"En esas comunidades donde las familias son muy fuertes y tienen un perfil ideológico determinado, las conducciones necesitan más acompañamiento del ministerio. Tratamos de acompañarlas para que puedan ir poniendo los límites". La que habló, y quedó registrado en un video que trascendió, fue Soledad Acuña. Un actor que distingue a la escuela pública es el que eligió la ministra de Educación porteña como blanco de su crítica macartista: las cooperadoras. A las que acusó de "gestionar por sí mismas como si fuesen los gerentes o los dueños de la escuela", como "cuando se dieron las situaciones de toma de escuela, o de los alacranes", tomando como ejemplo el Lengüitas. Tiene un plan de acción, dijo, para limitar esa mala influencia: "Mandar comunicaciones directas a las familias", como un modo saltear a estas cooperadoras --y, de paso, a las conducciones--. Desde los colectivos que nuclean a esas cooperadoras que funcionan completamente ad honorem --y hoy son básicamente las que sostienen las escuelas, pagando desde el papel higiénico hasta los aires acondicionados para enfrentar la ola de calor-- salieron a responder: "No somos el enemigo". "Las cooperadoras estamos trabajando incansablemente para que todo sea mejor. Si las escuelas no se caen a pedazos, es porque nosotros estamos sosteniéndolas", denunciaron. 

Además contrapusieron tres reclamos concretos: Que se revea la nueva Ley de Cooperadoras aprobada en diciembre pasado (que limita y entorpece, justamente, la participación de las familias, además de prohibir aquello que denote "actos político partidarios o cualquiera que implique conflicto de intereses" (sic). Que se mejore el monto del FUDE (el fondo que envía el ministerio para el funcionamiento de las escuelas, y que hoy cubre un porcentaje mínimo de los gastos totales). Y en este estado de cosas, que se termine el discurso de odio.

Esa costumbre de criminalizar

Los dichos de Acuña van contra toda idea de construcción de comunidad educativa, de inclusión de las familias y estudiantes, de pluralidad de voces, de resolución de problemas incorporando y no negando la mirada crítica de esa comunidad y, finalmente, de escuela pública. Sus palabras son graves por lo que implican, pero aún más por los antecedentes que viene sembrando el gobierno porteño desde este área, tal vez con la idea de proyectar cada gesto ante un electorado que considera derechizado. 

Algunos de esos antecedentes: La criminalización y persecución a las familias de estudiantes que tomaron colegios, a las que Acuña les mandó patrulleros en plena noche con intimaciones penales. La total negativa a rever o mejorar las "prácticas laborales" no rentadas en trabajos que sirven más a las empresas que a los estudiantes (repositore">repositor de supermercado, venta de pochoclos en cines, entre otros). La intervención de la cooperadora de la escuela Alvarez Thomas, que se distinguía por ser de las poquísimas en la Ciudad que gestionaba su comedor --sin entrar en el denunciado sistema de viandas--, y arrastraba un conflicto con el ministerio por la gestión de la pileta de natación que posee la escuela. 

La ministra se sintió cómoda para hacer esas apreciaciones en una reunión de vecinos en Barrio Norte, esos espacios a los que los funcionarios porteños suelen invitar a "tomar un café" a los vecinos, filtrando previamente los invitados a la mesa. No es la primera vez que muestra su honestidad brutal en confianza: ya había opinado por Zoom que quienes quieren ser maestros son “cada vez más grandes de edad, y eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras”, que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos y que “en términos de capital cultural” tienen menos para ofrecer en el aula. Además de invitar a las familias a denunciar supuestos casos de “bajada de línea” en las aulas.

"Estos nuevos dichos de la ministra cayeron muy mal, ya superan el cinismo. La verdad, hartan. Estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, cubrimos todos los baches que dejan en las escuelas, porque creemos en el derecho a la educación. ¿Y viene a atacar de esta manera? ¿En nombre de qué, qué le hicimos?". La que pregunta esto, siguiendo esa lógica de enfrentamiento que es la que plantean los dichos de Acuña, es Ani Meizoso, integrante de la cooperadora de la Escuela Juan Pedro Esnaola, y delegada de Cooperadoras de la Comuna 12.

"Lo que ella llama 'ideología' es el reclamo lógico que surge cuando el ministerio no cumple con su función de garantizar ese derecho a la educación. Es un reclamo genuino", asegura. ¿En qué consiste ese reclamo? Los balances de las cooperadoras --una de las muchas funciones que por estatuto están obligadas a hacer, llevar una exhaustiva contabilidad de ingresos y egresos-- acercan una respuesta. En el caso del Esnaola, que al ser una escuela de música necesita, lógicamente, comprar y mantener instrumentos, los fondos que envía el ministerio alcanzan para cubrir sólo un diez por ciento de esos gastos. Incluyendo el envío de un piano que, excepcionalmente, llegó el año pasado. El otro 90 por ciento --instrumentos de cuerdas, vientos, percusión, atriles, micrófonos, consolas de sonido, parlantes, resmas de hojas para la impresión de cuadernillos, todo lo que necesita una escuela de música-- lo solventa la cooperadora.

