desde Esquel
Hay una médica sentada en el banquillo pero no es a ella sola a quien se está juzgando. Ella sabe todo lo que en este juicio está en juego. Es personal y es político. Se la acusa por haber asistido a una joven que reclamó un aborto no punible, que dijo que si no la ayudaban lo iba a hacer de todos modos, de cualquier manera. Frente a ese riesgo, la médica actuó. Escuchó e informó. Escuchó y mantuvo el secreto profesional, la confidencialidad, la privacidad, la accesibilidad, la gratuidad. La joven murió nueve días, no hay ninguna causa ginecológica en este hecho trágico, nada que pueda hilar su deceso con la práctica. Las razones de su muerte se desconocen y no están siendo investigadas; sin embargo, en la partida de defunción se anotó “aborto seguido de muerte”. ¿Interesa la verdad o interesa responder vía el camino más fácil al reclamo de justicia de una familia que tiene derecho a saber qué pasó?
Tres presentaciones como amicus curiae sostienen a la médica en su defensa: una conjunta de Amnistía y el Cels junto a tres ong feministas, otra de la Comisión Nacional de Residentes de Federación Argentina de Medicina General y la última de la Red Nacional de Profesionales. A la querella la apoyan dos grupos “pro-vida”: Más Vida y Nutrir.
Mientras escribo esta joven profesional declara ante José Oscar Colabelli, el juez que en 2012 negó el acceso a un aborto no punible a una niña de 12 años. En su momento fue recusado por eso pero él dijo que fue antes del fallo FAL, cuando la Corte Suprema de la Nación recomendó la confección de protocolos para la atención de abortos no punibles. Chubut, donde se desarrolla el juicio, suscribió ese fallo.
Su declaración es exhaustiva, describe desde la relación de confianza que entabló con la joven hasta la disección minuciosa de los informes periciales que presentó la acusación: se habló de error en el medicamento anticoagulante cuando no se habla de anticoagulantes en la historia clínica, se habló de aborto quirúrgico cuando sólo se usó misoprostol.
El fiscal, el querellante y la defensa, por esas cosas del fuero penal y por lo que reconocemos como división sexual del trabajo, son otros tres varones. Hablan, escriben, preguntan –cada uno desde su lugar- sobre dos mujeres: una joven que solicitó su derecho a un aborto y una médica que lo garantizó.
Por causas inexplicables y que aún restan investigarse seriamente, la joven falleció en el Hospital de Esquel una semana después. La autopsia realizada por peritos forenses fue ratificada en las audiencias: no hay indicios que permitan ligar la muerte con la realización del aborto. Es llamativo que falten estudios cruciales que permitirían acercarse con rigor científico a las causas del fallecimiento. Nadie explicó aún por qué no existen. No obstante, el ministerio público fiscal la imputa por el delito de: “aborto practicado por un médico abusando de su ciencia o arte, con el consentimiento de la mujer, seguido de muerte” (Art. 45 y 86 1er párrafo, en función del artículo 85, inc. 2 del Código Penal).
El Ministerio de Salud de la provincia de Chubut y el programa de salud sexual y reproductiva poco y nada han dicho al respecto. Inexplicable ese silencio público si consideramos que Chubut tiene una larga historia en la efectivización de interrupciones legales de embarazos, incluyendo provisión de medicamentos y capacitación para eso. Inexplicable si atendemos que es justamente una situación ocurrida en 2010 en esta geografía sureña la que da lugar al conocido fallo FAL.
La fiscalía se ensaña en negar la legalidad en la solicitud de la joven, no parecen importarle los alcances de las definiciones de salud, extensamente explicadas por diferentes testigas y testigos en la causa. Tampoco le interesan las pruebas y estudios que no se hicieron. ¿Para qué? Hubo un aborto, hubo una muerta. Cierra la ecuación de sentido común. Simple e irresponsable, le cierra. Acusa.
El dolor de la familia por la pérdida irreparable de una hija, que no sabía ni del embarazo, ni del aborto, más las miserias de quienes buscan en la historia el caso testigo para negar derechos se amalgaman para levantar las premisas del terror en la figura de la querella: el aborto sólo traería muerte; el aborto siempre sería inseguro; el aborto siempre sería ilegal en Argentina; la médica debe pagar porque cometió una ilegalidad y habría provocado la muerte de la joven.
La médica sabe que acá se juegan también derechos colectivos. De la comunidad médica y de las mujeres y personas con capacidad de gestar que soliciten interrupciones legales del embarazo. Sabe que venimos denodadamente, desde numerosos movimientos y organizaciones, desde hace décadas, instalando otra manera de significar las prácticas de aborto en ámbitos de salud. Sabe que estamos en tiempos de prácticas fundantes en la efectivización de derechos. Sabe, en definitiva, que no es ella la única juzgada, aunque sobre su persona se cierna una injusticia singular. Sabe que el resultado de este injusto juicio tendrá efectos políticos.
Por eso arma su cuerpo delgado y vigoroso y lo pone frente al estrado. Con lucidez investigó la dinámica del proceso penal como si cursara a contrarreloj la carrera de abogacía. Buscó asesora técnica, testigas y testigos. Con entereza admirable interrogó mostrando sus saberes profesionales y sus convicciones del derecho que la asiste a realizar interrupciones legales del embarazo cuando alguien lo solicita. Se rodeó de afectos familiares y de redes de activismo que reclamamos la absolución, al igual que la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, de la cual egresó.
“Ganarse” un juicio por garantizar derechos, resulta cuanto menos un insulto a la vida democrática y una amenaza para todas. En este juicio, para que haya Justicia, tiene que haber absolución.
