La jueza de la Corte de Justicia de Salta Sandra Bonari, titular de la Oficina de Género del Poder Judicial, se reunió con representantes de organizaciones feministas y funcionarias. Allí explicó cómo trabajaron en el registro provincial de femicidios que elaboraron este año, y también dio a conocer un proyecto para el registro de progenitores agresores, en relación a la comunicación en el marco de la responsabilidad parental con niñas, niños y adolescentes.

Bonari explicó a Salta/12 que realizó la convocatoria a una mesa de diálogo, "a raíz de las notas periodísticas en las cuales se hablaba de la disparidad numérica respecto de los femicidios" cometidos este año en la provincia. También motivó esa reunión, una nota que había sido dirigida por las organizaciones sociales a la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, a quien le requerían una audiencia.

En ese pedido se planteaban temáticas "relativas a la comunicación de los niños con los progenitores agresores, la perspectiva de género necesaria en los fallos y tramitación de los procesos, las exiguas penas en los abusos sexuales infantiles, la violencia institucional, temas que están bajo la órbita de la oficina de género a mi cargo, yo las invité a fin de brindarles información", sostuvo Bonari.

La referenta de Madres Protectoras Salta, Yanela Barrios, valoró como positiva la reunión, sin embargo, consideró que falta muchísimo. "Nos deja esa desazón en las organizaciones sobre todo a las que trabajamos mucho con lo que es la violencia, el abuso, sentimos que son pasos pequeños", dijo a Salta/12.

Femicidios

Bonari precisó que este año en la provincia se registraron "12 muertes violentas (de mujeres), de las cuales cinco tienen la imputación fiscal por femicidio y están en trámite. Una es una muerte con el supuesto agresor que se suicidó", se trata del primer caso de este año, y "el resto, en las seis que quedan, el Ministerio Público Fiscal no instó causa alguna o no imputó". La conversación con Salta/12 fue la semana pasada, por lo que a ese listado se debe agregar otro femicidio, el sábado último, en este caso también el agresor se quitó la vida tras matar a su expareja. 

La jueza de la Corte explicó la metodología de relevamiento del Registro Provincial de Femicidios, un registro dinámico que parte del anoticiamiento por los medios de comunicación de la muerte violenta de una mujer o vinculada a un contexto de violencia de género, para continuar en columna sucesiva con la actuación del Ministerio Público Fiscal, si instó acción penal e imputó por el delito de femicidio. Y por último, para mostrar, si la hubiese, el estado judicial en el que se encuentra la causa.

Por su parte, Yanela Barrios se refirió a los suicidios femicidas, en los que "a raíz de padecer la mujer la violencia, termina suicidándose". Señaló que no están registrados como tales. Contó que en la reunión se mencionó "que al no haber una causa contra esos violentos o agresores no queda (registrado) como un femicidio". Este tipo de delito aún no está tipificado en el Código Penal argentino y las hijas e hijos de las víctimas tampoco acceden a Ley Brisa.

Violencia institucional

En la reunión también se trató la problemática de la violencia de género institucional judicial. La abogada Natalia Otero, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, dijo a Salta/12 que la jueza les explicó que trabajan en la implementación de la Ley Micaela, que obliga a funcionarias y funcionarios a capacitarse en perspectiva de género, y que han avanzado con capacitaciones a un "80%" del Poder Judicial.

La letrada sostuvo que el conocimiento de los contenidos de la Ley Micaela, "debería ser requisito para ingresar, mínimamente” al Poder Judicial, sobre todo en los concursos para cargos de magistradxs. Ante ello, sostuvo que obtuvieron el compromiso de Bonari para impulsar esa propuesta.

"Ella dice que está capacitando pero para mí es poco, nos quedamos con eso, falta muchísimo", dijo Barrios. "Pedimos más intervención, más exigencia dentro del Poder Judicial, que realmente se respete la Ley Micaela, que se emplee la perspectiva de género, que tendría que estar y no la sentimos las víctimas ni las organizaciones que trabajamos con víctimas, por la revictimización constante que se hace en el Poder Judicial", añadió.

Barrios sostuvo que hay jueces y juezas que ejercen violencia sobre las personas que deben realizar trámites en el sistema de justicia. Mencionó específicamente a las juezas Claudia Güemes e Inés Villa Nougués. "En estos días recibí como tres casos que involucran a las mismas juezas que ejercen esta violencia sobre las víctimas o las mamás de víctimas. Son juezas de familia y no tienen perspectiva de género, revictimizan a niños y violentan a las mujeres, a las mamás sobre todo", afirmó.

Registro de progenitores agresores

En este encuentro la jueza Bonari compartió un proyecto que presentó en diciembre del año pasado ante sus pares en la Corte, en relación a la creación de un registro de progenitores imputados o condenados, privados de la responsabilidad parental por diversos delitos, según lo establecen los artículos 700 bis; 700, inciso a, y 702, inciso e, de la ley 27.363 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

Se prevé que este registro sirva de consulta a las juezas y jueces de los fueros civil, de personas y de familia, y a operadores del Centro de Mediación del Poder Judicial, cuando se diriman cuestiones relativas a la responsabilidad parental, regímenes de comunicación o cuidado de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto propone que el registro sea creado en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial, y que reúna información que deberá ser provista por juezas y jueces del fuero penal, quienes estarán obligados a remitir datos "en la primera oportunidad en que tengan conocimiento" de las imputaciones que son causales para la suspensión de la responsabilidad penal, asimismo deberán remitir copia de las sentencias y las elevaciones a juicio.

Este proyecto fue tratado en la reunión de Corte y seguirá siendo motivo de análisis el próximo miércoles, con el fin "de determinar el ámbito de su supervisión, Secretaría Tutelar, de derechos humanos, entre otros", indicó la jueza. Aclaró que no será un registro de acceso público, porque "están involucrados menores" de edad, y contendrá información de las causas en trámite.

El artículo 700 bis establece los motivos por los cuales se les quita la responsabilidad parental "a cualquiera de los progenitores".

El inciso a se refiere a cuando hay condenas "como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género (femicidio)" en contra "del otro progenitor".

El inciso b menciona casos en que el progenitor resulta "autor, coautor, instigador o cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata". Asimismo el inciso c, contempla el haber estado implicado en delitos contra la integridad sexual cometido contra el hijo o hija.

El registro de progenitores agresores "creo que vendría a contrarrestar (el proyecto con media sanción de) la ley del registro de obstructores de lazos familiares", dijo Barrios.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres e infancias se oponen al proyecto, con media sanción en el Senado del registro de obstructores familiares, que prevé que deberán ser registrados el padre, la madre o tutores que "impidan tener contacto con su progenitor (padre o madre) no conviviente y/o por quienes tengan derecho de visita".

Sin embargo, Barrios  también evaluó que en el registro de progenitores agresores, "quedarían registrados desde el momento de la imputación, pero hay casos en los que no se llega ni a imputar". Destacó que en las causas de violencia de género no se imputa a los hombres "salvo que haya un delito penal".

"Este registro debería ampliarse al momento en que se toma conocimiento de contextos de violencia de género", consideró Barrios. Los casos a los que se refiere son los que tramitan los juzgados de violencia familiar y de género.