El 78 por ciento de lxs trabajadorxs de los cuidados comunitarios son mujeres de entre 18 y 45 años. Solo el 18% está representado por varones, mientras que un 3,9% de mujeres trans desempeñan esas tareas y, si bien el 80% accede a una remuneración como beneficiarix del programa Potenciar Trabajo, el 51,8% no tiene obra social, el 50% dijo que la mayoría o el total de lxs trabajadorxs no realiza aportes jubilatorios y el 26% lo desconoce. Los datos se desprenden del informe “Cuidar es trabajo. Estado de situación de los espacios comunitarios y el trabajo de cuidado en los Barrios Populares del AMBA”, que elaboraron la Universidad Popular Barrios de Pie y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep).
“Quienes brindan cuidados comunitarios forman parte de un sector de la economía popular que representa cerca del 50% de lxs trabajadorxs informales de nuestro país”, señala el documento a partir de una encuesta realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y 34 distritos del conurbano bonaerense, para visibilizar el contexto donde se desarrollan las tareas de cuidados y diseñar políticas integrales de reconocimiento. El mapeo contabilizó 424 ollas populares, 152 espacios comunitarios de apoyo escolar, 64 postas sanitarias, 77 espacios para cuidado comunitario de las infancias, 28 consejerías en interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y 62 consejerías de atención a situaciones de violencias de género.
Tareas centrales como la asistencia alimentaria, con el 87%, o los apoyos escolares, con un 33%, “suceden en simultáneo con una gran diversidad de otras actividades que, aunque aparecen solapadas o en un lugar secundario, resultan vitales en la contención y el acompañamiento de las problemáticas que atraviesan lxs vecinxs de los barrios populares en el día a día”, subrayan. Un promedio de 50 personas asisten a diario a los espacios de cuidados, dependiendo del tipo de espacio y la capacidad física con que cuenten, y en la diversidad de rangos etarios se destacan las niñeces (25,3%) y las personas adultas (22,4%).
Frente a esta realidad, “se hace imprescindible desarrollar una política activa de reconocimiento social y económico a las actividades que lxs trabajadorxs realizan en el ámbito comunitario dentro de la economía del cuidado, y al rol de las organizaciones como mediadoras de las políticas sociales, así como también garantizar desde el Estado estrategias de acompañamiento, capacitación, formación y acreditación de saberes”, concluye el informe. “En el marco de una política clara de promoción del trabajo y de asignación de derechos que se oriente a desandar el camino de la feminización de la pobreza y que aporte a una vida plena, digna, justa para las mayorías populares, de una vez por todas.”
