El juez federal Daniel Rafecas firmó este jueves el pedido de captura de cuatro libaneses-paraguayos-brasileños por su vínculo -muy indirecto- con el atentado contra la AMIA. Los cuatro sospechosos tuvieron presencia en Brasil y Paraguay en la época del atentado y su papel central fue que supuestamente ayudaron a Salman Raouf Salman --considerado el organizador del ataque-- a conseguir un documento de identidad paraguayo. El fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, sostiene que los cuatro formaban parte de la organización libanesa pro-iraní, Hezbollah, y que por ese motivo asistieron a Salman cosiguiéndole una dirección, un certificado de empleo y una agencia de turismo que le facilitó los trámites de ciudadanía, lo que luego permitió que tuviera una identidad falsa y se moviera sin problemas para organizar el atentado. Uno de los cuatro nuevos prófugos, Abdallah Salman, es hermano de Salman Raouf Salman. Para Basso la calificación contra los cuatro es de coautores del atentado. Y no sólo menciona la AMIA sino también, aunque lateralmente, el ataque contra la Embajada de Israel.

Durante muchos años, desde la época en que la causa era investigada por Alberto Nisman, la acusación sostuvo que el organizador del ataque contra la AMIA fue un sujeto llamado Salman El Reda. Se dijo que era colombiano. Tras la muerte de Nisman, la procuradora Alejandra Gils Carbó designó un equipo de fiscales --Sabrina Namer, Roberto Salum, Patricio Sabadini, Juan Murray, Leonardo Filippini-- quienes lograron avances de importancia en el expediente. Por de pronto, determinaron que El Reda no era colombiano y que, además, no se llamaba El Reda sino Salomón Salman, cuya verdadera identidad sería Salman Raouf Salman. También ese team de fiscales determinó que consiguió un documento paraguayo y pidió la ciudadanía de ese país.

Los sujetos que busca la justicia tienen documento paraguayo o domicilio en Foz de Iguazú. Es más, alguno de los reclamados ahora por la justicia argentina -transcurridos 29 años del atentado- tienen padres brasileños o paraguayos. Los pedidos de captura son para los siguientes individuos:

*Hussein Mojnir Mouzannar, con cédula paraguaya, y supuesto domicilio en Ciudad del Este o en Foz de Iguazú, en la triple frontera brasileña. Su aporte al atentado habría consistido en facilitarle a Salman un certificado de empleo con el cual el sujeto luego tramitó el documento paraguayo.

*Alí Hussein Abdallah, alias El Alto, El Tawil o Alí El Taweel, naturalizado brasileño y con pasaporte paraguayo. Su aporte habría consistido en proporcionarle a Salman un domicilio para conseguir el documento de Paraguay.

*Abdallah Salman, alias José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomon Abdalla, Abdallah Rammal y Abadía Ramal. Ahora vive en El Líbano y es el hermano de Salman Raouf Salman. Abdallah estuvo preso en la Argentina, en Rosario, por maniobras con dólares falsos, en su momento conocidos como superdólares. Eso fue en 1992. Pero la fiscalía dice que asistió a su hermano en todo.

*Farouk Abdul Hay Omairi, conocido como Roberto, brasileño naturalizado, cuyo último domicilio estaba también en Foz de Iguazú. Vinculó a Salman con una supuesta agencia de turismo que en verdad se ocupaba de hacer los trámites de ciudadanía y documentación de personas de origen árabe.

Para el fiscal Basso, los cuatro colaboradores de Salman fueron integrantes de Hezbollah y les imputa, por esa vía, participación en el atentado. No parece un salto sólido en las pruebas, aunque afirma apoyarse en testimonios y en una secuencia de llamadas telefónicas. Tampoco se exhibe una evidencia de que eran de Hezbollah -que además es un partido parlamentario y legal en El Líbano- o que supieran que Salman iba a intervenir en la colocación de uno o incluso los dos explosivos de Buenos Aires, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Como solía decir el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, las pruebas del expediente son más informes de servicios de inteligencia que pruebas judiciales.

Es verdad que, del otro lado, siempre hubo indicios de que el ataque contra la AMIA vino desde Brasil o la zona de la Triple Frontera. Un oscuro hombre vinculado a los servicios de inteligencia brasileños, Wilson Dos Santos, advirtió en la embajada argentina de Roma que se venía el atentado. En el ataque contra la Embajada de Israel, la camioneta Ford F-100 se compró con un documento brasileño a nombre de un tal Ribeiro Da Luz y en el caso de la AMIA, quien se llevó la Trafic de la casa del armador de camionetas truchas, Carlos Telleldin, pareció con acento centroamericano, aunque de entrada también se dijo que podía ser brasileño. Finalmente, siempre se aseguró -desde los tiempos en que la investigación estaba en manos de Nisman- que El Reda (Salman) usó un celular a nombre de un tal André Marques y a partir del 1 de julio de 1994 hizo llamadas desde la Triple Frontera, recibió comunicaciones desde locutorios de Buenos Aires e inmediatamente había llamadas a El Líbano.

De acuerdo a la investigación realizada en su momento, los dos hermanos Salman estuvieron casados con Karina y Silvina Saín, que trabajaban con el agregado cultural de la Embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani. Salman Raouf Salman, al que sindican como el organizador, se casó con Silvina y, supuestamente, ambos viven ahora en El Líbano. Por esas razones, siempre la fiscalía puso el acento en el papel de Rabbani como cerebro. El clérigo negó una y otra vez cualquier participación. Hoy en día vive en Irán y cada tanto reitera entrevistas en las que rechaza todas las acusaciones.

La resolución de Rafecas es breve, ocupa seis páginas, y no da detalles del papel que cada uno habría ocupado en el atentado. Hay una descripción general, “su vinculación con el hecho fehacientemente acreditado de que el 18 de julio de 1994, a las 9.53, un vehículo Renault Trafic se aproximó a la puerta del edificio de Pasteur 633, sede de la AMIA, y tras subir a la acera, detonó la carga explosiva provocando un estallido que produjo el colapso de la parte delantera y el fallecimiento de 85 personas”. La acusación más precisa, con los testimonios, figura en el pedido de captura formulado por Basso en noviembre. Ese documento tiene 74 páginas.

El paso de casi 29 años hace pensar que la recolección de pruebas es casi imposible: depende de que aparezca algún arrepentido, pero no sólo con una declaración sino con evidencia chequeable. Hoy por hoy, la acusación contra los cuatro individuos de los que se pide la captura es que ayudaron a Salman a hacerse paraguayo: no más que eso. Lo demás son inferencias, deducciones. Por ejemplo, Basso afirma que no hay registros de entradas y salidas del país de Salman y eso lo considera una prueba de que se movía en la clandestinidad para no ser identificado. Es seguro que un abogado defensor dirá que no estuvo en la Argentina en ese tiempo.

Por eso, uno de los mayores problemas es la endeblez de las pruebas contra los que participaron del atentado y contra funcionarios y el gobierno de Teherán. Al punto que cuando fue detenido en Londres el exembajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, tras el envío de 400 páginas del expediente a la capital inglesa, el magistrado británico lo puso en libertad justamente porque consideró insuficientes las evidencias.