A última hora de ayer un grupo de delegados y delegadas provinciales del colectivo docente autoconvocado, finalizó un encuentro con el vicegobernador Antonio Marocco. La reunión se desarrolló en la presidencia de la Cámara de Diputados. También participaron el presidente de esa Cámara, Esteban Amat Lacroix; los secretarios legislativos de ambas cámaras, y los delegados y delegadas del colectivo docente aotuconvocado de Salta capital, Los Andes, Rivadavia, Orán, Iruya, San Martín, La Caldera y General Güemes.
Según el acta del encuentro, publicada en las redes sociales de la Asamblea Docente, se acordó abordar la complejidad de las demandas del colectivo docente en una mesa de trabajo que comenzará a deliberar el 26 de junio con la presencia de todos los delegados departamentales. En forma permanente, y con modalidad de mesa política y mesa técnica, en esa instancia de negociación se trabajará en la asistencia jurídica y pronunciamiento de los legisladores sobre las causas penales contra los 19 docentes detenidos el 25 de mayo; la problemática educativa desde sus distintos aspectos y contextos, así como se debatirán y resolverán los distintos códigos de la grilla salarial; , y se revisarán las titularizaciones del nivel secundario.
Por otro lado, se ratificó que se anularán los descuentos por días no trabajado a las y los educadores que participaron del paro. Otra medida acordada fue la devolución de contenidos perdidos durante las semanas de la protesta. Asimismo, los legisladores presentes en la reunión, también estuvieron el senador por Iruya, Walter Cruz, y los presidentes de las comisiones de Educación de las dos cámaras, el senador Carlos Rosso y el diputado Germán Rallé, acordaron que presentarán proyectos de declaración para peticionar al gobierno nacional la inclusión en áreas de frontera de los niveles secundario y terciario de la provincia.
Se levantó el corte en San Antonio de Los Cobres
Después de horas de deliberación entre los distintos sectores que confluyeron en el bloqueo total de la ruta nacional 51 en el acceso a San Antonio de Los Cobres, se liberó la circulación alrededor de las 22 de anoche. El conflicto se destrabó parcialmente y las y los trabajadores estatales quedaron en alerta y movilización.
Hasta el cierre de esta edición era incierta la situación del corte en Campo Quijano, lugar del segundo corte en la ruta nacional 51, sobre el límite entre la Quebrada del Toro y el Valle de Lerma. Medios de San Antonio de Los Cobres informaron que el corte en la localidad vallista era intermitente, y que se liberada la circulación cada dos horas. La Policía de Salta no contaba con información oficial sobre la circulación en la ruta nacional y la última actualización de Vialidad Nacional sobre el estado de rutas nacionales informaba que la circulación estaba habilitada en Campo Quijano.
La novedad del veto parcial del gobernador de Salta a la ley Antipiquetes sancionada el primer día de junio en el Senado, provocó incertidumbre ayer en el corte de San Antonio de Los Cobres. Comunidades originarias y camioneros que sumaron sus reclamos a las demandas de trabajadoras y trabajadores autoconvocados, comenzaron a analizar los pormenores de la decisión del Poder Ejecutivo salteño en una asamblea sobre la ruta nacional 51 a la altura del acceso a la localidad puneña.
Sobre las 19 horas, las comunidades originarias con trabajadores públicos autoconvocados decidieron continuar con el bloqueo y crearon un cordón humano para impedir el avance de los camiones varados por tres días. Para ese momento, camioneros era el sector más beneficiado, porque había logrado las mejoras que solicitaron al gobierno provincial.
El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, que viajó hasta San Antonio de los Cobres ayer en la mañana, brindó precisiones a Salta/12 sobre la reunión que mantuvo con ese sector de los manifestantes muy cerca del lugar del corte y por qué llegaron a un acuerdo que firmaron las partes por las mejora en dos rutas nacionales en la Puna. El funcionario provincial viajó ayer con su par del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, y la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia. El martes viajará el ministro de Salud, Federico Mangione.
