Desde Santa Fe

Santa Fe comenzó a saldar una deuda de la democracia, que se festejó con una ovación en las barras repletas de la Legislatura. La Cámara de Diputados aprobó ayer por amplia mayoría y giró al Senado la ley que repara a la comunidad travesti-trans por las “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos” que padeció por su identidad de género. El perseguidor fue el propio Estado provincial y sus brazos ejecutores: la Policía de Santa Fe y el Poder Judicial durante 27 años, desde el retorno democrático, el 10 de diciembre de 1983, hasta que la propia Legislatura derogó el viejo Código de Faltas, el 10 de junio de 2010. “La ley tiene un valor inmenso para ellas porque repara sus sufrimientos físicos y psicológicos, en un tiempo en el que perdieron la juventud, excluidas de la escuela, el estudio y el trabajo. Pero también para todos nosotros, para avanzar en una democracia profunda y seria, de acuerdo a las normas constitucionales”, dijo la diputada peronista Matilde Bruera, autora del proyecto.

La media sanción se aprobó por 27 a 5 y doce abstenciones. A favor: la mayoría de la Cámara. En contra: la avanzada negacionista: la diputada Amalia Granata, sus ex compañeros de bloque: Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi (ambos alineados hoy con el diputado nacional Javier Milei) y dos socios políticos de Juntos por el Cambio: Walter Ghione (que ingresó en la lista de Granata, pero se pasó al macrismo) y la diputada del PRO, Ximena Sola. Y las abstenciones: los doce del bloque radical. “Una vergüenza”, comentó a Rosario12 uno de sus vecinos en el recinto. Así que la ovación del final también incluyó gritos y repudios a los antiderechos.

La diputada Bruera abrió el debate como miembro informante de la ley. “Un trabajo elaborado por la comunidad travesti trans y sus asesores legales, que dictaminaron a favor cuatro comisiones de la Cámara: Género; Derechos y Garantías; Presupuesto y Hacienda y por último, Asuntos Constitucionales”.

“La ley es una reparación histórica a una comunidad tan castigada, no sólo en la dictadura, sino también democracia”, recordó la legisladora. “El terrorismo de estado tuvo un especial ensañamiento” con este colectivo. Pero la persecución sistemática por su identidad de género siguió en democracia, desde el 10 de diciembre de 1983 hasta que se derogó el viejo Código de Faltas, el 10 de junio de 2010, en esta Legislatura”.

La persiguió el Estado provincial. “La Policía de Santa Fe, desde un organismo tristemente célebre que se llamó Moralidad Pública, que perseguía y recaudaba. Una caja negra de la plata de la prostitución y el juego clandestino”, la calificó Bruera.

Igual que en la dictadura, en democracia también hubo “un especial ensañamiento” con la comunidad. “Fue una persecución sistemática –dijo Bruera-, las privaban de la libertad cada vez que salían a la calle, estuvieran o no en ejercicio de la prostitución, que era una de las pocas actividades para el sustento porque tenían vedado el acceso a la educación y al trabajo. Eran perseguidas por el solo hecho de andar por la calle, como decía el Código de Faltas, con una vestimenta que no correspondía a su género”.

“Estos artículos del Código de Faltas significaban arrestos de 20 a 60 días. Pero apenas salían en libertad, las apresaban nuevamente. Y en la cárcel sufrieron todo tipo de vejaciones y tormentos. Una violencia sistemática: golpes, torturas, violaciones y destrucción y humillación física y psicológica"

“Esta es una comunidad que en el regreso de la democracia tampoco tuvo derechos. Recién hace pocos años avanzó en esas conquistas: el derecho a la identidad, el matrimonio igualitario y el cupo travesti trans, entre otros”, dijo. “La sociedad santafesina debe reparar este atropello aún en democracia. No era un atropello clandestino. Era un atropello del Estado, que la provincia debe reconocer y reparar”, agregó.

Bruera dijo que la ley propone “una reparación equivalente a dos pensiones no contributivas de la ley 5.110”, que se percibirán a partir de la vigencia de la norma y se acredite la “persecución sistemática” por todos los medios legales de prueba: documental, informativa, testimonial. “Las compañeras ya localizaron en los archivos de Tribunales los libros de los Juzgados de Faltas, donde consta el ingreso recurrente de cada una de ellas a las comisarías y prisiones policiales. Esto fue parte de la violencia que después habilitó y habilita aún violencias más graves como los travesticidios”.

“Santa Fe deberá hacerse cargo y reparar a estas personas que sufrieron esta terrible persecución. Esta reparación tiene un valor inmenso para ellas por los sufrimientos físicos y psicológicos en su juventud, cuando fueron excluidas de la escuela, del estudio y del trabajo. Pero también para todos nosotros, para avanzar en una democracia profunda y seria, de acuerdo a las normas constitucionales”, concluyó.