Una nueva marcha masiva se concretó ayer en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y en localidades del interior provincial, en el marco del reclamo salarial docente que ya entró en su segunda semana y confirmó su continuidad por lo menos hasta el viernes, día en que habrá un paro general convocado también por la CGT de Jujuy y otros gremios.
La docencia rechaza la propuesta del gobierno, de un piso salarial de $179 mil. El paro continuó ayer con un alto acatamiento, a pesar del decreto sancionatorio de la protesta social que se conoció el pasado 9 de junio.
El CEDEMS, ADEP y el SADOP, gremios que reúnen la mayoría de la docencia de Jujuy, determinaron ayer, en sendas asambleas, seguir con el paro por tiempo indeterminado y exigir la renuncia de los convencionales constituyentes que participan de la reforma parcial de la Constitución provincial que impulsa el oficialismo jujeño. Por otro lado, el gobierno de la provincia convocó a paritarias a los gremios estatales.
Al término de la asamblea del CEDEMS, la secretaria general, Mercedes Sosa, expresó: “Los docentes determinaron el paro por tiempo indeterminado, se refrendó la solicitud de $100 mil al básico, el blanqueo de todos los adicionales, es decir, blanqueo previa actualización y sumar adicionales que se viene cobrando para que alcance los $210 mil y que llegue a la canasta básica y cláusula gatillo para que esa suma se mantenga en vigencia en el proceso inflacionario que atravesamos”.
Además, la asamblea facultó a la comisión directiva para que denuncie al gobernador Gerardo Morales por incumplimiento de deberes de funcionario público, por entender que actúa de manera contraria a los derechos garantizados en la Constitución Nacional y la provincial vigente, y para que se hagan las denuncias pertinentes por el decreto 8464/23, por el que el gobierno provincial amplió las multas por contravenciones a quienes realicen protestas y habilitó la posibilidad de cesantear a empleados y empleados públicas que "reincidan" en una manifestación pública. En la asamblea se rechazó ese decreto, y también la oferta salarial del viernes por considerarla insuficiente y que no contempla el pedido de la docencia.
La asamblea también facultó a la comisión directiva para decidir medidas de fuerza con otros gremios. "Se decidió acompañar el reclamo de paritarias, que sean abiertas, honestas, convocadas en tiempo y forma, que se registre en acta. Se agregó un pedido para que docentes puedan ingresar a las aulas", contó Sosa.
Además, la asamblea determinó que este miércoles: “solicitará firmas a la comunidad" para "que se le pida a los constituyentes que no aprueben el proyecto de reforma y visibilizar quienes están sesionando, hubo dos que renunciaron”.
Por otra parte, el congreso de ADEP determinó “rechazar la reforma de la Constitución esgrimida por el gobierno de la provincia por ser arbitraria". También, el rechazo a la propuesta salarial y continuar el "paro por tiempo indeterminado hasta que tengamos una respuesta favorable al pedido ratificado en el Congreso de ADEP del 3 y 7 de junio, de un básico de $200 mil pesos". Asimismo, decidió "exigir la renuncia de los Convencionales Constituyentes elegidos el 7 de mayo pasado porque los proyectos de reforma violan los derechos principios y garantías de los ciudadanos de Jujuy”, indicó la secretaria general, Silvia Vélez.
El plan de acción para hoy prevé la permanencia al costado de la ruta, una marcha en la capital provincial y en cada zona, y olla popular con cacerolazo. El miércoles habrá un cacerolazo, seguirán al costado de la ruta y harán una radio abierta. El jueves habrá una marcha de antorchas, con el lema "Rechazamos la Reforma de la Constitución", y el viernes participarán del paro general con movilización zonal y en San Salvador con los demás sindicatos.
También el SADOP decidió continuar con las medidas de fuerza. También la CGT Jujuy convocó a un paro y movilización para el viernes en rechazo al decreto 8464/23.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, pidió a las y los docentes vuelvan a clases, y aunque reconoció las necesidades de una mejora salarial, aseguró que hay fuerte incidencia de intereses políticos detrás del reclamo salarial, “el viernes último se hizo una propuesta salarial concreta al sector docente que, en principio, se acercó a las demandas de los sectores gremiales, sin embargo, en el seno de los gremios hay grupos de presión para continuar con el conflicto”, afirmó.
Más denuncias a Morales
El secretario general de la Asociación de Judiciales, Freddy Berdeja, indicó que con los abogados de la CGT realizarán una presentación judicial contra el decreto 8464/23. "Nos parece anticonstitucional y antidemocrático cercenar de esa manera el derecho de los trabajadores”, sostuvo.
Por otra parte, la CTA Autónoma alertó sobre las “peligrosas consecuencias que pueden traer las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 Código Contravencional que castiga a quienes se manifiestan con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones”.
El comunicado, que lleva la firma del secretario general, Hugo "Cachorro" Godoy, recuerda que “la República Argentina ha ratificado el Convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional, pudiendo esto generar un perjuicio a ejercer el más elemental derecho a la ciudadanía en una provincia en la que se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público y la conflictividad es habitual”. E informó que la CTA ratificó su acompañamiento al proceso de lucha en Jujuy, y hará una presentación "ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial”.
Renuncias de convencionales
En otra arista del conflicto social reinante en Jujuy, en las primeras horas de la tarde se conoció la renuncia de dos convencionales del Frente Justicialista: Amelia de Dios y Carlos de Aparici, del espacio Arriba Jujuy, conducido por la diputada nacional Carolina Moisés.
“Tomamos esta resolución guiados por la prioridad de que el presente y futuro de l@s jujeñ@s sea regido por una carta magna que respete, valide y amplíe sus derechos, sin dar un sólo paso atrás, adecuando la normativa a los tiempos actuales y cuidando el sistema democrático y el consecuente respeto por la división de poderes”, informaron en un documento en el que detallaron una serie de irregularidades en las reuniones de comisiones de la Convención.
“Por ideología y plenas convicciones consideramos inaceptable que se pretenda tipificar como delincuentes a l@s jujeñ@s que se ven obligados a manifestar sus necesidades frente al poder de turno o que se intente soslayar la posición de los pueblos originarios reconocida en nuestra Constitución Nacional desde 1994”, añadieron.
De Aparici recalcó que: “el proceso de reforma constitucional propuesto es ilegítimo y viciado porque fue convocado sin consulta y propone dar tratamiento a una Constitución en solo 30 días. Además, concentra el poder absoluto, eliminando las garantías y derechos constitucionales, incluyendo la persecución política y el atropello a los pueblos indígenas. La Constitución debería proteger la multiculturalidad de Jujuy y aplicar limitaciones en los poderes y organismos de control. La Constitución propuesta es regresiva y plantea situaciones de gravedad”.