Una decisión de la mayoría de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hace caer otra causa contra Cristina Fernández de Kirchner y podría proyectar efectos en el caso de los "cuadernos". Los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma declararon la nulidad de todo lo que hizo el fallecido juez Claudio Bonadio en un expediente sobre el supuesto uso del avión presidencial para trasladar muebles a El Calafate y, a la vez, decidieron apartar a los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Ese trío había insistido el año pasado en procesar a la vicepresidenta pese a los señalamientos de sus superiores e incluso Llorens, en minoría, había pedido su desafuero y detención. La lógica es que ahora el juez de primera instancia, Sebastián Casanello, considere el asunto por terminado y dicte el sobreseimiento. 

La gran Bonadio

Uno de los métodos que utilizaba Bonadio para ejercer persecución política con el poder de su juzgado era lo que en la jerga jurídica se llama "extraer testimonios" (es decir, hacer una denuncia) en base a algún supuesto hallazgo en alguna causa que tuviera en trámite y quedarse él mismo la nueva investigación. 

Así se inició, por ejemplo, el famoso caso de los cuadernos: en un expediente donde se investigaban presuntos sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado y en el contexto de un incidente donde se discutía el embargo a Roberto Baratta --exsecretario de coordinación del ministerio de Planificación en tiempos de Julio De Vido-- apareció para declarar una expareja de su chofer, Oscar Centeno, a quien le atribuyó el traslado de bolsos con millones de pesos de supuestos sobornos. Con eso el juez abrió un nuevo expediente y se autodesignó a cargo, con el mismo fiscal, Carlos Stornelli. 

Justo dentro de ese caso de los cuadernos, surgió la historia del uso del avión oficial, declararon pilotos y Bonadío extrajo testimonios. Otra vez se quedó él mismo con la causa. Así dijo que entre 2003 y 2015 había existido un uso irregular del avión oficial, con el envío de diarios y muebles al sur. A CFK le atribuyó el delito de peculado. 

La imparcialidad irremediablemente comprometida

El voto del camarista Slokar, con adhesión de Ledesma, volvió sobre algo que ya le habían indicado a la Cámara Federal: "No puede omitirse que el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante –luego ocurrido por vía de recusación-- vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido, a la par que atributo esencial de la función a fin de procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial. En definitiva, es en virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa". 

La jueza especificó: "constituye un presupuesto del tribunal imparcial la prohibición de que forme parte de él 'quien haya intervenido, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia de la misma causa'". Guillermo Yacobucci no se pronunció sobre la cuestión de fondo y dijo que el recurso "no se dirige contra una sentencia definitiva". 

El fallo hace lugar a la nulidad que había planteado la defensa de CFK y, con el criterio de la nulidad de lo que se hizo, las defensas del caso de los cuadernos, que está ahora en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) bien podrían  postular algo similar. Ese caso ya viene jaqueado desde varios ángulos: una es la causa que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, impulsada por uno de los empresarios implicados, Armando Loson, quien sostienen que los cuadernos de Centeno están manipulados. 

En lo que a él atañe, un peritaje privado detectó 1600 tachaduras y enmiendas. Esas maniobras sobre el texto fueron confirmadas por un peritaje oficial que, además, detectó caligrafía de otra persona, que podría ser Jorge Bacigalupo, el policía retirado amigo del chofer que le entregó los cuadernos al periodista de La Nación, quien llevó copias a Stornelli. 

La "sala M" (de Macri) cuestionada

CFK fue indagada por el asunto de los vuelos el 25 de febrero de 2019, día en que Néstor Kirchner hubiera cumplido años. El interrogatorio fue parte de una tanda de ocho indagatorias juntas que había dispuesto Bonadio. El juez había sido apartado de este caso por "pérdida de neutralidad" por Casación en diciembre de aquel mismo año. En esa ocasión, el reclamo lo había hecho el actual senador y exsecretario presidencial Oscar Parrilli, quien al igual que la vicepresidenta había sido procesado. Poco antes la Sala I de la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Fernández de Kirchner mientras que desprocesó a Parrilli. 

La defensa de la vicepresidenta regresó a la Cámara de Casación, que en mayo del año pasado anuló la resolución que confirmaba su procesamiento --al revés de lo que opinaba el fiscal Raúl Pleé-- otra vez por la falta de imparcialidad y porque era notorio que Bonadio había actuado de manera diferente en otros casos (por ejemplo, se había excusado cuando el investigado era su par Luis Rodríguez). 

Por eso la causa volvió a la Cámara Federal, que tenía que debía volver a pronunciarse en la línea planteada por sus superiores. Ahí fue cuando, a contramano, Bruglia, Bertuzzi y Llorens se rebelaron y reafirmaron el procesamiento en septiembre del año pasado. 

Los dos primeros son los jueces designados a dedo en ese cargo por Mauricio Macri, por el cuestionado (hasta por la Corte Suprema) mecanismo de "traslado". Estaban en tribunales orales y el expresidente los mudó a la Cámara de Comodoro Py, para lo que no habían concursado. Llorens, el camarista arquero de la Liverpool, el equipo que jugaba en la quinta Los Abrojos de Macri, dobló la apuesta en aquella resolución y también pidió el juicio político y la detención de CFK. 

La vicepresidenta volvió a Casación y pidió la nulidad de aquella decisión. Slokar y Ledesma le dieron la razón. Además decidieron apartar al trío de camaristas que había insistido en validar la acusación pese a la advertencia de sus superiores, en una forma cuanto menos de prejuzgamiento. Respecto de Llorens, avalaron, como sostuvo la defensa de la vicepresidenta, que había pedido la detención sin ninguna atribución legal ya que solo estaba habilitado para revisar nulidades y opinar sobre el procesamiento y el embargo establecido. 

Ahora deberá resolver el destino de la causa el juez Casanello, el mismo que sobreseyó a CFK la semana pasada por el caso "la ruta del dinero", sostenido durante diez años por el mismo fiscal que finalmente pidió cerrarlo, Guillermo Marijuán, por los esfuerzos de la Cámara Federal y de organismos del gobierno de Macri utilizados para perseguir.