Producción: Natalí Risso

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Estrategia soberana o zona de sacrificio

Por Agustin Sigal (*)

El proyecto de ley de hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero entró a Diputados el 29 de mayo. Se trata de un régimen de promoción de la producción y el desarrollo de cadenas de valor de tres tipos de hidrógeno: producido a partir de electrólisis de agua con energías renovables (verde), con energía nuclear (rosa), y producido a partir de gas natural con captura de emisiones (azul).

Hace más de dos años, el anuncio del Gobierno de una mega inversión de la empresa australiana Fortescue Future Industries para producir hidrógeno verde en Río Negro y exportarlo a Europa, principalmente Alemania, sacudió el avispero. La palabra es un acto de habla, se hacen cosas con palabras. Y con poder financiero y tecnológico detrás, no es cuento. Basta un tweet de Elon Musk para generar una corrida cambiaria.

Por el asombro frente a lo desconocido (¿qué es el hidrógeno verde?), por la magnitud de las inversiones anunciadas (8.400 millones de dólares); por el contexto del anuncio, dado por el Presidente en la COP26, en Glasgow, y porque generó tantas expectativas como preguntas respecto al propio proceso productivo, el tema entró por la ventana en la agenda pública. El sector de energías renovables y la sociedad en su conjunto se hicieron eco del acontecimiento, luego hubo un efecto dominó con proyectos de hidrógeno verde en otras provincias eólicas, se produjo una suerte de contrato social para darle continuidad al asunto.

Pero después del boom con bombos y platillos, bajó la espuma y crecieron las sospechas del bluff. Las comunidades se movilizaron, la licencia social preocupó a la empresa, la necesidad de una evaluación ambiental estratégica del Estado se hizo perentoria. Una de las controversias gira en torno al riesgo de pérdida de soberanía de 625.000 hectáreas de la Patagonia, incluida en esta colosal extensión de tierras (más grande que la Península de Valdés) la Meseta de Somuncurá, Área Natural Protegida. El Gobierno de Río Negro continuó activo en gestiones para facilitar las inversiones extranjeras.

La buena noticia es que el proyecto de ley propuesto por un término de 30 años, escapa a la premisa de propiciar inversiones privadas a cualquier costo. Además de contemplar incentivos y estabilidad jurídica, impositiva y fiscal para privados, es un instrumento diseñado desde y para las políticas públicas, con control del Estado en la actividad. Y fue creada en paralelo a la Estrategia Nacional de Hidrógeno, hoja de ruta trazada por la Secretaría de Asuntos Estratégicos y consensuada en una Mesa Intersectorial entre siete Ministerios, las provincias patagónicas y Buenos Aires, Y-TEC, INTI, CNEA, ENARGAS, el CFI, el Consorcio H2Ar, la Cámara Italiana y la Cámara Alemana.

Además de incluir control de emisiones y certificaciones de calidad, de seguridad y de origen, el proyecto establece, entre otros puntos, requisitos de integración del contenido nacional para acceder a los beneficios fiscales, exigiendo y priorizando cadenas de valor con bienes y servicios locales, en porcentajes crecientes de integración a medida que avance la industria. Por ejemplo, para hidrógeno verde se requiere 35 por ciento de contenido nacional en los primeros cinco años, 45 por ciento en los siguientes cinco y 50 por ciento en las últimas dos décadas. Este punto quizás divida aguas, valga el juego de palabras para este caso.

Por otro lado, el régimen no solo regula el hidrógeno verde, sino también el azul y el rosa. Consideración crucial en nuestro país, cuya matriz energética está fuertemente basada en el gas natural, con recursos estratégicos como el de Vaca Muerta; y con una trayectoria nuclear destacada en el mundo, siendo uno de los pocos con desarrollo de centrales nucleares de potencia. El gas natural y la energía nuclear son estratégicos para Argentina y la transición energética justa, soberana y sostenible. Con agendas y condiciones plantadas desde afuera, en una actividad de alta tecnología sin mercado estable, sin precios de referencia, con desafíos tecnológicos no resueltos, cuellos de botella como la oferta de electrolizadores y la infraestructura, las alianzas público-privadas necesarias deben darse en el marco de una política energética regional, integral e integrada, que permita mejorar nuestra posición en la mesa de negociación. Si no seremos tierra arrasada, una zona de sacrificio más para la injusta e insostenible transición del Norte Global.

