En Catamarca existen unas 50 comunidades indígenas autoproclamadas, en un proceso que continúa en pos de la defensa de sus territorios.

Hasta ahora, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) solo ha reconocido la personería jurídica a solo nueve de estas comunidades desde 2007.

Esto la ubica como una de las provincias con poblados de raíces indígenas más claras pero con menor reconocimiento de comunidades a nivel país.

La cuestión del reconocimiento de la propiedad de las tierras en Catamarca data de largo tiempo. Con la llegada de los diferimientos olivícolas, a fines de los '90, saltaron los regímenes de posesión de tierras más antiguos en el sistema de ordenamiento: los campos comuneros.

En estos espacios se asentaban antiguas comunidades indígenas o criollas, sabidos como propietarios aún sin títulos de propiedad, de acuerdo con el "avance" de las legislaciones.

Ahora, con el auge de las explotaciones mineras, Catamarca/12 consultó sobre cuántas comunidades originarias se encuentran dentro de estos territorios.

Andrea Morales, abogada patrocinadora de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita Tinogasta-Belén indicó que hasta ahora hay "cinco comunidades originarias en cuyos territorios ya se están efectuando explotaciones efectivas o bien, las empresas mineras ya están instaladas".

Concretamente "se trata de la empresa AMSA Minerals S.A. en territorio de la Comunidad Indígena de Antofalla; con el Proyecto FÉNIX integrado por las empresas Minera del Altiplano S.A y Livent Corporation en el Salar del Hombre Muerto, en territorio de la Comunidades indígenas Atacameños del Altiplano y Atacameños de Antiofac; y la empresa Morena del Valle Minerals S.A. en territorio de la recientemente autoproclamada Comunidad Indígena de Carachi Pampa (donde hace poco era noticia sobre la tierra de diatomeas que se estaban llevando sin la consulta a la comunidad)", explicó.

"Todas son empresas vinculadas a la explotación de las sales de litio en el departamento Antofagasta de la Sierra. Después, está el Proyecto integrado Minera Alumbrera-Agua Rica (MARA) en el que participan las empresas Yamana Gold, Glencore International AG y Newmont Corporation, en etapa de exploración avanzada y efectuando tareas de remoción de suelos en el cerro Aconquija (Departamento Andalgalá), en el territorio de la comunidad Indígena de Minas Capillitas, y de los vecinos de la localidad de Choya, en el departamento Andalgalá".

La letrada, coordinadora de Asuntos Indígena Movimiento Popular Nuestramérica a nivel nacional, también hizo referencia a la existencia de "pedimentos mineros en territorios de otras comunidades indígenas, todavía en etapa de exploración, que sin embargo ya han generado conflictos territoriales, como en el caso del pedimento minero Alto El Mulato, yacimiento de oro y cobre que se localiza en territorio de la Comunidad Indígena de Peñas Negras, en la región de Laguna Blanca (al norte del departamento Belén). Allí la empresa Elevado Gold S.A. pretende llevar a cabo prospecciones y tomar muestras minerales sin el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad".

Un conflicto territorial-social semejante "podría estar próximo a desatarse en el territorio de la Comunidad Indígena de Quimivil en relación con el pedimento minero Carla I, sobre un yacimiento de cobre y oro, a unos 7 kilómetros de la ciudad de Londres, en donde el Gobierno provincial habría avanzado con obras de infraestructura habiendo ya prospecciones y muestreos", manifestó Morales.

El asunto central entre tierras, comunidades y explotaciones minerales es el nivel de conflictividad social que en muchos casos se genera, ya sea por el modo de extracción contaminante del mineral; o por el avance de las empresas sobre napas y tierras una vez que lograron las autorizaciones de explotación.

Actualmente hay dos casos de marcada litigiosidad en la provincia: el proyecto Agua Rica en Andalgalá, con marchas semanales "en defensa del agua" por parte de vecinos nucleados en la Asamblea El Algarrobo.

Y los reclamos de la comunidad de Peñas Negras, en Belén, sobre el yacimiento de litio y cobre Alto El Mulato. Los conflictos llegaron (durante 2020) a que el cacique y vecinos fueran arrestados por la policía provincial tras una protesta.

El caso fue presentado hace un mes en el Congreso de la Nación, como parte del informe de impacto ambiental y social Escazú, en donde se pone de manifiesto el enfrentamiento entre los representantes de las mineras en la zona y las comunidades.

En 2021, los referentes de las comunidades asentadas dentro de la Reserva de la Biosfera de Laguna Blanca, ya habían informado a las autoridades de la provincia que los modos de explotación y exploración minera "eran incompatibles" con el estilo de vida comunitario, en la cría del ganado para subsistencia, y en la protección de las fuentes de agua.

De acuerdo con los datos brindados por Andrea Morales, las comunidades con personería jurídica en la provincia son:

1- Comunidad India Los Morteritos-Las Cuevas(2007)

2-Comunidad Originaria Cerro Pintao-Las Mojarras (2010)

3-Comunidad Originaria Ingamana (2010)

4- Comunidad Indígena Agua Calientes (2019)

5- Comunidad Indígena La Angostura (2013)

6- Comunidad indígena Corral Blanco(2019)

7- Comunidad indígena Laguna Blanca (2022)

8- Comunidad indígena Carachi (2022)

9- Comunidad indígena de Antofalla (2007)

La presencia minera tiene como principal condición, incluso reconocido en reglamentación provincial, de realizar consultas previas en las comunidades afectadas para llegar a acuerdos de protección y preservación.

Hasta ahora, esta instancia solo se realizó en Morterito - Las Cuevas; y Antofalla, aseguró la abogada.