Después de que la Cámara de Diputados de Salta le diera media sanción a un proyecto que insta a establecer consejerías integrales en los establecimientos de salud que dispensen atención a la embarazada, funcionarias del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de Salta se reunieron con los senadores de la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social para manifestar su preocupación ante la posibilidad de que se avance con una ley que trata algo que existe "desde siempre" en el sistema de salud pública de la provincia. 

El 6 de junio legisladoras y legisladores de la Cámara Baja aprobaron el proyecto de autoría de Cristina Fiore, del bloque Confluir; Cristina Frisoli y Bernardo Biella, de Salta Independiente, y Julieta Perdigón y Roque Cornejo, de Ahora Patria. Si bien la iniciativa aún no ha ingresado al Senado, las autoridades del gobierno local plantearon objeciones y recordaron que la provincia cuenta desde hace más de una década con consejerías multidisciplinarias para embarazadas, integradas por profesionales que les brindan toda información para que puedan decidir sobre la eventual continuidad o interrupción del embarazo, y también sobre los métodos de anticoncepción disponibles.

La iniciativa de Fiore y compañía (considerados legisladores antiderechos) especifica que las consejerías tienen por fin brindar acompañamiento y acceso a la información necesaria para asegurar la protección de la embarazada; su cuidado y asistencia psicofísica, así como el de la persona por nacer, en el marco de la legislación vigente. Para ello propone la conformación de consejerías integrales conformadas por equipos multidisciplinarios de las áreas de salud, del ámbito legal y de la asistencia social; obligando al Estado a incorporar a representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles.

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Itatí Carrique, dijo a Salta/12 que junto a la cartera de Salud analizaron la propuesta legislativa y coincidieron en la preocupación dado que "básicamente está creado desde el desconocimiento de lo que tiene hoy el gobierno provincial dentro del sistema de salud". Manifestó que las consejerías integrales tienen más de una década de funcionamiento en la provincia. 

En la misma línea habló la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, quien expresó que el proyecto aprobado en Diputados hace referencia a "temáticas muy sensibles y que ya las tenemos incorporadas a través de dos leyes en la provincia (IVE, 27.610 y Plan de los Mil Días, 27.611), y con capacitaciones a los equipos de salud". Por lo que aseguró que el encuentro con los senadores tuvo el propósito de acercar su percepción de las "posibles interrupciones que podría tener el proceso normal que lleva Salud con estas consejerías". 

La funcionaria de Salud insistió en que se trata de una propuesta que ya está en funcionamiento, con el agravante de que en el proyecto de Fiore plantea incorporar a ONGs, sobre las que dijo: "desconocemos cuáles (de ellas) podrían realizar" las asesorías. En ese marco afirmó que la potestad de cualquier acción referente al cuidado de la salud es de la cartera de Salud Pública, ya sea desde los controles a las personas hasta el diseño de las estadísticas. 

Dorigato también sostuvo que las consejerías se "multiplicaron en número y en capacitación de recurso humano", además de destacar que están orientadas al cuidado del embarazo y la salud sexual y reproductiva, en lo referente a salud y adolescencia, y sobre las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y del Plan de los Mil Días. 

La postura de las funcionarias fue que que el acompañamiento responsable y profesional debe seguir siendo ejercido por el Estado, y advirtieron que la eventual incorporación de ONGs puede tender a ejercer una orientación en la decisión personal que debe tomar la persona embarazada.

Los legisladores, y la legisladora Sonia Magno, anticiparon que, una vez que el proyecto tome estado parlamentario, convocarán a todas las partes intervinientes para su análisis. El encuentro fue encabezado por el senador Manuel Pailler y contó con la participación de los legisladores Carlos Rosso, Dani Nolasco, Carlos Ampuero y Sonia Magno. Por el Ministerio de Salud Pública también asistieron la médica Ileana Fernández, supervisora de Salud Adolescente del Hospital Materno Infantil, y Patricia Leal, directora de Maternidad e Infancia. 

Innecesario y riesgoso

Para Carrique las consejerías ya existentes en el sistema de salud tienen un abordaje "muy amplio". Su característica principal es que son interdisciplinarias y "está(n) ajustada(s) a los que dicen nuestras leyes". "Lo que plantea el proyecto es innecesario porque ya existe", afirmó la funcionaria.

Agregó que las consejerías que pretenden crearse con el proyecto de ley, no son integrales porque únicamente están dirigidas a mujeres o personas gestantes que quieren llevar adelante un embarazo, amparándose en la ley 27611. "Terminan siendo un riesgo porque no queda en claro como se van a llevar adelante esas asesorías" y mucho menos, cuáles serán las funciones específicas del tercer sector a incorporar, advirtió. 

Esa preocupación llevó a que la funcionaria insista en que las personas a cargo de tales funciones tienen que ser idóneas en el área, ya sea para atender cuestiones de salud o las vinculadas a violencia de género que puedan presentarse. "Una menor de 12 años embarazada es una menor violentada y sabemos que no tiene la posibilidad de dar el consentimiento, ¿qué pasaría y cómo se tramitaría el asesoramiento en ese caso?", ejemplificó, asegurando que no hay una certeza de que quienes provengan del tercer sector tengan idoneidad en las diversas situaciones que ya atiende diariamente el sistema de salud. 

En ese sentido, expresó que "la inclusión como la plantea el proyecto, es una manera de impedir que se cumplan otros derechos, como puede ser la IVE". Durante la reunión, se recordó que psicólogos, médicos y trabajadores sociales ya abordan a las personas embarazadas, en el marco de las leyes 27610 y 27611, por lo que incluir en las consejerías a entidades que puedan tener un tratamiento tendencioso puede ir contra lo que dice la ley, que marca que la decisión sobre continuar o interrumpir un embarazo queda en manos de la persona, reiteró. 

Por ello, Carrique afirmó estar sorprendida de que la mayoría de las y los legisladores de la Cámara Baja no hayan vertido opiniones al respecto y que tampoco las hayan pedido a la cartera de Salud. "Denota una falta de conocimiento y me parece que tiene que haber mayor responsabilidad a la hora de legislar", precisó, marcando la necesidad de "llamar a las partes involucradas".