muerte de cuatro jóvenes, y de las graves lesiones sufridas por la única sobreviviente de la violenta persecución policial ocurrida en esa localidad, en mayo de 2019, Rocío Quagliariello.
La sentencia
“Prisión perpetua” para el ex comisario Rubén García, y para el ex oficial Leonardo Ecilapé, considerados "coautores de homicidio agravado por la función” y por el “uso de armas de fuego”, dijo la jueza Carolina Crispiani, a cargo del proceso en este tribunal. Y agregó: “Quince años de cárcel”, para quienes patrullaban con ellos --Manuel Monreal y Mariano Ibáñez--, considerados “coautores” de tentativa de homicidio agravado por la función y empleo de armas de fuego".
Así se escuchó decir a la magistrada en la sala de audiencias del TOC 4 de La Plata, durante la lectura de la sentencia del juicio que tramita la causa Nº 6407: “Ecilapé, Leonardo Daniel y otros”, por la muerte de Aníbal Suárez --de 22 años--, quien manejaba su Fiat 147 alrededor de la laguna en compañía de Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Rocío Quagliariello. De ahí que a las cuatro muertes violentas se sume la imputación por lesiones a Rocío, la única sobreviviente de lo que se conoce como la “Masacre de Monte”, y quien luego de varias intervenciones quirúrgicas pudo sobrevivir y es la única víctima y testigo presencial del hecho.
La reacción de la comunidad
Recostada sobre la Laguna de Monte, la ciudad vive hoy su réquiem por lo sucedido en la medianoche del 19 al 20 de mayo de 2019. En ese momento, la persecución de dos patrulleros hostigó con violencia y disparos de armas de fuego al coche que conducía Aníbal Suárez. “Las familias están bien, estamos conformes con la sentencia" explicó a Página/12 la abogada montense Dora Bernárdez, quien representa a las familias de Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez, luego de la lectura del voto de la jueza. “De nuestra parte estamos muy conformes con la sentencia, y la esperábamos, aunque habíamos pedido reclusión perpetua, porque la diferencia con la prisión perpetua es hoy una discusión jurisprudencial y está bastante zanjada en la Argentina”, puntualizó.
“Nosotros pedimos el máximo, pedimos la reclusión --para quienes dispararon--, y 20 años --para los choferes--, porque yo represento a las familias, pero siempre les expliqué que esperábamos que la justicia fijara la pena máxima que se pedía según los agravantes y atenuantes, y estamos conformes porque eso es lo que ha sucedido”, razona Bernárdez. Y añade: “La jueza aplicó todos los agravantes que ha podido, y con la pena que fijó entiendo que ha merituado todos los agravantes”.
"En términos generales es una sentencia muy satisfactoria para las familias --coincide Jarque--, así lo entendieron las familias. Esperamos que esto les traiga alivio, y tenemos en cuenta que aún está pendiente el segundo juicio por las acciones de encubrimiento, que es muy importante". Bernárdez reconoce que “cuando comenzamos” había cierta reticencia por el devenir del juicio, y esto se potencia cuando “ellos --los imputados-- eligen un juicio por jurados”. Y explica: “Necesitábamos de la unanimidad del jurado para conseguir la pena máxima, eso daba cierta incertidumbre, pero estábamos confiados por toda la prueba que había, y porque sabíamos que íbamos a poder reconstruirlo todo”, sostiene. Se refiere no solo al crimen, también al encubrimiento. “Eso se pudo lograr jornada tras jornada en las audiencias”, se explaya.
Sobre el juicio por jurados, Jarque explica que "le da un marco de legitimidad al proceso, precisamente porque fue un jurado popular el que validó las pruebas, y casi por unanimidad, concluye en las culpabilidades. Le da un valor extra que haya sido un jurado popular que responde a la prueba presentada" precisa la abogada de la CPM. En cuanto al resultado final, y por la reacción de los vecinos al conocerse el crimen, Bernárdez señala que “surgió de inmediato la confianza porque el pueblo colaboró y espontáneamente los vecinos se presentaban a declarar, y la fiscalía pudo trabajar con toda la prueba”.
En Monte, un pueblo con menos de 25.000 habitantes, "no hubo lugar para la impunidad respecto a lo que se quería tapar”, señala Bernárdez. Y en relación al accionar policial, a partir de este hecho y del juicio que hoy concluye, hay un dato que la abogada rescata y es que en ese momento “surge un gran número de denuncias que uno como ciudadano móntense conoce: mensajes que llegaban a los papás con pedidos de coima, de armado de causas con temas de drogas” puntualiza. “En los pueblos donde la presencia del Ooder Ejecutivo no es muy fuerte, el policía se cree dueño y señor del lugar, y acá creían que todo les estaba permitido”, lamenta.
A partir de este caso “se dio una depuración en la fuerza, sacaron a diecinueve policías de la seccional Monte, y eso impone avanzar para que no pasen a otra seccional y limpien los sumarios que se les abrió por este caso. Como sociedad esta es una cuestión pendiente y la vamos a sostener como sostuvimos cuatro años este proceso judicial”.
Las audiencias históricas
El 17 de mayo, luego de 8 audiencias en el juicio por un jurado popular integrado por doce miembros, dispuesto en el TOC 4 de la Plata, los entonces cuatro agentes de la policía bonaerense fueron encontrados culpables. Fueron exonerados de la fuerza. Y puestos a disposición de la justicia esperaron hasta este mediodía para escuchar la sentencia. Cuando la jueza dijo “Los imputados, de pie”, ya sabían estos cuatro ex oficiales bonaerenses que el abuso de autoridad en el ejercicio de la función pública, el violento hostigamiento con que presionaron a los jóvenes sin que mediara razón para ello, y la persecución posterior incluyendo el uso de sus armas de fuego --reglamentarias--, eran motivos más que suficientes para que la sentencia siguiera el pedido de la fiscalía y las querellas.
