La Unidad Fiscal que investiga el femicidio de Jimena Salas encontró evidencia que vincula a los tres hermanos imputados con otras actividades delictivas. Por este motivo, corrió vista a otras fiscalías para que investiguen estos hechos.

La fiscala de la Unidad de Femicidios Mónica Poma, el fiscal de Graves Atentados contra las Personas Leandro Flores y el fiscal de Derechos Humanos Gabriel González, que integran la Unidad a cargo de la investigación del femicidio, informaron que del análisis "de numerosos objetos secuestrados oportunamente" a los tres imputados, "se pudo determinar la presencia de bienes que habrían sido violentamente sustraídos en distintos hechos delictivos". 

Detallaron que entre lo secuestrado hay tarjetas bancarias, tarjetas transporte y documentos de identidad. Al entrevistar a los titulares, la Unidad Fiscal informó que "manifestaron haber sido despojados" de estos objetos, "en hechos delictivos donde en algunos casos aportaron características de sus agresores y en otros, precisaron la identidad de los causantes".

Con esas pruebas, la Unidad Fiscal solicitó que otras fiscalías continúen la investigación de estos delitos.

Asimismo, el equipo fiscal aseguró que detectaron irregularidades o desvíos en la recepción y distribución de donaciones y mercaderías provenientes de instituciones de bien público destinadas a comunidades originarias de Santa Victoria Este, en el extremo noreste de la provincia de Salta. Por este motivo, se dio intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos para que inicie una investigación al respecto.

Marcelo Arancibia es el abogado de los acusados Carlos Damián, Adrián Guillermo y Javier Nicolás Saavedra. "No conocemos absolutamente nada. Escuché que había tarjetas de crédito y débito, no sabemos ni dónde fueron secuestradas, ni a quién de los Saavedra les imputan eso", dijo ante la consulta de Salta/12.

Arancibia sostuvo que sus defendidos no fueron llamados a declarar aún sobre estos temas, que desconocen formalmente. De hecho, la Unidad Fiscal informó precisamente que remitió estas pertenencias a otras fiscalías para que inicien la investigación. "Consideramos que cuando tengamos anoticiamiento de ello, harán los descargos que correspondan", manifestó.  

El letrado dijo que está seguro que esto "es cuestión ajena al caso Jimena Salas", porque no tienen ninguna relación con la víctima debido a que "ninguno de los familiares, en este caso el viudo, ni allegados denunciaron la sustracción de elementos a los que se hace referencia". Recordó en este sentido que lo único que se había extraviado en la casa de Salas fue un celular encontrado después a orillas de la ruta nacional 9. También mencionó que se había encontrado un alajero sobre la cama pero "no notaron que se haya perdido absolutamente nada".

El defensor contraatacó afirmando que la Unidad Fiscal está "buscando dar un perfil de comportamiento para justificar la horrorosa investigación que han hecho".

Dijo además que la Unidad Fiscal pidió que se le revoque la domiciliaria a Carlos Damián. Contó que en ese marco se realizó una audiencia en la que el fiscal González  hizo referencia a estos supuestos delitos que no se vinculan al femicidio y también mencionó que corrieron vista a las fiscalías que correspondería actuar.

Respecto a las presuntas irregularidades en la distribución de donaciones y mercaderías para comunidades indígenas, aunque el Ministerio Público Fiscal no mencionó el nombre de Javier Saavedra en el parte de prensa, se infiere que esto estaría relacionado con él, debido a que realizaba tareas sociales en aquella zona.

El abogado defensor remarcó que Javier "nunca administró nada eso, no recibió donaciones. Ayudó cuando estaba, por decreto ministerial, a hacer reparto en Santa Victoria", pero no estaba al frente de la recepción de donativos, subrayó. "Nunca nos hicieron saber, qué mercadería, la vía de operación. Mucho menos sobre las tarjetas de crédito o débito producto de imprimir violencia a sus propietarios. Nunca nos hicieron saber de qué se trata", añadió.

Arancibia sostuvo que se hicieron muchos allanamientos, no sólo a los acusados, sino también a otros domicilios y desconocen específicamente en qué lugares se produjeron los secuestros de los elementos que se mencionan que estarían vinculados a otros delitos. "No estamos negando que se haya secuestrado. Después de 10 meses recién sale esto como resultado", señaló.  

El abogado también indicó que hicieron una presentación ante la Corte de Justicia de Salta, por los rechazos a una contraprueba de ADN y a preguntas que habían presentado con un genetista de parte solicitando que fueran respondidas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El Ministerio Público Fiscal encontró compatibilidad del perfil genético de Javier Saavedra con el encontrado en la escena del crimen, y es la principal prueba en su contra.