“Este es un conflicto con tres patas: originarios, transporte y el conflicto docente”, explicó el ministro de Infraestructura. “La provincia no tenía responsabilidad de intervenir. El reclamo de los transportistas no tenía que ver con rutas provinciales, como la 27 o la 129”, añadió respecto de las demandas de los camioneros sobre el mal estado de la ruta nacional 51. Camacho dijo que a pesar de que no es obligación de la Provincia, “por orden del gobernador la provincia se hará cargo del tramo San Antonio de Los Cobres hasta Olacapato. Será hasta que lleguen los equipos contratados por Vialidad Nacional para el mantenimiento”, adelantó. “La verdad que el tramo estaba en mal estado”, admitió finalmente el ministro. Según detalló, en “en los 47 kilómetros más complicados" colocarán dos equipos viales. Un tercer equipo trabajará en la ex ruta nacional 40 (hoy 1B40) entre San Antonio de Los Cobres y el límite con Jujuy a la altura de Susques”.
En redes sociales, el ministro Martín de los Ríos aseguró que viajaron a San Antonio de los Cobres "con absoluta voluntad de diálogo”. “Seguimos escuchando las demandas de nuestros ciudadanos”. “Hay cosas que podemos solucionar en el corto plazo, otras tomarán un poco más de tiempo”. “Este gobierno ha escuchado y resuelto muchas de las demandas que el sector docente ha planteado, haciendo un esfuerzo enorme”, sostuvo.
Un par de horas después del encuentro entre Camacho y los camioneros, emisoras de radio que transmitían en vivo desde el lugar mostraban en detalle la decisión final que tomó la asamblea reunida en la ruta. “En Tartagal, cuando cerramos un corte de ruta, cantamos el himno nacional”, dijo una docente que estaba en San Antonio apoyando la protesta social que se inició el 4 de mayo por el reclamo salarial del colectivo docente.
Después de entonar las estrofas del himno y de cantar al unísono “El pueblo, unido, jamás será vencido”, se declararon en alerta y movilización. Luego abrieron el bloqueo, después de tres días. “Nosotros esperamos al ministro de Salud (Federico Mangione) el martes. Allí resolveremos nuestros problemas. Les pido a todos y todas que acerquen las solicitudes para hacerlas llegar al funcionario”, les dijo a los presentes una enfermera de San Antonio, envuelta en una colcha debido a las bajas temperaturas del momento.
El futuro del veto parcial a la ley antipiquete
“La ley tendría que haber sido vetada en su totalidad por ser inconstitucional”, dijo a SaltaI12 el senador Walter Wayar,. “Me parece que es una ley sin sentido”, continuó. “Los argumentos del ministro (de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, ayer en conferencia de prensa) fueron los que expresé yo junto a otros senadores”, recordó el legislador por Cachi. “En el contexto socio económico actual, no cabía ni su tratamiento. Lo único que generó ese proyecto fue profundizar el conflicto y no permitir que se acerquen las partes para alcanzar acuerdos”, opinó.
El artículo 11 de la ley 8673, de "convivencia social", vetada parcialmente ayer mediante el decreto 360/23, dejó abierta la puerta a nuevos debates. Wayar recordó que en su mensaje, el titular del Ministerio de Seguridad y Justicia aseguró que no se cambiaba ningún aspecto del Código Contravencional de la provincia, cuando en realidad el artículo 11 de la esta ley, que no fue anulado por el decreto 360/23, "es inconstitucional y seguirá generando conflicto”, sostuvo.
Puntualmente, el artículo 11 de la ley antipiquete modifica el artículo 77 del Código Contravencional de Salta. Se trata del título V sobre “contravenciones contra la tranquilidad y el orden público”. Ese punto detalla cuando un ciudadano será “sancionado con arresto de hasta veinte días o multa de hasta veinte días”. A partir de ayer, sumó como posibilidad que cuando se “impida, altere u obstaculice la circulación de personas y vehículos por la vía pública o espacios públicos”, también se considere como situación punible cuando se “facilite o proporcione, de manera onerosa o gratuita, los medios necesarios para la comisión de dichas conductas”, con lo cual se abre un amplio abanico de posibilidades de judicialización.
