¿Qué tienen en común empresas como Fiat, Volkswagen, Petrobras o Folha de Sao Paulo en Brasil? Una investigación realizada por la Universidad Federal de Sao Paulo, a través del Centro de Antropología y Arqueología Forense (CAAF/Unifesp), advierte que esas y otras seis empresas tuvieron una "íntima relación" con la dictadura (1964-1985). El informe de más de 300 páginas fue presentado en el "IV Encuentro Internacional de la Red de Procesos Represivos, Empresas, Trabajadores y Sindicatos de América latina" realizado entre el cinco y el siete de junio en la universidad paulista.

"Los intereses de enriquecimiento y beneficios ilícitos de las empresas fueron una cara de la moneda cuya segunda parte fue la represión y el ataque sistemático a las organizaciones obreras y sus luchas", asegura en diálogo con Página/12 Edson Teles, coordinador de la investigación del CAAF. Docente de filosofía en la Universidad Federal de Sao Paulo, Teles destaca que la violación de derechos no es solo cosa del pasado: "Todas las formas de tipificación de las violaciones del período de la dictadura son observables en la actualidad. Así, mirar al pasado puede permitir una inversión en los actos de justicia del presente".

Relación orgánica con el régimen

Del informe, que tomó para el análisis a diez empresas públicas y privadas, se desprende que las fábricas en el polo urbano actuaron bajo el mando de agentes estatales, con acciones represivas contra los trabajadores en consonancia con las actividades ilegales en centros penitenciarios y de tortura. En la investigación sobre la Compañía Siderúrgica Nacional, la mayor productora de acero totalmente integrada de Brasil y una de las mayores de América latina, se demostró que varios trabajadores que organizaron huelgas contra el golpe fueron despedidos, y decenas fueron detenidos en los meses subsiguientes.

En el caso del gigante Fiat, el informe sostiene que la empresa "mantuvo una relación orgánica con el régimen". Hay reportes sobre la existencia de un espacio, denominado "sala del cuerpo de bomberos", en el que los trabajadores estaban obligados a hablar bajo amenazas y ataques directos. Además el obrero Guido Leão Santos murió atropellado cuando huía de la represión policial a instancias de la empresa.

En las zonas rurales, la invasión de territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas se llevó a cabo con el apoyo de las fuerzas militares o con la complicidad de grupos paramilitares. Es el caso de la empresa Aracruz, actualmente la planta de celulosa más grande del mundo, su negocio se amplió con incentivos del gobierno, afectando así a los territorios ocupados por comunidades indígenas y 'quilombolas' (afrodescendientes que huyeron de la esclavitud). "Luego de las invasiones, el Estado intentó legalizar la propiedad de la tierra por parte de las empresas. Además de los procesos represivos se crearon sucesivas leyes, decretos y empréstitos en beneficio de las compañías", remarca Teles.

En relación al diario Folha de Sao Paulo, el informe reconstruyó la forma en que la empresa periodística mantenía agentes militares y policiales entre sus empleados. Después del Acto Institucional Nº 5 redactado en 1968, que daba poderes extraordinarios al presidente y suspendía varias garantías constitucionales, Folha adoptó un apoyo editorial explícito al régimen. Los investigadores del CAAF confirmaron, a partir de entrevistas con fuentes implicadas, que la empresa llegó a ceder sus vehículos usados en el reparto de diarios para realizar acciones de la Operación Bandeirantes, un centro de información que coordinaba las acciones militares contra las organizaciones guerrilleras.

Otro caso testigo es el de Petrobras, una de las mayores empresas estatales de Brasil. Un gran número de trabajadores fueron detenidos durante la dictadura, y algunos arrestos tuvieron lugar en dependencias de la empresa. Las detenciones a menudo no eran comunicadas a las familias de los trabajadores, y los detenidos eran sometidos a torturas. Varios empleados fueron despedidos y sus nombres incluidos en listas negras. El informe también destaca la persecución contra los abogados que representaban a empleados o exempleados en juicios contra la petrolera.

De acuerdo a la investigación coordinada por el CAAF, América latina fue protagonista a nivel mundial en dar visibilidad al tema de la responsabilidad empresarial por violaciones de derechos humanos durante los regímenes autoritarios, y en la promoción del concepto de complicidad empresarial. Los autores observan que los procesos tendientes a la rendición de cuentas de los actores económicos comúnmente se dan a nivel local, sin que exista presión o mayor interés al respecto por parte de organismos internacionales de derechos humanos.

La justicia que no llega

El caso de la fabricante de autos Volkswagen marcó el inicio del abordaje de la responsabilidad corporativa en el proceso de justicia brasileña. El Ministerio Público Federal instruyó una investigación civil contra Volkswagen que funcionó durante cinco años y condujo a la producción y recolección de evidencias de la colaboración activa de la empresa con la dictadura, de la vigilancia de los trabajadores y el traslado de información a los órganos represivos.

En junio de 2022 el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional alemana, denunció que "los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones". A través de la celebración de un TAC, Término de Ajuste de Conducta, Volkswagen pactó un serie de compromisos tales como publicar en los diarios una declaración sobre el tema, donar 16,8 millones de reales a la Asociación de Trabajadores de Volkswagen, y donar 10,5 millones de reales a proyectos para la promoción de la memoria y la verdad y entidades habilitadas para la realización de investigaciones sobre la complicidad civil-empresarial con el golpe.

Por el momento Volkswagen es la única empresa que tuvo que responder ante la justicia por sus vínculos con la dictadura. "Un impedimento importante para los actos de justicia penal de los responsables de tales violaciones es la interpretación de que la Ley de Amnistía de 1979 indulta a los agentes estatales que cometieron graves violaciones de derechos humanos. Esta interpretación fue confirmada por la Corte Suprema de Brasil en 2010", remarca Teles.

En 2014 una Comisión de la Verdad creada por la presidenta Dilma Rousseff denunció al principal grupo empresarial del país, la Federación de Industrias de San Pablo, de haber colaborado con el golpe de Estado mediante un acuerdo clandestino de fabricación de armamento para la represión interna. Esa comisión cumplió un rol importante a la hora de investigar la complicidad civil-empresarial, pero "todas las comisiones y grupos de trabajo sobre el período de la dictadura fueron desactivados, ya sea por su extinción o por vaciamiento de sus funciones" durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023), según Teles.

El retorno de Luiz Inácio Lula da Silva al poder trajo consigo una esperanza en la reapertura de las demandas de los movimientos de derechos humanos. "Sin embargo, sabemos que la coalición que lo eligió es conservadora y que los cambios solo se produjeron tras la movilización de la opinión pública y los movimientos populares. De todas maneras, al menos hay un diálogo y un entendimiento sobre las violaciones que ocurrieron durante la dictadura", sostiene Teles, profesor universitario y sobreviviente de los años de plomo.