La jueza de Garantías Ada Zunino se inhibió de continuar actuando en los procesos penales iniciados a 19 docentes detenidos el 25 de mayo pasado en la ruta nacional 9, en el acceso sur a la ciudad de Salta. 

La magistrada dijo que se aparta con el objeto de “garantizar la transparencia en el desarrollo de las actuaciones”. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que las causas abiertas por delitos de obstrucción de vías de transporte y desobediencia judicial continuarán su curso en el Juzgado de Garantías de Segunda Nominación, a cargo de Ignacio Colombo. Anoche, en declaraciones públicas, Zunino adelantó que iniciará acciones legales contra el tiktoker Michelo y el docente, periodista y concejal de Orán Samuel Huerga.

Entre los argumentos planteados en su inhibición, algunos apuntaron a expresiones que, interpreta, recibió en su contra los días posteriores a las detenciones de los y las educadoras. También mencionó el tratamiento que recibieron sus declaraciones en medios de comunicación salteños. Aseguró haber sido víctima de una “violencia inusitada e infundada”, y “haber sufrido violencia psicológica, moral y espiritual”. Por lo último, señaló principalmente a “docentes involucradas, que la acusaron públicamente de represora y violenta”. Esas declaraciones, informó, ocurrieron en conferencias de prensa días después de la represión que provocó la orden de despejar la autovía nacional. Ese fin de semana largo de mayo, la protesta de trabajadoras y trabajadores de salud y educación llevaba quince días, con movilizaciones en la ciudad de Salta y cortes de ruta.

En su apartamiento la jueza Zunino recordó que el 24 de mayo por la noche había dialogado con algunos manifestantes en el ex peaje Aunor en la ruta 9. Explicó que se constituyó “en respuesta al requerimiento de los miembros del Ministerio Público Fiscal", y que ese día  "intervino en el bloqueo" debido a la "obstrucción de la libre circulación por parte de manifestantes (en) el acceso a la ciudad de Salta”.

Si bien esa noche del 24 las y los manifestantes abandonaron el corte de ruta intermitente, la jueza los instó a abstenerse de realizar cualquier acción que bloqueara la libre circulación. Además, les advirtió de manera verbal, que en caso de incumplimiento, ordenaría el despeje y el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.

Ahora Zunino recordó que se coordinaron acciones con la Fiscalía Federal de Salta porque la ruta 9 es jurisdicción nacional. La tarde del día 25 de mayo los hechos se precipitaron como un dominó. Una oficial de la policía de la provincia notificó verbalmente a los manifestantes que debían abandonar la medida. Horas más tarde, el caos se apoderó de la zona del bloqueo: docentes corrieron perseguidos por miembros de Infantería en contra del sentido de circulación de los vehículos antes de ser capturados; algunos se refugiaron en la capilla de un cementerio privado; durante algunas horas nadie supo del paradero de otros. Una vez en la Alcaidía salteña, permanecieron toda la noche hasta el 26 por la tarde, con una importante vigilia apostada frente a la sede del Poder Judicial de Salta en la zona norte de la ciudad.

La anulación de los procesos judiciales iniciados esa semana de mayo hoy forman parte de los reclamos del colectivo docente autoconvocado. Desde la semana pasada, educadores y educadoras redefinen delegados. Hasta el momento, Salta Capital, Orán y Rosario de Lerma han ratificado o cambiado a sus representantes o voceros. El proceso se encuentra en desarrollo y esta tarde se reúne la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada en la ciudad de Salta. Será bimodal para asegurar la mayor participación posible y tiene por objeto reconstruir el movimiento y reencauzar el proceso de lucha.

Fuentes consultadas por Salta/12 en la Asamblea aseguraron que el proceso de toma de decisiones en Asamblea fue manipulado la semana pasada, cuando un grupo de delegados y delegadas firmaron un acta acuerdo con el vicegobernador Antonio Marocco y legisladores provinciales. Ese documento propició la actualmente cuestionada resolución 163/23, por la que se dejó sin efecto la también cuestionada resolución 159 (de la obligatoriedad de devolver los días de paro con trabajo los fines de semana y feriados), y la mesa de diálogo del 26 de junio próximo.

Por otra parte, durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto de declaración presentado sobre tablas para su tratamiento, de autoría del legislador por General Güemes, Germán Rallé (Gustavo Sáenz Conducción).

El proyecto es un pedido a las y los legisladores nacionales por Salta para que “realicen las gestiones necesarias” con el fin de que el “Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación, haga extensivo el régimen previsional previsto en el decreto nacional 538/75 a los docentes de nivel secundario y terciario de establecimientos ubicados en zonas y áreas de frontera”. Rallé recordó que la iniciativa, que fue aprobada, respondía a pedidos realizados por delegados de la docencia autoconvocada durante la reunión con legisladores del viernes 9 de junio.