A pesar del impacto de la sequía y de la desaceleración de la economía, el déficit fiscal retrocedió en los primeros cinco meses en relación al año pasado. Ese resultado se logró con un fuerte ajuste del gasto público, que superó a la retracción que en términos reales sufrieron los ingresos que obtuvo el Tesoro Nacional. Los datos fueron estimados y publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En el terreno fiscal es donde se observa con claridad la puesta en práctica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que con la fuerte quita de subsidios y el retraso frente a la inflación de las asignaciones familiares y jubilaciones, se contienen en términos reales los gastos, a pesar de la difícil situación socioeconómica general.

En cambio, en el terreno de las reservas internacionales, se descarta, por el fuertísimo impacto de la sequía, la posibilidad de cumplir con las metas. En cambio, se negocia con el FMI un anticipo de los desembolsos, para despejar uno de los focos de incertidumbre en el año electoral.

Impacto de la sequía

En cinco meses, los ingresos de la administración nacional se redujeron un 6,7 por ciento en términos reales respecto a igual período del año anterior. Este es resultado de un comportamiento heterogéneo. Por un lado, la recaudación del IVA se expandió 6,3 por ciento y los ingresos por el impuesto al cheque lo hicieron en un 3,0 por ciento en términos reales.

En cambio, los derechos de exportación e importación y el Impuesto a las Ganancias reflejaron caídas reales de 64,1 por ciento, 16,2 por ciento y de 1,3 por ciento, respectivamente. Por su parte, los recursos provenientes de la seguridad social mostraron una expansión real de 2,3 por ciento.

Ajuste del gasto

Por el lado del gasto público, la caída en términos reales entre enero y mayo es del 7,5 por ciento. Uno de los rubros que más contribuyeron a esta disminución es asignaciones familiares. "Las transferencias al subprograma Asignación Familiar Activos fueron de 197.642 millones de pesos, implicando una caída real de 45,8 por ciento, explicada principalmente por el diferencial entre la movilidad de la actualización de las prestaciones y la inflación (77,1 por ciento versus 106,2 por ciento) y la disminución del complemento mensual dispuesto por el decreto 719/21 (1798 millones de pesos, -98,4%)", dice el informe de la OPC.

Respecto de la situación de las jubilaciones y pensiones, el informe detalla que "las prestaciones Anses, neto de bonos extraordinarios, tuvieron una caída del 9,5 por ciento real, explicada principalmente por el diferencial entre la actualización de los haberes por aplicación de la fórmula de movilidad y la inflación (77,1 por ciento versus 106,2 por ciento. Los bonos extraordinarios otorgados a los jubilados de menores ingresos (10 mil pesos en enero y febrero, 15 mil pesos en marzo, abril y mayo), con un gasto asociado de 255.045 millones de pesos, no llegaron a compensar la caída. El agregado de las erogaciones Anses se ubicó en 3.405.535 millones de pesos, con una caída real de 6,5 por ciento".

Los subsidios a la energía que se canalizan a través de Cammesa se ubicaron en los 440.322 millones de pesos, una merma del 47,6 por ciento en términos reales. "Los precios estacionales incorporados en la tarifa que abonan los usuarios se incrementaron por encima de los costos de generación eléctrica (126,1 por ciento versus 81,5 por ciento). Así, la cobertura de generación por tarifa pasó de 37 por ciento a 46 por ciento en el caso de la demanda por distribuidor (promedios enero-abril)", indica el reporte.

En sentido contrario, los intereses de la deuda, los gastos en personal, los subsidios al transporte y las pensiones no contributivas se expandieron de un año a otro. En particular, en el caso de los intereses de deuda, el alza se debe a "los mayores pagos de intereses por los préstamos del exterior, en un contexto de suba de tasas de interés internacionales. Los pagos al FMI acumularon 298.607 millones de pesos en el año", explica el documento.

Resultado

"Como resultado de esta dinámica, se registró un déficit financiero de $2.338.855 millones, 10 por ciento menor en términos reales con relación al obtenido en los primeros cinco meses de 2022", detalla el informe.

"Algo similar ocurrió con el déficit primario --que no computa el pago de intereses de deuda--, que alcanzó $1.148.018 millones, 27,7 por ciento menor que el registrado en el mismo período del año anterior", sigue la OPC.

Ejecución

En cuanto a los niveles de ejecución presupuestaria, dentro de los programas sociales, que registran un promedio de ejecución del 41,1 por ciento, los gastos en Políticas Alimentarias (62,8 por ciento), en Potenciar Trabajo (51,6 por ciento) y en las becas Progresar (44,4 por ciento) presentaron los niveles más elevados. También se destacan los subsidios al transporte (44,4 por ciento), las transferencias a universidades (42,8 por ciento) y los intereses de la deuda (41,0 por ciento).

En cuanto a los rubros de menor ejecución de los gastos de capital, sobresale la transferencias a empresas públicas (25,2 por ciento) y a fondos fiduciarios (25,0 por ciento). También una menor inversión financiera, dado que aún no se han efectuado los aportes de capital previstos para la Corporación Andina de Fomento.