Fue niña madre y 8 años después el Estado la separó de sus hijas

C. tiene 22 años y es sobreviviente de múltiples y continuadas violencias machistas y también institucionales. Fue madre luego de sufrir violaciones de su padrastro a los 13 años. A los 16, se puso en pareja con un hombre adulto con el que tuvo dos niñas, y que la violentaba. La joven dijo que este sujeto le hizo una falsa denuncia por la que sus tres hijas fueron institucionalizadas y el martes último se enteró que dos de ellas fueron dadas en adopción.

Al anoticiarse por redes sociales que había un reclamo de vecinos por maltrato a las infancias en el Hogar Casita Feliz, donde sabía que se encontraban sus dos hijas más pequeñas de 4 y 6 años, la joven fue a ver qué pasaba. Pero al llegar se desmayó en la vereda cuando se enteró "por un chico" que sus hijas habían sido dadas en adopción.

Al consultarle por su historia, una de las primeras expresiones de C. fue “pasé una vida infeliz”. Relató a Salta/12 una infancia atravesada por vulnerabilidades y violencias frente a las que ha logrado sobrevivir, e incluso denunciar, pero pese a eso, no encontró cobijo ni contención necesaria, ni en su entorno ni en el Estado.

C. ingresó a un dispositivo estatal a los 4 años, no recuerda lo que había pasado esa vez con ella y su entorno familiar para que fuera institucionalizada. Cuando salió de allí, alrededor de los 11 años, fue a vivir con su madre que estaba en pareja con un hombre.

“A los 13 fui violada por mi padrastro”, relató C. Contó que este hombre reiteraba esas violencias contra ella y su hermana melliza todas las noches, hasta que una vez, con mucha valentía, logró escapar. "Me escapé desnuda por el techo de la casa. Me estaba violando. Todas las noches era lo mismo. Salí corriendo hasta la policía de la (Comisaría) 10°", expresó.

El padrastro fue detenido, pero en la revisión médica legal practicada a C. se detectó que estaba embarazada. En aquel momento en el país ya había la posibilidad de la interrupción legal del embarazo por causal de violación aunque no siempre las víctimas accedían a ese derecho. “Yo nunca quise abortar”, aseguró al recordar aquel momento, dijo que le informaron de la ILE en el Hospital Materno Infantil y cuando le hicieron la revisión médica legal.

C. continuó la gestación en un dispositivo de niñez al que fue trasladada, ahí se quedó hasta que nació su hija. Después fue externalizada junto a la beba, fueron a vivir con un tío, hermano de su madre, donde tuvo una convivencia "buena", aunque se sentía "una arrimada". Estuvo allí alrededor de un año y luego volvió a vivir con su madre. Su padrastro ya no estaba en esa casa, seguía detenido y fue condenado a 9 años de prisión efectiva, que está pronto a cumplir.

La joven dijo que nunca tuvo la contención ni el apoyo que una niña madre necesitaba para superar el infierno del abuso vivido y afrontar la crianza de su beba.

Tiempo después, cuando tenía 16 años, C. conoció a un hombre adulto que la doblaba en edad, con quien entabló una relación de pareja y se fue a vivir con él. "Yo quería desaparecer de mi familia" y vio en ese sujeto la forma de salir de allí, aunque él también la sometería a otras violencias. Al retirarse de la casa materna, relató que la madre se negó a entregarle su hija y luego le impidió verla.

C. tuvo otras dos hijas con su pareja, cuando nació la más pequeñita, él empezó a ejercer violencia contra ella y también maltrataba a las niñas. "Empezaron las discusiones, me empezó a golpear, a maltratar". En ese contexto, en 2022 este hombre la denunció en la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia asegurando que ella maltrataba a las nenas, que se "drogaba" y "tomaba pastillas", acusaciones que la mujer negó.

