La Cámara Federal liberó a seis militares que conformaron la Plana Mayor del Regimiento de Infantería I de Patricios durante la última dictadura. El juez federal Daniel Rafecas los había detenido por su responsabilidad en casi un centenar de secuestros que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y por la puesta en marcha de un centro clandestino de detención dentro de esa unidad del Ejército.

Durante los años ‘70, los militares cuadricularon el país para administrar mejor la persecución, la tortura y la muerte. El territorio nacional quedó dividido en cuerpos, zonas, subzonas y áreas. La zona de la Capital Federal estuvo a cargo de Jorge Olivera Róvere. La subzona II quedó bajo la dirección del Regimiento de Patricios, ubicado en el barrio de Palermo, que, además, tuvo la particularidad de ser la sede de funcionamiento del comando del Primer Cuerpo de Ejército.

En uno de los primeros debates que se hicieron desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad se juzgó la responsabilidad de Olivera Róvere y los jefes de área. El año pasado, Rafecas decidió avanzar y determinar qué atribuciones tuvieron quienes funcionaron como la polea de transmisión entre quienes daban las órdenes y quienes las ejecutaban.

En esa línea, Rafecas procesó el año pasado a quienes integraron la Plana Mayor del Regimiento de Patricios. Entre ellos, están Jorge Rubén Farinella –que era el oficial de Personal (SI)--; Ramón Manuel Vega, Carlos Washington Urqueta y Héctor Sergio Mónaco –que se desempeñaban como oficiales de Inteligencia (S2); Héctor Roberto Ranfagni –que ejercía como oficial de Operaciones (S3) y Alfonso Agustín Reuther, que estaba a cargo del área de Logística (S4).

Todos estos procesamientos fueron revocados por un fallo que firmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña también ordenaron la libertad de los seis militares y que Rafecas profundice la investigación. Pese a la demolición del fallo, quedó en pie la acreditación de que el Regimiento funcionó como centro clandestino.

Rafecas fundó la responsabilidad de los seis en dos hechos. Por un lado, que la subzona II en la que ellos integraban la Plana Mayor fue responsable de liberar la zona para que se produjeran 99 secuestros. La liberación de zona implicaba darle luz verde a distintas fuerzas represivas para que pudieran llevar a cabo los operativos de secuestros que, en muchos casos, implicaban un gran despliegue de vehículos o el corte de suministro eléctrico. La liberación de las zonas también trajo aparejado que no se tomaran las denuncias cuando los familiares recurrían a las autoridades para reportar que sus familiares habían sido secuestrados. Por otro lado, el juez también entendió que los seis militares tuvieron responsabilidad por el funcionamiento del Regimiento como un espacio de detención clandestina y tortura en el caso de ocho víctimas que allí fueron llevadas.

Nada de eso quedó acreditado, según la opinión de Bruglia y Bertuzzi. “Debemos contar con elementos probatorios fehacientes de su intervención en los operativos o en el centro de detención que funcionaba en el Regimiento I de Infantería de Patricios”, escribieron. “El hecho de poder ubicar a los encausados funcionalmente dentro de la unidad militar, de forma aislada, no alcanza para acreditar su participación necesaria en los acontecimientos implicados, sin otros documentos o testimonios que así lo aseveren, incluso bajo el grado de probabilidad propio de esta instancia”, agregaron.

Los argumentos de los camaristas para dictarles la falta de mérito a los seis represores pueden agruparse en dos conjuntos. Por un lado, le recriminaron al juez que los responsabilizó por el cargo que ostentaban y por las atribuciones que tenían según los reglamentos. Por otro, que, por el momento, no acreditó que estuvieran en los secuestros o en el centro clandestino. En realidad, Rafecas les achacó ser parte de una estructura que posibilitaba que las privaciones de la libertad se pudieran llevar a cabo sin inconvenientes en buena parte de la Capital Federal y sostuvo también que eran responsables por las víctimas que estuvieron secuestradas en distintos lugares del regimiento. 

Pero eso no es suficiente para la Cámara Federal. En otras palabras, Bruglia y Bertuzzi le reclamaron a Rafecas que consiga víctimas que puedan señalar a los seis militares como quienes las secuestraron, torturaron o mantuvieron cautivas a 47 años de los hechos. Le dijeron, además, que no alcanza decir que el terrorismo de Estado se ejecutó en la clandestinidad. 

Una de las curiosidades es que Vega, uno de los beneficiados por la Cámara Federal, se presenta como una víctima del terrorismo de Estado e incluso como alguien que asistió a familiares de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, su legajo muestra que tuvo “fatiga de combate”, lo que implica haber desarrollado una serie de síntomas que eran comunes entre quienes actuaron en los campos de concentración. Vega se inició en la represión en 1969 –cuando lo mandaron a sofocar las protestas estudiantiles y obreras en Córdoba–. En 1976, cuando lo destinaron al Regimiento de Patricios oficiaba como “interrogador”, lo que puede traducirse como “torturador”. Todo eso le generó un cuadro que incluyó pesadillas e insomnio.