La Legislatura tratará hoy la suspensión del fiscal Aldo Gerosa, acusado de presionar a una menor abusada por Marcelo Galaz, ex mano derecha del senador nacional por Juntos por el Cambio Dionisio Scarpin. La diputada provincial socialista Erika Hynes, quien es la acusadora ante la Comisión de Acuerdos, explicó que esta será una cuestión "preventiva" y que se "busca determinar si el fiscal actuó bien o mal ante la acusación contra Galaz. Pedimos que sea suspendido y no continúe al frente de la unidad de violencia de género de Reconquista mientras continúa la investigación" indicó la legisladora. Gerosa está cuestionado por su actuación en el caso de Galaz, quien admitió haber cometido el delito de violación durante seis años contra su sobrina menor de edad. La semana pasada un tribunal de Reconquista aceptó el juicio abreviado a pedido de las partes y el mencionado ex funcionario municipal pagó un resarcimiento económico. Purgará siete años de prisión cuando en un primer momento el fiscal Gerosa había solicitado 32 años de condena.

"Esta es una medida preventiva, la suspension requerida es por el tiempo que dure el proceso disciplinario y cuando esté terminada la acusación, se votará la cuestión de fondo", explicó Hynes a Rosario12.

La diputada aclaro que están "analizando todo el proceso que llevó a cabo Gerosa y cómo se desempeñó en él. Por eso, lo vamos a suspender mientras seguimos con la investigación para entender una cuestión de fondo, es decir si él tiene que ser sancionado de alguna manera". Hynes explicó que la acusación contra Gerosa se basa en un extenso escrito que firmó el auditor del Ministerio Público de la Acusación Leandro Mai sobre el desempeño de Gerosa. "Este es el material que respalda esas acusaciones, así que estamos trabajando en ese sentido. Como ustedes saben, a este fiscal se lo acusa de varios hechos que tienen que ver con su mal desempeño, con una conducta y una revictimización de la denunciante, con una falta de perspectiva de género, entre otros".

Hynes aclaró que "lograda la acusación, el propio fiscal tendrá derecho a su defensa y su descargo, como también existe la posibilidad de escuchar, si así lo desea, a la víctima del caso Galaz, porque ella es la que llama la atención sobre el fiscal y pide que lo aparten y dice que se sintió presionada para arribar al  acuerdo de juicio abreviado".

Sobre los tiempos del proceso en cuestión, la legisladora estimó que serán unos dos meses para producir la acusación y entre seis meses y un año para el proceso general, tal como ocurre en todos los procedimientos disciplinarios. 

La causa contra Galaz comenzó en 2021, cuando una joven, ya mayor de edad, denunció que su familiar directo, con quien convivía, la había abusado entre los 4 y los 11 años. La mano derecha de Scarpin estuvo preso siete meses y después fue enviado a su casa con su esposa y dos hijos menores. En Avellaneda eran vox populi las presiones políticas para desincriminarlo, por su rol político en la región, donde gobiernan radicales de Cambiemos.

Como telón de fondo, Gerosa se quejó públicamente porque, pese a su rendimiento en los exámenes en cuatro oportunidades, no fue designado juez. Hasta que llegó el día -noviembre de 2022- en que debía comenzar el juicio oral y público contra Galaz, en el que había pedido penas de 32 años. El senador Orfilio Marcón estuvo el día anterior en los Tribunales y el juicio se suspendió. Luego apareció un acuerdo abreviado que bajaba la pena a siete años de prisión, con una indemnización de seis millones de pesos. La nota de Rosario/12 y de los colegas santafesinos Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada puso en la agenda pública el tema.

"De todo lo expuesto esta auditoría puede concluir en cuanto a la individualización del reproche que el fiscal Aldo Héctor Gerosa se desempeña como jefe de unidad de la Unidad Fiscal Especial de violencia de género sexual y familiar, por especialidad exigía respuestas político criminales e institucionales de calidad del cargo específico que desempeñaba, sumado a la gravedad de las faltas cometidas, las cuales revisten de entidad suficiente como para poner en crisis su continuidad en el cargo", dice el dictamen de Mai.