Entre las y los trabajadores de la Salud Pública la falta de respuestas generó una escalada de las protestas que ayer llegaron a la Catedral Basílica en las primeras horas de la mañana, cuando tres agentes se encadenaron dentro del edificio.
Al mediodía fueron notificadas de que su actitud implicaba una contravención y, según dijeron las manifestantes a este medio, el mismo Arzobispado les habría radicado una causa por intento de “toma” de la Catedral. Hasta anoche no se logró dar con ningún referente de la curia salteña para confirmar si existía efectivamente esa denuncia.
“Estaba la policía, Infantería y hasta los bomberos”, contó Marina Guanca, una de las tres mujeres que decidieron encadenarse. Hubo funcionarios de Salud de tercera y cuarta línea que se acercaron a dialogar para que se retiraran de la Catedral, pero solo ante las notificaciones de la apertura de causas penales decidieron retirarse.
El fin de semana las y los autoconvocados mantuvieron cortes de manera intermitente sobre la ruta nacional 51, a la altura de la localidad de Campo Quijano, que conduce directamente a las mineras ubicadas en la Puna. El viernes, ante la convocatoria al diálogo del ministro de Salud, Federico Mangione, las cuatro mujeres que se encontraban en huelga de hambre suspendieron esta medida, pero las demás protestas continuaron.
La intención era que los pedidos de autoconvocados, que solicitan mejoras en el básico, el porcentaje de la antigüedad y la estabilidad laboral de contratados, sean acordados con los gremios. Es así que la tarde de ese día se recibió a la Intergremial de la Salud (conformada por ATE, UPCN, APSADES, UPES, y ATSA), que elevó un petitorio similar al de trabajadoras y trabajadores autoconvocados.
Los gremios pasaron a un cuarto intermedio con un nuevo pedido: la misma recomposición anunciada para sus pares de la docencia, que implique que cada agente llegue a los $203, valor de la canasta básica.
El domingo en la noche, en tanto, desde Salud se convocó a una comisión de autoconvocados que estaban sobre la ruta 51 a reunirse en Casa de Gobierno. “Nos llamaron para pedirnos saber qué reclamábamos”, contó una de las referentes que ingresó a la reunión. La convocatoria sin respuesta oficial alguna, ofuscó aún más a los manifestantes.
“Yo vi una intransigencia desde el sector de Salud”, dijo por su parte el secretario de Servicios de Salud, Adrián Rua, al ser consultado por los reclamos. Afirmó que posiblemente mañana miércoles pueda haber alguna respuesta a los pedidos. Sucede que “la sábana queda corta”, manifestó al referirse al presupuesto y la imposibilidad de dejar de atender otras necesidades urgentes, como los insumos, para trasladar las partidas a los sueldos.
A la tarde, finalmente, llegó la reunión con la Intergremial. Pero “No acercaron ninguna propuesta”, dijo la secretaria general de ATE, Mabel Alvarez, al responder a las consultas de este medio.
Como las puertas de la Catedral Basílica, las del Grand Bourg seguían anoche cerradas a una posible respuesta. Mientras, las y los autoconvocados del sector esperan una solución que destrabe el conflicto sobre la ruta nacional 51, en donde las bajas temperaturas son más extremas que en la capital salteña, mientras que otros están en carpas ahora ubicadas enfrente de la Catedral salteña.
En la plaza 9 de Julio, en tanto, se dispuso una carpa con las encadenadas frente a la Catedral, y en la calle subsiguiente, otra carpa más con dos mujeres que reiniciaron la huelga de hambre.
La Iglesia y sus posiciones
El mismo Arzobispado que ayer permitió que una guardia policial reforzada saque a tres mujeres de la Catedral, fue el que convocó el viernes a un ayuno por “la unidad y la paz social”.
El sábado, por su parte, el Obispado de Orán sacó un comunicado titulado “Solidarios con el pueblo que sufre y clama justicia”, en el que se refirió al papel de las y los políticos en la búsqueda de soluciones para las problemáticas sociales y económicas, y particularmente a la llamada "Ley antiprotesta".
"Una Ley, como la así llamada 'Ley de convivencia y conciliación ciudadana' -que llamativamente fue aprobada de modo urgente, sin tratamiento en las comisiones- no puede intentar silenciar el grave colapso que están viviendo las distintas instancias de representación y participación en la vida democrática. Además, manifiesta la escasa representatividad que distintos sectores reconocen a quienes deberían levantar sus voces”, dice el comunicado firmado por el obispo Luis Scozzina y Claudio Pablo Castricone, obispo auxiliar.
“Necesitamos nuevos espacios de diálogo donde los que reclaman sus derechos encuentre a los actores políticos como mediadores de las soluciones que se reclaman”, indicaron ambos religiosos.
Terminaron su comunicado diciendo: “nos preocupa la baja calidad democrática vivida en el reciente proceso de las últimas elecciones provinciales, donde se repiten en muchos municipios y localidades prácticas electorales clientelistas y alejadas de toda ética ciudadana. Además de las denuncias de algunas graves irregularidades en el funcionamiento del sistema electrónico de votación. Escuchar al pueblo es permitir su libre expresión ciudadana alejada de toda manipulación o cooptación de su voluntad soberana”.