El Congreso de El Salvador aprobó una ley de reestructuración territorial que impulsó el presidente Nayib Bukele para reducir el número de municipios de 262 a 44 a partir de mayo de 2024. La iniciativa era rechazada por la oposición, que asegura que le permitirá al oficialismo profundizar su control en los gobiernos locales.
La primera modificación territorial de El Salvador en 84 años se aprobó con el voto afirmativo de 67 de los 84 diputados del pleno, tras casi seis horas de debate.
El festejo de Bukele
"Con supermayoría, la Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que reduce el número de alcaldías de nuestro país, de 262 a 44. ¡Historia!", celebró Bukele en Twitter.
El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, explicó que el objetivo de la modificación territorial es "agilizar la coordinación de planes de desarrollo" y aseguró que es una acción que "se debió tomar hace décadas".
Los cambios territoriales en El Salvador
"El territorio de El Salvador para su administración continuará dividido en los actuales catorce departamentos con 44 municipios", mientras los antiguos 262 se denominarán "distritos municipales", dice el artículo 1 de la nueva ley. En base a la nueva normativa, quedó establecido que "se conservarán" y se "respetarán" las tradiciones religiosas y culturales que actualmente poseen los 262 municipios del país.
En un comunicado publicado en la página web del parlamento, el órgano legislativo aseguró que los distritos no perderán sus oficinas administrativas y agregó que la medida no afectará la extensión de partidas de nacimiento, las tarifas de impuestos municipales ni otros servicios que prestan en la actualidad las comunas.
Si bien la ley señala que no habrá despidos en las alcaldías, aclara que en mayo próximo se suprimirán los puestos de los miembros de aquellos concejos municipales que dejen de funcionar, aunque no aclara cuantas personas son.
Lo que sí cambiará es la distribución de los concejales, que se asignarán en función del número de habitantes. "De acuerdo a esto, habrá 40 concejos con diez miembros, dos con 14 miembros, y dos con 16", a lo que se suman 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales, "una reducción significativa, comparado con los casi 3.000 (funcionarios) que hay actualmente", según el comunicado.
Las críticas opositoras
Votaron en contra de la normativa los diputados de los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Nuestro Tiempo y Vamos.
Para el diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista FMLN, la reducción de municipios es "una táctica del gobierno por mantener el control territorial"
"Lo que nosotros analizamos de la intención de reducir el número de municipios y diputados es que responde a un cálculo electoral, a una proyección electoral de parte del partido oficial y del presidente", analizó Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana.
Sigue el estado de excepción
Además de la reestructuración territorial, el parlamento aprobó la decimoquinta prórroga del estado de excepción que rige desde marzo de 2022 y que permitió detener a unos 65.000 presuntos miembros de pandillas.
El estado de excepción habilitó al Gobierno salvadoreño a suspender ciertas libertades y garantías constitucionales, desplegando militares en las calles, extendiendo el plazo máximo de detención provisional de 72 horas a 15 días y prohibiendo el derecho a reunión, entre otras cosas.
La ONU y organismos humanitarios como Human Rights Watch o Amnistía Internacional alertaron sobre las "evidencias graves" de abusos a los Derechos Humanos desde que rige el estado de excepción.
De acuerdo con un informe de la organización humanitaria Cristosal, al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida de excepción, implementada por el Gobierno de Bukele para "combatir" a las pandillas.
El Congreso, a pedir de Bukele
Con una asamblea de amplia mayoría oficialista, en marzo de 2021 destituyó a los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia de justicia del país y luego del titular de la Fiscalía General del Estado.
La semana pasada, el Congreso aprobó reducir de 84 a 60 los escaños en el órgano legislativo, una medida anunciada por Bukele semanas antes, en el mismo discurso en el que anticipó que su próxima batalla será "contra la corrupción".
