La periodista y conductora de La García, Cynthia García, analizó este lunes por AM750, junto a Pablo Di Peri, el escenario electoral y explicó qué hay detrás de la rosca interna de Juntos por el Cambio, que parece no tener tregua.
El editorial de Cynthia García
Los zamarreos internos en Juntos por el Cambio alimentan una confusión. Las estimaciones de ruptura en el elenco opositor ilusionan a los que juegan a la política de laboratorio.
La realidad indica que la herramienta electoral de la clase dominante se puede partir, pero el poder económico ni siquiera se dobla.
Para muestra, bastan dos casos que orbitan en vertientes antagónicas dentro del elenco opositor pero expresan los intereses de los dueños del país.
Por un lado, la Reforma Constitucional de Jujuy, que entre otras cosas prohíbe los cortes de ruta como método de protesta y elimina el indulto para condenados en causas por corrupción, es el sustrato jurídico e ideológico del gobierno de Gerardo Morales, socio a nivel nacional de Horacio Rodríguez Larreta. Montado sobre esa caballería represiva, el titular de la UCR despidió por decreto a los docentes que colmaron con manifestaciones las calles de distintas jurisdicciones de la provincia norteña la semana pasada.
Frente a las cámaras de televisión y en los conciliábulos de la rosca porteña, Morales se ofrece como un socialdemócrata y lanza dardos contra la jauría de ultraderecha que encarnarían sus antagonistas, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Sin embargo, Jujuy es una cárcel expansiva entre cerros y sueños de baterías de litio.
Cualquier observador sin conchabos con el macrismo y un poquito de agudeza detecta que los departamentos que van desde las yungas a la puna permanecen bajo un grosero estado de sitio desde finales de 2015. Por mucho menos, hubiera correspondido la intervención federal de la provincia, con un decreto presidencial refrendado por el Congreso nacional. De hecho, fue cajoneado un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, cuya autoría correspondía al senador Guillermo Snopek, y perdió estado parlamentario.
Es relativamente sencillo figurarse el rumbo de la Nación si Morales manejara la campanita del Senado, siendo eventual vicepresidente si su pacto con el jefe de Gobierno porteño redundara en una fórmula común y ambos prevalecieran en la PASO frente a sus competidores. Si en Jujuy está presa desde hace más de 7 años Milagro Sala sin más razones que su volumen político y social como opositora, imaginarse detenciones por protestar contra un corte luz o acampar en la Avenida 9 de Julio por aumento de planes sociales no sería un delirio en una hipotética Argentina de Morales.
El otro botón de la prenda que evidencia que los jerarcas del país no dan puntada sin hilo se vio en el apartamiento del juez Alejandro Slokar en la causa que investiga el espionaje contra familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Esa investigación es la única donde Macri estaba indagado y procesado porque, paradójicamente, tuvo como residencia originaria un tribunal por fuera de Comodoro Py, lejos del control de los magistrados que jugaban al paddle con el ex Presidente o lo visitaban asiduamente en la Casa Rosada.
La terna de jueces que sacó a Slokar de la causa está compuesta por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Daniel Petrone, y en sus argumentos conceden que toman esa decisión para “aventar cualquier temor de parcialidad que manifiestan abrigar las partes”. O sea, complacen a la defensa de Macri y los ex jefes de Inteligencia durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Sus argumentos eran la opinión contraria de Slokar contra la gestión cambiemita, su pertenencia a Justicia Legítima y el apartamiento que ya había sufrido en la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio, a partir de una recusación planteada por Elisa Carrió.
En síntesis, los responsables de las prácticas de tortuosa persecución y asedio a través de mecanismos informáticos e incursiones en los teléfonos de las víctimas atribuyeron parcialidad a Slokar.
No obstante, los tres jueces que hicieron caso a Macri, Arribas y Majdalani aclaran: “Sin que la decisión implique asumir las críticas de los presentantes, ni menoscabo alguno a la honorabilidad e idoneidad del magistrado, cabe hacer lugar al apartamiento pretendido en la presente”. Es decir que lo corren de la causa aunque no encuentren anclaje de lo que alega la parte demandante.
El dato que resplandece escandalosamente es que los imputados en la causa que impulsaron los familiares de las víctimas del submarino es el apellido de D’Alessio, cuyo fulgor aglutina la atención y compromete a los funcionarios macristas -que dijeron que no conocían al extorsionador de jueces, fiscales y empresarios-.
La información se desprende de la recusación contra Slokar planteada por Macri y sus secuaces. En ese documento judicial, sus defensas plantean que no puede intervenir ese magistrado porque fue recusado en el caso D’Alessio y hay “comunidad fáctica y subjetiva entre ellos”. Traducido al castellano: al haber sido apartado antes, ya no puede conocer nada de los hechos de aquella causa y como esos hechos no se agotan en las conductas mafiosas del panelista del programa de Alejandro Fantino, las notas de Daniel Santoro en Clarín y las bravuconadas del fiscal Carlos Stornelli sino que incluyen los del ARA San Juan, corresponde hacer un lado al magistrado.
D’Alessio cumple prisión preventiva en el penal de Ezeiza desde 2019 y es probable que la famiglia macrista pretenda cortar el hilo por lo más delgado pero la trama es demasiado grosera. Y más allá de la sutura que urda los retazos de las candidaturas, está claro que la apuesta del poder real es cuidar su criatura electoral: pueden amputar listas, borrar candidatos o alquilar estructuras partidarias pero jamás van a rifar la suerte de uno de sus gerentes.
Aunque durante mucho tiempo lo consideraron el hijo bobo de Franco, el fundador de PRO sigue siendo hijo de la clase que se agenció el país hace 150 años.