Ante esa denuncia de su ex, en el marco de la violencia de género, intervino la Secretaría. C. contó que desde esa institución, el 27 de febrero de 2022 a las 11.55 de la mañana le quitaron a las dos hijas pequeñas que convivían con ella y las institucionalizaron en el Hogar Casita Feliz. Lo mismo pasó con la niña de 8 años que estaba siendo criada por la abuela materna, a quien llevaron al dispositivo "Casita de Luz", del barrio Castañares, separada de sus hermanitas. "De ahí no sé más nada de ellas, no las veo, no tenía visitas", relató su mamá.

La jueza Claudia Güemes tomó intervención en la causa. C. dijo que le prohibió visitar a sus hijas y respecto a la niña de 8 años, le impedía acercarse a 400 metros.

"La jueza me decía que no abra las piernas, que me tenía que coser abajo para no traer más hijos a sufrir", contó C. entre lágrimas, al recordar la crueldad de esas palabras dirigidas a una víctima de violación, entre otras múltiples y consecutivas violencias de género.

Cuando la apartaron de sus niñas, C. pudo denunciar a su entonces pareja, por violencia de género. "Cuando fui a la Secretaría de Niñez, me mandaron al Polo de la Mujer", relató. Desde allí la trasladaron a un refugio para víctimas, donde permaneció de marzo a junio de 2022, lapso en el que se le dificultó seguir la causa judicial de sus hijas.

Mientras las nenas fueron institucionalizadas y C. fue a parar a un refugio, el hombre que la violentaba no recibió ninguna sanción estatal. "Nunca fue detenido", refirió la joven. Además, contó que su expareja la sigue hostigando y pretende forzarla a regresar con él, pese a que ya le ha expresado reiteradas veces que no quiere retomar ese vínculo.

Recordó que desde la Secretaría de Niñez le decían "que no tenía buenas condiciones" para criar a las niñas porque alquilaba de un lugar a otro, aunque ella se mudaba seguido porque en los alquileres "no aceptan chicos" y en los inquilinatos donde conseguía, hubo ocasiones en que se molestaron por las nenas.

"Nunca les faltó un plato de comida conmigo", destacó, también contó que es trabajadora de la economía popular y se rebusca con la venta de ropa usada en ferias.

Además, relató que desde 2022 la asiste la psicóloga Paula Peralta. "Ella está hasta el día de hoy conmigo, ayudándome. Ella fue a una audiencia, con un abogado de ahí. La jueza hablaba mal, me quería hacer callar. (...) Ella me defendió", contó. También dijo que fue a un psicólogo del Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, quien hizo informes que se presentaron en el expediente judicial.

C. consideró que la "licenciada Karen González", trabajadora social, y "Camila Carrizo", psicóloga, ambas de la Secretaría de Niñez, no abordaron bien el caso. También dijo que intervino otra licenciada, Eugenia Caínzo.

El 6 de junio en la mañana, luego de ver por redes sociales que había vecinxs denunciando maltrato a las infancias en el Hogar Casita Feliz, donde creía que seguían sus dos hijas más pequeñas, se dirigió al lugar. "Fui cuando me enteré por mensajes y por facebook que la licenciada Eugenia Caínzo, maltrató a los chicos", relató. Pero al llegar un chico del dispositivo le avisó que sus hijas no se encontraban allí y que ya habían sido adoptadas. Entonces se desmayó. "Me querían hacer detener", contó.

C. dijo que no fue informada de que sus hijas habían sido puestas en adopción, y desconoce qué pasó con su hija de 8 años.

Explicaciones oficiales

Consultada por Salta/12, la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi, dijo respecto al caso de C. y sus hijas que hubo un control de legalidad de parte de la jueza sobre el proceso y además "las partes fueron notificadas en tiempo y forma". “Hubo un abordaje, informe socio ambiental, distintas alternativas para que las niñas vuelvan a su grupo familiar pero no se pudo revertir la situación”, refirió.

Desde la Asesoría General de Incapaces informaron a Salta/12 que intervino la asesora Nº 4, Noelia Pérez, quien confirmó que "efectivamente, las niñas fueron dadas en guarda con fines de adopción". La funcionaria también dio a conocer "que se cumplieron con todos los requisitos legales", que antes de que "se declare el estado de adoptabilidad de las niñas se intentó la revinculación y se cumplieron con todas las medidas legales, y sobre todo, se escuchó a las niñas".

