Hechos como la desaparición forzada de Santiago Maldonado frente a la pasividad de los funcionarios, la continuidad de la detención ilegal de Milagro Sala por encima de todas las normas jurídicas, la decisión política de reprimir las protestas sociales y la evidencia de un Poder Judicial que actúa en connivencia con el gobierno, a lo que se suma entre otras varias cuestiones el cinismo de los candidatos oficialistas para evadir responsabilidades en la crisis económica y sus consecuencias, abren interrogantes sobre el sentido y la calidad de la democracia que tenemos.  

Al margen de las opiniones políticas que puede merecer la gestión de la alianza Cambiemos, no hemos dejado de sostener la legitimidad del gobierno encabezado por Mauricio Macri, como consecuencia directa de las elecciones del 2015.

Dicho esto, sería de enorme miopía política y un empobrecimiento para la democracia misma considerar apenas aisladamente la manifestación de la voluntad ciudadana en los comicios, dado que este hecho –de por sí enormemente significativo– no puede analizarse y evaluarse al margen de un complejo cúmulo de factores que son esenciales al sistema y que también le dan sentido.

En primer lugar porque el sufragio está indisolublemente ligado a un contrato que los candidatos contraen con los ciudadanos a través de sus propuestas de campaña y que, con posterioridad a la elección, se transforman en mandato de la sociedad a los gobernantes electos. Las promesas electorales incumplidas constituyen de hecho un fraude cívico y ciudadano. La cuestión de la representatividad garantizada por el voto es solo uno de los atributos de la democracia. Otro aspecto, de similar importancia y trascendencia, está directamente relacionado con el propósito de garantizar la igualdad de derechos entre las personas. Y no alcanza con la igualdad formal si no existe igualdad de oportunidades, basada en similares condiciones de acceso y ejercicio efectivo del conjunto de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

En democracia representatividad y garantía de derechos son dos caras de la misma moneda.

En 2002 la ex Comisión de Derechos Humanos (hoy Consejo de Derechos Humanos) de Naciones Unidos adoptó una resolución en la que establece los “elementos esenciales de la democracia”.

En ese texto se sostiene que a la par de la “celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto secreto como expresión de la voluntad de la población” y de la existencia de “un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas existen otras cuestiones que hacen a esa esencialidad. A saber:

Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Libertad de asociación.

Libertad de expresión y de opinión.

Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley.

La separación de poderes.

La independencia del poder judicial.

La transparencia y la responsabilidad en la administración pública.

Medios de información libres, independientes y pluralistas.

He aquí entonces una serie de criterios para evaluar desde el punto de vista democrático la situación que atraviesa la Argentina. Cada uno y cada una puede hacerlo seguramente revisando su propia situación y las experiencias que lo atravesaron en los últimos tiempos. A las vivencias personales podrá sumar que desde que Mauricio Macri asumió la presidencia se tomaron medidas que afectan la calidad de vida, se ha ido restringiendo sistemáticamente el derecho de asociación, se reprimen las protestas, no está garantizada la seguridad de las personas, no se respeta la separación de poderes y el Poder Judicial actúa como acólito de las decisiones del oficialismo usando doble vara para similares situaciones y escenarios, mientras el sistema de medios monopólicos concentrados desinforma o miente actuando en consonancia con el gobierno.

Así planteadas las cosas lo que se discute hoy en la Argentina no es la democracia como sistema. Tampoco la legitimidad del gobierno y la continuidad del mandato presidencial. Sí se reclama acerca de la calidad de la democracia que queremos y necesitamos para garantizar una convivencia ciudadana basada en derechos, igualdad y justicia para todos y todas quienes habitan este suelo. Y al mismo tiempo se trata de preguntarnos cómo hacemos para recuperar, con sagacidad e inteligencia política, lo que estamos perdiendo.