A diez meses de las primeras imputaciones por la llamada megaestafa inmobiliaria, algunos acusados piden que parte de la investigación vaya a la Justicia Federal. Para ello, las defensas del agente bursátil Jorge Oneto, el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, el comerciante Leandro "Lelo" Pérez y el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, presentaron recursos de inhibitoria ante el juez Federal Nº 3, Carlos Vera Barros. El delito de lavado de activos, que les fue imputado, aparece como detonante para buscar el cambio de fuero. Fuentes tribunalicias consideran que la estrategia busca debilitar la investigación del fiscal Sebastián Narvaja, que llevará a juicio una serie de delitos cometidos con un mismo modus operandi y con roles específicos en diferentes redes de actuación que integran -según la acusación- 19 imputados.

Cuando la causa ya suma 150 mil fojas, más de mil CD con escuchas de los acusados "de guante blanco" y se acerca la audiencia preliminar al juicio oral y público, los imputados usaron como estrategia poner en duda la competencia de la investigación: en presentaciones separadas, solicitaron al juez Federal que se declare competente en el caso, porque consideran que hay jurisprudencia suficiente para que el delito de lavado de activos sea tratado en ese fuero. Primero, debe emitir dictamen el fiscal federal Mario Gambacorta.

Fuentes consultadas por este diario hablaron de una maniobra que intenta desarmar la investigación y buscar una forma de beneficiar a los acusados, que están en libertad (excepto Jaef). Es que los abogados Oscar Romera y Jorge Ilharrescondo, por Oneto; y Froilán Ravenna, por Abdala, solicitaron que el caso del campo de Villa Amelia vaya al Federal, ya que es el único en el que se los implica; mientras que el abogado de Jaef y Pérez, Carlos Varela, apunta a que solo las imputaciones por lavado de activos se traten en ese fuero, y el resto (estafa, falsificación, incumplimientos y demás) siga en la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de la Justicia provincial.

En principio, la jurisprudencia indicaba que si el delito precedente al lavado (en este caso las estafas) era de competencia provincial, la causa debe quedarse en el fuero ordinario; pero los letrados apuntan a fallos de otras provincias que avalan su planteo de derivación al Federal, porque se habla de cuestiones jurídico-financieras.

Según advirtió una fuente, si el expediente cambia de fuero, una serie de cuestiones podría generar perjuicios para la investigación y un beneficio para los acusados. Según se indicó, en el Federal "casi no hay juicios con imputados en libertad" y desde la existencia de la ley de lavado de activos, en el 2000, "no hubo más que una decena de condenas en el país".

Si bien las primeras detenciones por el caso se dieron en octubre pasado -con más de siete casos-, en junio de este año se sumaron más personas al legajo judicial. El fiscal Narvaja ya presentó acusación por la primera parte de los imputados (a la que pertenecen los solicitantes) y pidió penas de hasta 14 años de prisión. Si bien no hay fecha confirmada, se estima que el mes que viene se realizará la audiencia preliminar, donde se presentará toda la prueba para llevar al debate.