El exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado a 6 años de prisión por haber recibido coimas por parte de narcotraficantes a cambio de fallos que los podían beneficiar, pero resultó absuelto de haber formado parte de una asociación ilícita.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal correntino, que consideró que el exmagistrado fue autor de tres hechos de "cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado" y otros tantos de "prevaricato", y se le fijó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 37 mil pesos. 

En un veredicto por mayoría, los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y Rubén Quiñones, condenaron también a los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, como partícipes necesarios de "cohecho pasivo agravado". A su vez, estos dos acusados también fueron absueltos de "asociación ilícita", al igual que el exjuez.

En tanto, el abogado Duylio Barboza Galeano recibió una pena de dos años por "cohecho activo agravado" (haber pagado coimas), mientras que fueron absueltos el exintendente de la localidad correntina de Empedrado Juan Manuel Faraone, y los letrados Gregorio Giménez y Tomás Viglione.

Los imputados fueron sometidos a juicio oral como presuntos integrantes de una organización criminal aparentemente liderada por Soto Dávila, cuando estaba a cargo del Juzgado Federal 1 de Corrientes. Si bien durante una etapa del proceso el exmagistrado estuvo con prisión domiciliaria por esta causa, Soto Dávila llegó al debate en libertad, al igual que sus dos exsecretarios.

Los fiscales federales Carlos Schaefer y los de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y Martín Uriona, habían acusado al exjuez de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado y de nueve casos de prevaricato por haber dictado sentencias contrarias a derecho.

Por ello, en sus alegatos, habían pedido que Soto Dávila fueran condenado a 15 años de prisión, y Molina y Grau, a 12 y 9 años y seis meses, respectivamente; por lo que se espera que los fiscales apelen el fallo del tribunal de primera instancia tras analizar los fundamentos.

De acuerdo a la acusación, en distintas causas que tramitaban en el juzgado de Soto Dávila se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico. Respecto del accionar, se consideró que ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión o, incluso, se indicaban participaciones menores a quienes dirigían las actividades de narcotráfico.

Tras la sentencia, la abogada Mariana Barbitta, defensora de Soto Dávila, dijo que "el paso siguiente es el recurso de casación" para apelar la condena, pero que primero deben conocer los fundamentos de la sentencia, que se notificarán a las partes el 16 de agosto próximo.

"Vamos a discutir cada uno de los puntos que va a fundamentar el tribunal respecto a esta condena", argumentó la defensora y agregó: "A nuestro criterio, es una condena ilegal porque no entendemos cuál sería el sostén jurídico de esta imposición de pena, un monto desproporcionado en relación a la edad de mi cliente, en relación a su trayectoria, que no tiene antecedentes judiciales. Es un veredicto que va a ser absolutamente cuestionado".