(*) Dr. en Física. Profesor en la UNC, Investigador de Conicet.

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La regulación es clave

Por Sebastián Delgui (**)

El mundo avanza en una transición energética verde. En ese camino, las energías renovables y el hidrógeno verde se posicionan día a día como una alternativa real para energizar el planeta sin generar emisiones de carbono.

La Argentina tiene una oportunidad. Su potencial en energías renovables la posicionan como una de las regiones con mejores condiciones para liderar la transición energética global verde y capitalizar esta posibilidad para la producción de hidrógeno verde: el combustible del futuro.

Pero el potencial de recursos requiere, además, que la Argentina defina qué lugar quiere ocupar. El país tiene la oportunidad de liderar este nuevo mercado y la potencialidad para desarrollar proyectos a gran escala en el país.

Para ello, es clave contar con un marco regulatorio adecuado, producto de la sanción de una ley ampliamente debatida, conversada por expertos y consensuada.

En el mundo se trabaja para fomentar el desarrollo de los primeros grandes proyectos a través de regímenes de promoción que permiten superar la brecha de tecnología y costos con la que nos desafía la etapa inicial de esta industria incipiente.

Recientemente se creó en Australia el Hydrogen Headstart para proporcionar apoyo a los primeros proyectos del país, promoviendo aplicaciones locales y exportaciones. Una medida similar adoptó la Unión Europea con la creación del Banco Europeo de Hidrógeno. Por su parte, Estados Unidos destinó 369.000 millones de dólares para abordar la seguridad energética y el cambio climático en los próximos 10 años, dentro del plan de reducción de la inflación y con la intención de crear trabajo, industria y promover el consumo local. Los incentivos sobre la producción contemplan la subvención de hasta tres dólares por kilo de hidrógeno.

En la región, Brasil, a partir del éxito que han alcanzado en su matriz energética de renovables de casi 40GW de energía solar y eólica, busca potenciar el mercado de hidrógeno verde a través del desarrollo de normativas para garantizar la seguridad jurídica e incentivar su producción.

En este contexto, el envío del proyecto de ley al Congreso Nacional para su discusión en la Argentina es un primer paso. El debate parlamentario será un espacio donde la iniciativa podrá ser mejorada y donde será posible trabajar para que contemple todos los aspectos fundamentales que requiere la industria para su viabilidad y crecimiento.

Tal como se destacó en el Foro Global de Hidrógeno Verde 2023 realizado en San Carlos de Bariloche, es clave abordar en la etapa de debate parlamentario el desarrollo de normativas que fomenten proyectos a gran escala a costos competitivos y garanticen condiciones adecuadas para dar impulso a las inversiones.

Es de vital importancia que se contemplen los siguientes aspectos que hacen a la viabilidad de los proyectos en Argentina:

• Acceso al financiamiento a costos competitivos a nivel internacional.

• Régimen impositivo adecuado a las necesidades.

• Obras de infraestructura y expansión del sistema eléctrico nacional.

También resulta indispensable la libre disponibilidad de divisas, así como la estabilidad financiera y fiscal para poder garantizar la operatividad y cadena de pagos. Otro punto por atender es la convivencia entre la Ley de Fomento de Hidrógeno y Zona Francas, de modo que se potencien las condiciones de competitividad comercial.

Desde Fortescue anhelamos que el texto final de esta ley permita respaldar y fomentar las inversiones de proyectos de gran escala en la Argentina.

La participación de todos los actores de la sociedad civil, el ámbito académico y la industria será clave para que el Congreso pueda dictar una ley de amplio consenso que permita capitalizar las oportunidades que presentan las energías renovables y el hidrógeno verde en el país.

(**) Director regional de Asuntos Públicos y Comunidades de Fortescue.