Por otro lado, ante el requerimiento de información de Salta/12, el Poder Judicial comunicó que C. "fue notificada de la declaración de adoptabilidad en noviembre del año pasado. Tenía defensora oficial. La situación de adoptabilidad fue apelada y confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en febrero de este año. Estuvo representada en el juicio de adoptabilidad por la Defensora Oficial Civil 9".

El Poder Judicial también sostuvo que "se citan entre los argumentos la existencia de violencia física de la madre contra sus hijas. La de 8 años ingresó al sistema en 2020 mientras que las de 4 y 6, en 2021". Sobre la falta de coincidencia en las fechas en que la madre refirió que sus hijas fueron institucionalizadas, C. dijo que las referidas desde el Poder Judicial no son las correctas y ratificó que las apartaron de ella el 27 de febrero de 2022. Además, desde el Poder Judicial, se explicó que a la madre ya no se le notifica cuando las niñas son adoptadas.

Maltrato estatal a infancias

En cuanto a la situación en el Hogar Casita Feliz, esta semana una vecina denunció que el 5 de junio, a las 2 de la madrugada, escuchó llantos de niñxs y que una persona adulta gritaba "callate", por lo que fue al Hogar a pedir explicaciones pero nadie la atendió. Después pudo hablar con tres niños, quienes le dijeron que "la seño Eugenia le había tirado el pelo a J. (una niña)" y "la había tirado al piso". La vecina también dijo que había niños descalzos en la terraza, lo que consideró que era peligroso. Esa misma versión fue ratificada por lxs chicxs a través de la ventana el lunes en la noche al canal Todo Salta Noticias. 

La secretaria de Primera Infancia atribuyó esa situación a "una crisis" de lxs niñxs como consecuencia de un maltrato institucional previo. Dijo que ante la última denuncia intervino el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien ordenó una revisión médica a 10 niñxs que allí residen y no encontraron golpes.

Sin embargo, la denunciante dijo a Salta/12 que la presidenta del Centro Vecinal informó que el martes estuvo esperando al médico legal hasta el mediodía pero no llegó, e indicó que un policía dijo que el profesional tenía que ir. Asimismo, respecto a la nena J. indicó que se enteró que la habrían trasladado y que tiene otra hermana pequeña en el Hogar. También refirió que otro chico contó que J. pedía por una hermana mayor que vive en Buenos Aires para que viniera a buscarlas. 

"Mi hermano tenía los brazos cortados"

Otra denuncia fue radicada ante la Asesoría de Incapaces Nº 2 por la hermana de un niño de 11 años que fue institucionalizado en el Hogar Casita Feliz. 

J. dijo a Salta/12 que luego de ver por facebook las denuncias de maltrato en el Hogar fue al lugar y vio que su hermano estaba en la terraza. A través de una ventana con rejilla pudo hablar con él: "Me empezó a contar que tenía cortados los brazos, y que no quería comer (...) Él estaba con camperón y no se lo quiso sacar", afirmó la joven. El niño también le dijo que no quería estar más allí. La joven denunció esa situación y también que solo pudo visitarlo una vez. 

La joven está tramitando hacerse cargo de su hermanito, y desde la Secretaría de Niñez le informaron que la van a evaluar en un plazo de 90 días. Anoche fue de nuevo hasta "Casita Feliz", porque un vecino comentó que su hermano habría sido trasladado. A pesar de que una asistente social le dijo que el niño seguía en el Hogar, una nena le dijo por la rejilla que su hermano no estaba. Luego le dijo que llegaría a las 22, por lo que se quedó esperándolo hasta que el nene llegó en un remis, pero no le permitieron hablar con ella. La joven consideró que este dispositivo "es como una cárcel".  

J. contó que su madre tiene problemas de adicciones y por eso lxs hermanxs veían por el niño. "Nunca fue maltratado", sostuvo. Relató que su hermanito convivía con ella y con sus hermanas adultas pero fue institucionalizado porque en la escuela hicieron una denuncia afirmando que el niño estaba en "situación de calle".