"También compramos papel higiénico, artículos de limpieza --que mandan, pero no alcanzan--, libros de secretaría, boletines, sellos, artículos de librería, arreglamos el mobiliario que se rompe", enumera Meizoso, y el testimonio coicide con los de otras escuelas. Con tres niveles y turnos, el Esnaola recibió el año pasado un FUDE (Fondo Unico Descentralizado de Educación, transferido por el ministerio) de 371 pesos por alumno para todo el año. 

Otro ejemplo es el de los balances que mostró la escuela Lugones, de Villa Pueyrredón, a las familias: lo que alcanza a cubrir ese fondo también ronda el 10 por ciento de los gastos. Se muestra además, la evolución (o involución) de las partidas, que alcanzaban a cubrir cerca de un 30 por ciento en 2019, decreciendo año a año.  

Tiempo donado

"Cada vez asignan menos para educación, bajando los presupuestos y sub ejecutándolos. Cada vez maltratan más a todxs lxs actores de la comunidad educativa, desgastando a la totalidad que la conforma", denuncia el texto de las cooperadoras. "¿Cómo lo hacen? Precarizando los puestos de trabajo de docentes. Creando la idea de que la escuela pública no se elige. Obligando a las cooperadoras a asumir cada vez más funciones y obligaciones". 

Recuerdan, además, que las cooperadoras están integradas por familias que donan su tiempo y saberes, y que ese tiempo es mucho, dependiendo de las funciones asumidas. "¿Podemos decir que hay personas que trabajan full-time y otras part-time en defensa de la escuela pública? Sí, podemos. Y entonces, ¿Son aliados o enemigos del gobierno de turno?", preguntan. 

"Hay funciones de la cooperadora que son realmente muy complicadas en términos administrativos. No somos contadores, y hay que aprender a hacer un balance, un ingreso contable, a identificar qué factura vale cuál no, saber hacer una conciliación. O hay que contratar un contador, y pagarle de nuestros ingresos. Además el gobierno antes tenía un asesor que se encargaba de hacer los trámites ante la AFIP, por ejemplo, que son muchos. Ahora te capacitan para que lo hagas vos. Es muchísimo tiempo, estás manejando recursos y es una responsabilidad grande, demanda una atención constante", describe su trabajo de tesorera en la cooperadora de la escuela Lugones Natacha Koss.

Gestión política

Camilo Fernández es cooperador desde hace 16 años; actualmente es presidente de la cooperadora de la Escuela Primera Junta de Caballito, y delegado de la comuna 6. También habla de la insuficiencia absoluta de los fondos recibidos. Las escuelas que no tienen cooperadoras bien organizadas y activas, claramente, la pasan peor.   

"A las cooperadoras, por un lado, se nos desautoriza y ningunea, ahora directamente se nos ataca. Y por el otro, se nos delegan funciones de gestión que no debemos ni queremos asumir", lamenta. "No tendríamos que estar comprando la lavandina que falta, el alcohol y los barbijos en la pandemia, pagando los arreglos de mantenimiento, inventando modos de llegar con la plata. Tendríamos que dedicarnos exclusivamente a sumar actividades recreativas, lúdicas, lo que la conducción considere necesario en lo pedagógico. No inventando formas de recaudar más". 

El aporte de las familias en concepto de cuota social es voluntario. Lo fija cada comisión directiva y se vota en asamblea, dependiendo las posibilidades de cada comunidad, y ronda los 700 pesos mensuales. Es fundamental --además de los bonos, ferias del plato, ingresos por buffet en las fiestas y mil maneras creativas de recaudar-- para llegar a completar los gastos que insume la escuela. Ni hablar si se plantea un gasto extra como el de los aires acondicionados, que con el calor extremo dejan de ser un bien suntuario para pasar a ser una necesidad.  

Fernández pide mayores espacios de trabajo conjunto y escucha a las cooperadoras. Y un cambio de lógica que deje de lado iniciativas como "Cooperar en Comunidad", el nuevo programa que en lugar de destinar fondos directamente para las necesidades de las escuelas, propone a las cooperadoras que presenten "proyectos innovadores" en una suerte de concurso, algunos de los cuales son seleccionados sin que quede demasiado claro en base a qué parámetros. "Nos pone a las cooperadoras a competir entre nosotras. Si hay fondos debieran ser para todos, o para el que los necesita", reclama. 

"Es curioso cómo los políticos denostan la palabra 'política'", concluye el cooperador. Cuando las familias reclamamos, 'hacemos política', y cuando ellos chicanean, hacen 'gestión'". En el medio, están los chicos y la necesidad concreta de las escuelas de seguir funcionando.


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