Ante el amplio rechazo que había generado, Gerardo Morales dio marcha atrás y derogó el decreto con el que criminalizaba la protesta social en Jujuy. De todos modos, la decisión tardía del gobernador no alcanzó para descomprimir el conflicto con los docentes provinciales, que llevan adelante una huelga por tiempo indeterminado en demanda de aumento salarial. Por el contrario, la insistencia de Morales con una baja oferta salarial, así como su amenaza de descontar los días de paro si no se levantan las medidas, indignó más a los maestros, que confirmaron la continuidad de la huelga. "Volveremos a clases cuando tengamos salario digno", fue la respuesta docente, mientras crece también el reclamo del resto de los sindicatos estatales. En simultáneo, el gobernador avanza con sus políticas represivas a través de la reforma constitucional.

Tras masivas protestas en la provincia, Morales finalmente decidió derogar el reciente decreto que habilitaba la represión policial, daba intervención a la Justicia penal y castigaba con multas, despidos e inhabilitaciones a los protagonistas de reclamos en las calles. “Me comprometo a derogar ese decreto, ahora les pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto”, dijo Morales en una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda y Finanzas, y gobernador electo, Carlos Sadir.

Luego amenazó con sanciones a los docentes: “Si mañana no vuelven al trabajo les vamos a descontar todos los días de huelga y el presentismo", sentenció. “Hicimos algunas propuestas, todo es insuficiente, pero es la propuesta que hicimos. Mandamos a liquidar el aguinaldo y el sueldo con esta propuesta. Es lo que podemos, hasta acá llegamos”, se justificó el precandidato radical y dio por terminada la discusión salarial.

A pesar de la marcha atrás con el decreto, Morales ratificó su decisión de incluir en la reforma de la Constitución provincial el cercenamiento de derechos. “Vamos a prohibir el corte de rutas y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar mañana”, enfatizó el mandatario. Luego aseguró que “hay un objetivo político que busca neutralizar esta reforma que va a mejorar la calidad institucional de Jujuy y que el pueblo ya ha votado”.

Fiel a su estilo, reiteró sus críticas a “la izquierda, el kirchnerismo y Milagro Sala, quienes quieren generar violencia”, y agregó que “una facción minoritaria no puede arrogarse la decisión del pueblo”, en referencia a las elecciones del pasado 7 de mayo, cuando fueron electos los convencionales constituyentes.

Réplica docente

La respuesta al gobernador no se hizo esperar y los gremios docentes Cedems y ADEP ratificaron la continuidad de la huelga, que ya lleva nueve días y que ayer continuó con mateadas y una olla popular a la vera de la ruta provincial 1, en la ciudad de San Salvador de Jujuy y otras localidades. Los maestros exigen una recomposición salarial y se oponen a la reforma constitucional que impulsa Morales.

“Queremos un salario básico de 100 mil pesos. Queremos llegar a los 210 mil pesos de bolsillo y cláusula gatillo. En paritarias no queremos escuchar más que el presentismo es una variable de negociación salarial", afirmó la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa.

“La lucha va a continuar”, sostuvo Silvia Díaz, la secretaria general de los docentes primarios de ADEP. “Nosotros tenemos un mandato determinado por el congreso donde ni siquiera una localidad algo que no sea el rechazo de la propuesta y la continuación de la medida de fuerza. El paro no se levanta”, afirmó Díaz y agregó que los docentes jujeños tienen los sueldos más bajos del país y que no hay una recuperación salarial.

Conflicto creciente

Los gremios docentes junto a otros sindicatos de estatales jujeños, que se sumaron a las masivas marchas con sus propias demandas, organizaron un espacio “intersindical” para reclamar en forma conjunta mejoras salariales y para enfrentar la avanzada contra el derecho a protestar.

“En un discurso altamente contradictorio, (Morales) primero elogia a los docentes para luego extorsionarlos y amenazarlos con descuentos y por extensión amenazar al conjunto de los trabajadores jujeños. Posteriormente autoproclama estar abierto al diálogo para minutos después decir que se cierra abrupta y unilateralmente la paritaria docente, mandando a liquidar los sueldos una semana antes de la fecha habitual”, dice el primer párrafo del documento que los dirigentes sindicales leyeron en la sede de Cedems, cuyo gremio fue acusado de “violento” por el mandatario provincial.

“Todas esas contradicciones las rechazamos rotundamente. La paritaria docente es insuficiente y el aumento salarial que venimos recibiendo el conjunto de la administración pública en estos últimos años y en especial este último semestre nos vuelve cada vez más pobres y endeudados. Señor gobernador los conflictos en curso no se solucionan con prepotencia, extorsiones y amenazas. El pueblo jujeño hace más de una semana ya perdió el miedo”, dice otros de sus párrafos. El documento detalla las demandas de los gremios: "Exigimos que atienda el conflicto docente hasta su resolución por consenso y en paritarias; inmediata reapertura de paritaria general y sectorial para el conjunto de trabajadoras y trabajadores estatales de la provincia; rechazo de la reforma constitucional en curso; anulación efectiva del decreto 8464 y del código contravencional, ambos inconstitucionales”.

Reforma constitucional

Pese a los múltiples cuestionamientos, la reforma constitucional de Morales insiste en la restricción de derechos. El texto del artículo que obtuvo el dictamen de mayoría entre los constituyentes adictos al gobernador, bajo el título de “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica” estipula que la manda constitucional debe ser regulada por una ley “que deberá contemplar como mínimo”:

* “El ejercicio regular de los derechos no podrá ejercerse de manera violenta, o que impida u obstaculice el ejercicio de otros derechos”.

* “La reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación".

* “La prohibición de cortes de calles y cortes de ruta, así como todo otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas de la provincia”.

La redacción fue rechazada por los dos convencionales constituyentes peronistas, Amelia de Dios y Carlos de Aparici, que renunciaron a sus cargos “en rechazo del proyecto impuesto por la mayoría oficialista”. “Si se sanciona la reforma constitucional con este texto, no se retrocede ni se intenta morigerar las restricción de derechos que establece la Constitución Nacional”, sostuvo De Aparici, en diálogo con Página/12. “¿Con qué criterio se reglamentará en una ley la paz social de Morales -se preguntó De Dios-, si todos los derechos establecidos en la Constitución Nacional se ven afectados?”