El juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, pospuso el inicio del juicio contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de esa municipalidad, Carmen Méndez, ambos con imputaciones por delitos contra la administración pública. La apertura del debate se estableció para el viernes 16 de junio, a las 13.

El Poder Judicial explicó que el 8 de junio Cornejo y Méndez realizaron de manera individual y sucesiva, presentaciones designando nuevos abogados defensores y revocando las designaciones anteriores.

El inicio del juicio estaba previsto para el 12 de junio. Sin embargo, se pospuso ante un pedido del nuevo defensor de Cornejo, Fernando Teseyra, quien solicitó autorización para la extracción de copias de las actuaciones y pidió tiempo para estudiarlas. 

La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio informó que fue notificada de la suspensión del juicio este viernes 9. Mediante la página del Ministerio Público Fiscal se recalcó que el acusado informó el 8 de junio de 2023 que revocaba las designaciones anteriores y nombraba a su nuevo abogado defensor.

Por otro lado, el juez Pereyra rechazó el pedido de Teseyra para que se integrara el tribunal como órgano colegiado. El magistrado señaló que el juzgamiento no será por delitos con pena "que exceda de seis años" y "no fue advertida gravedad o complejidad extraordinarias tras la integración unipersonal".

Asimismo, el juez consideró que si bien la posibilidad de solicitar la integración de un tribunal colegiado es una herramienta legítima, debe hacerse en los plazos correspondientes. En este sentido, el juez consideró que se exhibe como "un despropósito jurídico" la posibilidad de que la oposición a la constitución del tribunal unipersonal "ya consentida" "se ejerza como herramienta defensiva con cada reemplazo de defensa técnica y en forma sucesiva, desoyendo la propia preclusión como resorte del debido proceso".

Es la segunda vez que se suspende este juicio. Inicialmente estaba previsto para el 21 de diciembre de 2022, pero se aplazó por un pedido de la defensa del ex jefe municipal, ejercida en aquel momento por el abogado Darío Palmier, que esa vez argumentó que faltaba realizar una pericia contable.

El de la querella, Rodrigo Palazzo, dijo a Salta/12 que en un principio entendieron las maniobras de la defensa como "una cuestión dilatoria, para dilatar aún más la iniciación del debate", aunque también concedió "que la nueva defensa tiene el derecho de compulsar el expediente". 

Palazzo explicó que fue notificado de la presentación del nuevo abogado de Méndez, Juan Solá Alsina, quien pidió la suspensión del juicio porque recién asumió y necesita conocer el expediente. Asimismo, también Teseyra realizó una presentación similar, además de solicitar que el tribunal sea colegiado.

El querellante dijo que la pericia contable que faltaba el año pasado ya se hizo y fue incorporada a la causa, al igual que toda la prueba pertinente. "Entiendo que ahora ya estarían dadas las condiciones para el comienzo del debate, si no pasa otra situación como ésta", consideró Palazzo. Resaltó el interés público de este juicio, cuya realización esperan los habitantes del municipio. "Acá hay un destinatario final del resultado de este debate que es el pueblo de Campo Quijano, que necesita saber que es lo pasó en los últimos 3 años de gestión del exintendente", sostuvo.

Posibles penas

La causa se inició con la denuncia de la actual gestión municipal, al asumir el intendente Carlos Héctor Folloni. "El municipio ha puesto en conocimiento todos los elementos de convicción que ameritan los hechos. La labor de la fiscalía ha sido correcta, ha entendido lo que hemos puesto de manifiesto", señaló el querellante.

Cornejo está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por cuatro hechos de peculado. Palazzo dijo que estos delitos pueden alcanzar penas de "entre 6 y 8 años de prisión efectiva". Consideró que en el debate oral y público podrían surgir elementos que ameriten una pena mayor a los 6 años, por el daño al erario público, aunque dependerá de la valoración del juez. 

Mientras que Méndez está coimputada también por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y un hecho de peculado. El querellante explicó que para estos delitos están previstas penas de ejecución condicional.

Para ambos acusados también podría dictarse la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos que puede ser perpetua o por el doble de tiempo que dure la condena. "Creo que en este caso la inhabilitación tendría que ser perpetua", dijo Palazzo.

Los delitos

La fiscalía sostiene que Cornejo y Méndez se apropiaron de caudales públicos mientras tenían a su cargo su administración y custodia. La acusación sostiene que esto se hizo mediante el abuso del poder de Cornejo, con "el consiguiente quebranto para las arcas públicas".

La fiscala Verónica Simesen de Bielke trabajó en la investigación penal preparatoria. En noviembre de 2020 requirió la elevación a juicio contra el exintendente. Consignó entonces que el informe de la Auditoría General de la Provincia reveló la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos, además de la falta de registro contable que permitiera establecer el destino real de los fondos asignados durante su gestión y además, controlar la legitimidad del gasto.

El primero de los hechos de peculado por los cuales está acusado Cornejo se remite al 30 de agosto de 2018, cuando según la imputación, adquirió en beneficio personal, una camioneta Chevrolet S10, que fue abonada con fondos municipales. El vehículo se inscribió a nombre de un familiar del entonces intendente.

En el segundo hecho se señala que, a los pocos días de finalizar su mandato como intendente, Cornejo sustrajo maquinaria pesada y otros bienes muebles municipales que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos.

El tercer hecho surgió de declaraciones testimoniales y de documentación hallada en el municipio, y se relaciona con órdenes de pago de $500 que fueron entregadas en concepto de “ayuda económica” a personas sobre las que no se hizo la verificación de la existencia real de dicha necesidad. Según determinó la investigación, los testigos/beneficiarios coincidieron en mencionar que implícitamente se los persuadía para que colaborasen con el voto, tendiente a asegurar la reelección del ahora imputado.

El cuarto hecho de peculado tiene que ver con constancias del Banco Macro que dan cuenta de que Cornejo extrajo fondos municipales a través de diversas personas, sin haberse podido determinar el destino asignado. Además, se señaló que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia.

La acusación señala que eso produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los $84.000.000. A esto se sumó que para justificar el retiro de esos fondos, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”.

Entre las pruebas existentes, la fiscalía mencionó en su momento las declaraciones testimoniales, pero también copias de los títulos cartulares que eran emitidos a la orden de Méndez y luego endosados para ser cobrados por los empleados del municipio, quienes concurrían a la sede del Banco Patagonia ubicada en la rotonda de Limache, por orden de la acusada, para traer dinero para el “doctor”, en referencia a Cornejo.

Según se determinó en la investigación fiscal, esos fondos se utilizaban para constituir plazos fijos con el fin de generar intereses y luego disponer de ese dinero que incluso fue retirado en bolsos meses antes de finalizar su mandato.