Tras siete días de movilizaciones y en esta jornada de paro general, una emoción en estado permanente me atraviesa el cuerpo. Pese a todo lo vivido, aún no puedo creer que sigamos siendo tantxs en la calle, desafiando un frío que lastima, metiendo ruido, haciéndonos ver y escuchar. Creo que desde los noventa no ocurría una movilización tan grande en Jujuy. Me conmueven los carteles sostenidos por cientos de manos, que dicen “Arriba los salarios, abajo la reforma”, lxs docentes y lxs compañerxs de Salud Pública, área donde me desempeño, que marcharon por primera vez. Y nos miramos y se nos caen las lágrimas. Más allá del arreglo salarial o de las acciones que pueda disponer Gerardo Morales para acallar, todo esto me da esperanzas, porque el común denominador fue la movilización de toda la provincia; hospitales de diferentes regiones, carteles de todos los colegios jujeños, las doñas de la escuela de Caspalá, una comunidad pequeña de La Puna, donde no hace tanto tiempo el gobierno reprimió duramente. Y esto lo están impulsando y sosteniendo lxs docentes, con la adhesión histórica de la docencia privada.

Como militante social y política, no tengo duda que estas jornadas significan un hecho histórico, y es clave señalar el rol del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), que no es condescendiente con el gobierno provincial y tiene una potencia increíble. Pero tampoco queremos que quede invisibilizada la cuestión de la reforma constitucional, porque encubre lo que puede suceder a futuro con la movilización popular. Me pregunto qué van a hacer, ¿van a meter preso a todo el pueblo? Si asume un gobierno nacional con estas mismas características políticas persecutorias y represivas, y sabemos que en 2015 Jujuy fue el laboratorio de esas políticas, muchxs seguramente terminarán detenidxs como Milagro Sala, que continúa privada de su libertad, y no es un dato menor. 

Si bien Gerardo Morales dijo que daba marcha atrás con el decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares “con penas propias de gobiernos dictatoriales”, como expuso un comunicado de la CTA, de todos modos la acción intentó frenar a esta masa que se moviliza, y apunta a las prácticas que comenzó a implementar en 2015, por las cuales Milagro sigue presa. Es apelar a viejos recursos que a Morales le funcionaron muy bien durante ocho años. Por un lado, significa la estigmatización de las organizaciones sociales, y por el otro se trata de una herramienta real de amedrentamiento y de represalias. Sucede que el pueblo trabajador ya no tiene ese miedo del principio, y sigue en la calle con la misma intensidad de la semana pasada. 

No sé si es una expresión de avance de la derecha neoliberal, o de ocho años de experiencia represiva en la provincia, que apunta especialmente contra lxs trabajadores estatales, y eso es lo grave, porque la mayoría de lxs jujeñxs con trabajo regular lo hacen para el Estado, ya sea municipales o estatales. Amedrentar a trabajadores con que pueden ser cesanteadxs es como atacar a más de la mitad de la población jujeña, pero los ojos del pueblo se fueron abriendo de a poco, y hoy ven esa relación perversa de sometimiento que supo tejer el gobierno provincial. El ajuste y la represión son embates contra los que venimos batallando desde 2015, que se profundizaron en estos años, con salarios bajísimos. Todas las políticas son dirigidas a la fragmentación, con intimidaciones personales, apartamientos en los lugares de trabajo y persecuciones individuales a quienes tenían una voz diferente.

Lo cierto es que el decreto dejó al descubierto la antesala de la reforma constitucional, que sí afectará de manera directa, porque uno de sus ejes es la prohibición de movilizaciones y de todo tipo de expresiones en la calle. El mensaje que entendimos perfectamente las organizaciones sociales, políticas, sindicales, feministas y de las disidencias, es que no podremos salir más a reclamar ni por los femicidios, transfemicidios y travesticidios, ni por la aparición de una piba o por el abuso o el maltrato a lxs compañerxs de la diversidad: seríamos todxs delincuentes. Dicen que es una política para “mantener el orden”, cuando en realidad quieren criminalizar la protesta. Nosotrxs entendemos que no se pide permiso para tomar las calles.

Alarma también la mirada de esta reforma sobre las tierras fiscales, que pasarían a ser parte del Estado para su productividad, cuando tenemos comunidades originarias que viven en esos espacios hace generaciones, y que serían echadas de sus propios territorios. Todavía nos resuena en la memoria la represión que sufrió la comunidad kolla de Caspalá, en noviembre de 2022, cuando defendían la histórica cancha ubicada en un terreno comunitario, que el gobierno expropió. Caspalá es uno de los diez pueblos más lindos del mundo, conocido por sus artesanas y tejedoras, que tanto promociona Morales, y sin embargo dispuso reprimirlas sin que le temblara el pulso cuando esas mujeres pusieron el cuerpo para resistir la expropiación. Por nosotrxs y por todxs, ellas también están presentes hoy en las calles. 

*Licenciada en Psicología, activista feminista. Secretaria de Organización del Movimiento Evita Jujuy