Contra el pedido de Cristina Fernández de Kirchner de profundizar líneas de  investigación sobre el intento de asesinarla, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió mandar a juicio oral a los tres detenidos vinculados con el hecho material: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. La resolución afirma que se seguirán analizando pistas pendientes pero, a la vez, hace hincapié en que la fiscalía ya sostuvo que de las pruebas recolectadas desde el 1 de septiembre no surge que haya habido detrás ninguna organización, partido o persona ni existido financiamiento de los agresores. Así, por ahora, prevalece al teoría de que fueron tres violentos sueltos. El caso quedó por sorteo en manos del Tribunal Oral Federal 6 (hoy integrado por Daniel Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Fornari), mientras que fiscal será Gabriela Baigún. 

Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, habían advertido que elevar a juicio la causa "por tramos" es una "práctica incorrecta que daña el descubrimiento de la verdad". Pidieron que se completaran una gran cantidad de medidas pendientes propuestas por ellos para profundizar qué pudo haber detrás del atentado. Capuchetti les respondió que su reclamo se refería a "cuestiones ya evacuadas o que, en su defecto, en nada se vinculan" a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.

La magistrada incluso les cuestionó su oposición a ir a juicio porque, señaló, "no está previsto en el ritual para quien ostenta el rol de acusador". Según este razonamiento, aunque CFK es la víctima del caso, sus objeciones al cierre de la pesquisa no tendrían cabida. A entender de la magistrada, "expresaron inapropiadamente sus reparos". Los defensores de los tres detenidos aprovecharon la postura de la fiscalía de Carlos Rívolo y del juzgado: pidieron ir a juicio cuanto antes. 

La posición de la querella

La ajenidad de las medidas que pide la querella respecto de Sabag, Uliarte y Carrizo que alega la jueza es relativa. Basta enumerar alguna de las cuestiones, según plantean los abogados de CFK: 

* No se conocen las motivaciones de los detenidos para haber intentado matar a la vicepresidenta. 

* Quedaron pendientes diligencias sobre el celular de Sabag Montiel, una prueba elemental de la causa, cuyo contenido se perdió por un sospechoso "reseteo de fábrica" en el lapso de más de diez horas transcurrido entre que el aparato llegó al juzgado, la Policía Federal intentó sin suerte bajar la información y fue enviado a peritar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde el sobre llegó abierto. 

* Tampoco está esclarecida la llamada "pista Milman", referida al diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, a quien un testigo declaró haber escuchado decir en el bar Casablanca de la esquina del Congreso "cuando la maten estoy camino a la costa", horas antes del atentado. 

* No se avanzó en los lazos del dirigente Hernán Carrol, de la agrupación Nueva Centro Derecha, vinculada con Patricia Bullrich, que había hecho un vivo de Instagram con Uliarte y a quien Sabag Montiel pidió por carta -sin suerte- como abogado. 

* Tampoco se hizo lo suficiente para saber qué hacía en la casa de Uliarte una hoja con manuscrita que explicaba la llamada "Regla Tueller", que establece la distania mínima para defenderse con un arma de fuego ante un ataque. Bullrich quiso introducirla cuando fue ministra de Seguridad y Milman su número dos. 

* No se ahondó la relación del trío o alguno de sus integrantes con la organización de ultraderecha Revolución Federal. Sobre esto último, la fiscalía ya había dicho que no encontró pruebas hasta ahora de una conexión, de modo que mientras tanto quienes deben profundizar la pesquisa son el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, que investigan específicamente al grupo violento. Estos últimos habían enviado a sus colegas un hallazgo llamativo: los mensajes de una mujer que figuraba en los dispositivos y comunicaciones de Jonathan Morel -líder de RF- como "Dali Revolución" y que en cuatro oportunidades ofreció una pistola 9 milímetros para matar a la vicepresidenta. La última fue el 27 de agosto del año pasado, seis días antes del intento de magnicidio. Rívolo lo devolvió a la otra causa. 

Las razones de la jueza

"La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones, se impone un rápido avance a la siguiente etapa", marcó la jueza. Insistió en que las últimas medidas son ajenas a ellos y que "no resultan novedosas" las "cuestiones" planteadas por Ubeira y Aldazabal. Para defender su postura alegó que la Sala I de la Cámara Federal dijo que era "inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal".

"Aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen", agregó Capuchetti en tono crítico. Recordó, además, lo dictaminado por la fiscalía, que desliga del caso una posible autoría intelectual y la existencia de financiamiento frente a un hecho que consideró precario en su realización: "Corresponde indicar que toda la prueba recabada hasta el momento impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado".

Cuando se opusieron a la elevación a juicio, Ubeira y Aldazabal dijeron que "lo que tuvo lugar en estos últimos ocho meses fue más un encubrimiento que una investigación". Y se preguntaban, entre otras cosas, "¿aceptaremos sin más la teoría del loquito suelto?". 

El nuevo abogado

La semana pasada, Uliarte cambió a su defensor oficial, Gustavo Kollmann, por el abogado Carlos Telleldín (quien estuvo preso y fue absuelto por el caso AMIA). La decisión expeditiva de Capuchetti tras la presentación de la defensa de Carrizo, que era la que faltaba, no le dio margen al nuevo letrado de la joven a hacer cualquier presentación. La aparición de Telleldín en el expediente ocurrió en la misma semana en que Uliarte tuvo un aparente episodio "psicótico" en el patio del penal de Ezeiza, cuando mostró un arranque de furia al enterarse de que debía ir a una audiencia en los tribunales de San Martín, por otro delito, donde se vería con Sabag Montiel. El juicio es por retención de un documento ajeno, a raíz del hallazgo en la vivienda de Sabag Montiel de un DNI a nombre de Francisco Antonio Almada, quien denunció su pérdida en 2018 en un recital de Divididos. Al final se cruzaron en la sala pero en ese momento él parecía más alterado que ella. Este jueves habrá una nueva audiencia allí.