Los trabajadores de Acindar en Villa Constitución lograron ayer destrabar un conflicto que permitió achicar brechas entre quienes son de planta y tercerizados, que tenían una diferencia salarial de unos 100 mil pesos. La protesta se efectivizó con un "apostamiento" en las puertas de la planta por parte de varios centenares de operarios, de uno y otro convenio, lo que derivó en una audiencia que ayer al mediodía logró zanjar esas diferencias. En medio de las negociaciones una fiscal provincial ordenó a la policía santafesina garantizar el normal funcionamiento de la planta  “cosa que escapa a la competencia de ambas”, según denunció la abogada Gabriela Durruty.

Según Manuel Casas secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución "el primer el primer punto acordado es una suma por única vez de 45.000 pesos que va a ser absorbible del acuerdo de productividad, y más un 7,6%". También se discutió una reformulación del pago de un bono por productividad que había sido mal liquidado,

La medida de fuerza fue por los más de mil tercerizados y contó con el respaldo de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). "Los contratistas son prácticamente la mitad de los trabajadores de Acindar", explicaron fuente gremiales, quienes cumplen tareas de mantenimiento, limpieza, reparaciones de estructuras, tratamientos de chatarra y acopio de minerales, entre otras funciones". Después de este acuerdo un trabajador que haga tareas de limpieza en Acindar tendrá un salario bruto del orden de los 400 mil pesos" le dijo Pablo González secretario general de la UOM Villa a Rosario/12.

El problema, de fondo, es que el salario de los tercerizados es sensiblemente menor que el de los trabajadores de planta que, de hecho, vienen de la obtención de un acuerdo por su salario conformado. La protesta, que llegó después de la etapa de conciliación obligatoria, incluye un bloqueo de los portones por lo que la actividad de la firma está completamente paralizada desde el miércoles.

En medio de las negociaciones una fiscal ordenó a la policía que disponga las medidas pertinentes para garantizar el normal funcionamiento de la planta, lo que se entiende como el desalojo de los manifestantes. “Hasta ahora y afortunadamente, no ha habido acciones de violencia institucional, mientras están reunidos representantes del gremio y autoridades de la empresa intentando resolver este conflicto”, comentó Gabriela Durruty, abogada que patrocina a la UOM. “El conflicto tiene características estrictamente laborales y está dirimiéndose en el marco de la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

La letrada admitió su sorpresa porque “en medio de la medida de acción del gremio, la policía de la regional VI de Policía (de Villa Constitución) convocó al secretario general para ponerlo en conocimiento de que tenía orden de esa fiscal de garantizar el normal funcionamiento de la planta, lo que escapa a la competencia de una fiscalía y a las facultades de la policía. Ésta sólo podría intervenir ante la comisión de un delito o de un hecho con apariencia de delito, y nada de eso figura en el oficio judicial librado”.

“Los integrantes del gremio dicen que de ninguna manera está impidiéndose el ingreso a la planta. La medida está desarrollándose dentro de los carriles normales pensados por la legislación laboral para un conflicto gremial, por lo que introducir a la justicia penal – que siempre, y por definición, sólo puede intervenir ante la comisión de un delito – fue, de mínima, irresponsable. Por fortuna y hasta ahora, no pasó de una orden escrita”. Finalmente a las 14.30 se liberó el ingreso y se desconcentraron los trabajadores.