El Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba elaboró una agenda social con diagnósticos y propuestas de intervención sobre las principales problemáticas de la provincia. El documento, titulado “Más democracia, más participación, más derechos: una agenda social prioritaria para Córdoba”, es el resultado de la colaboración con más de 60 organizaciones sociales de diversos sectores que trabajan en los territorios con personas que ven vulnerados sus derechos, y será presentado a los candidatos de todos los partidos que disputarán la elección del próximo 25 de junio, con el objetivo de incidir en la elaboración de políticas públicas que garanticen "mayor nivel de pluralidad, democracia e inclusión". Una agenda postergada, aseguran, que refleja las "deudas aún pendientes" tras 40 años de democracia.
"Una democracia sustantiva implica no solamente ampliar los espacios de participación, sino también pensar en una consulta estrecha y efectiva con las organizaciones que están trabajando en los territorios", dijo a Página/12 la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, Jaschele Burijovich. En este sentido, destacó el diálogo entre el ámbito académico y las organizaciones, un "encuentro de saberes entre la producción académica y la que es producto de la intervención concreta en problemáticas como niñeces, discapacidad, derechos humanos, violencias, salud mental, consumos problemáticos".
Como fruto de ese encuentro nació la agenda social que reúne un conjunto de temas que consideran prioritarios para la discusión pública. La iniciativa sintetiza años de colaboración entre las organizaciones sociales cordobesas y el sector académico, una experiencia iniciada por el Consejo Social, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, que articula el trabajo de investigación, extensión y docencia con más de 60 organizaciones territoriales.
El documento final presenta una serie de propuestas que, según afirmó Burijovich, constituyen "una agenda postergada en la provincia", y refieren a múltiples ámbitos de la vida pública, como alimentación, ambiente, derecho a la asistencia, cuidados, cultura, economía popular, diversidades, educación, educación sexual integral, educación intercultural bilingüe, espacio público, feminismos, hábitat y territorio y migración internacional. Además, se elaboró en forma transversal a los diversos colectivos que participaron, evitando la segmentación de la agenda social que dificulta un abordaje integral. Los temas se agrupan en cuatro ejes: a) Crear, ampliar y fortalecer múltiples intervenciones en los territorios; b) Invertir, capacitar y generar abordajes integrales desde las políticas del Estado; c) Formular, implementar y dar cumplimiento a políticas que reconozcan y amplíen el acceso a derechos; d) Democratizar, dialogar, rendir cuentas con y a las organizaciones sociales. Cada uno, a su vez, presenta un diagnóstico de la situación actual y una propuesta de acción.
Tras ser presentado a las autoridades de la universidad, el próximo objetivo del Consejo es acercar las propuestas a los candidatos que disputarán las elecciones a gobernador y a cargos legislativos este 25 de junio. El viernes se reunieron con candidatos a legisladores de Juntos por el Cambio, el martes con Creo en Córdoba, ayer miércoles con el Frente de Izquierda y hoy con el oficialismo provincial de Hacemos Unidos por Córdoba. "Hemos tenido una buena recepción inicial porque todos los partidos han aceptado reunirse con nosotros", valoró Burijovich.
Será la segunda experiencia de este tipo, tras un primer intento de diálogo con la dirigencia política que quedó obstruido por la pandemia. En 2019 el Consejo presentó un conjunto de propuestas a los candidatos, en materia de seguridad y derechos humanos, hábitat, economía popular y violencia de género. Sin embargo, no fue posible continuar el monitoreo para relevar la efectiva incorporación de las sugerencias. En esta oportunidad, esperan mantener la "continuidad del diálogo" con los actores políticos, como se señala en el cuarto apartado del documento. Para ello, tomaron las experiencias participativas de las organizaciones en consejos consultivos y mesas de concertación.
"Estudiamos el presupuesto y creemos que hay que invertir más en temas claves. Hay algunos presupuestos sociales y de salud pública que están por debajo del promedio de las demás provincias. Hemos identificado programas que requieren mayor intervención en los territorios", señaló Burijovich. Es que las agendas de los partidos políticos aun están lejos de los problemas que las agrupaciones observan diariamente en los sectores más postergados. "En general, nos parece que hay mucha generalización y las plataformas no están construidas en diálogo con las organizaciones que están trabajando en estos temas", afirmó la vicedecana y, en ese sentido, destacó una de las consignas que tiene la mesa de Discapacidad y Derechos Humanos que forma parte del Consejo: "Nada sobre nosotros sin nosotros".
Algunas de las claves planteadas en la agenda son la creación de un fondo específico para fomentar la economía popular; la elaboración de programas de vivienda; crear espacios de cuidado para las niñeces en los barrios y dispositivos de acompañamiento a familiares de niñas, niños y jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático; garantizar el acceso a la salud, educación y trabajo a la población trans-travesti y a personas con discapacidad, entre otros colectivos con derechos vulnerados. También se señala la necesidad de mayor inversión y participación de medios alternativos para romper con el "blindaje mediático" que construye barreras informativas en la provincia y dificulta la visibilización de los problemas sociales. Entre otros, la violencia institucional que ejercen tanto las fuerzas de seguridad como al interior de las instituciones de encierro, para la que proponen un protocolo policial controlado por las organizaciones y mecanismos locales de prevención contra la tortura. "Son propuestas que se vienen planteando y militando hace muchos años", señaló Burijovich.
Informe: Diego Castro Romero.
