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El inicio del llenado del gasoducto Néstor Kirchner a partir de esta semana representa la puesta en marcha (aunque no, todavía, su ingreso pleno a la actividad) de la obra de infraestructura energética más importante de la últimas dos décadas. Basta con tomar en cuenta el dato de que el balance comercial energético del año pasado (2022) arrojó un saldo negativo de nada menos que 6633 millones de dólares. Ciertamente, por la incidencia de precios internacionales de las materias primas energéticas inflados por el contexto internacional. Pero la dependencia del gasoil y del GNL importados sería permanente si Argentina no resolviera la cuestión logística del transporte para posibilitar la salida de la producción del gas natural del yacimiento de Vaca Muerta.
"Nuestra balanza energética va a pasar, de ser negativa este año, a estar en equilibrio y, de ahí, empezará a ser positiva", describió durante la semana la secretaria de energía, Flavia Royon, el sendero virtuoso que se empieza a recorrer. "Para 2030 proyectamos ingresos por 18.000 millones de dólares: el sector energético se va a consolidar como el segundo generador de divisas", proclamó.
El aprovechamiento de un recurso natural exportable, como el shale gas de Vaca Muerta (gas no convencional) representa un desafío y un debate de fondo de proyecto de país, en cuanto a si será un recurso exclusivamente para obtener divisas, o si también se contemplará su uso como insumo abundante y barato para promover la industrialización nacional. Un planteo que no difiere a los que deberían hacerse con respecto al litio, o al uso de la tierra.
Tanto la explotación de Vaca Muerta como la ampliación de la red de gasoductos, fueron temas nodales del debate del modelo energético en Argentina, aunque no muchos lo recuerden así. La enorme potencialidad de Vaca Muerta ya era un hecho en el año 2011, cuando YPF todavía estaba bajo control de Repsol. Las discusiones en el gobierno sobre la conveniencia o no de intentar recuperar la ex petrolera estatal sufrieron un violento vuelco cuando la presidenta Cristina Kirchner recibió un informe que revelaba que, mientras la producción de gas y petróleo seguía decayendo, Repsol mantenía la política de distribuir y repatriar sus dividendos de las utilidades de YPF, sin asumir ningún compromiso de inversiones y, por el contrario, planificaba una paulatina "desinversión".
Es más: por aquellos años, Repsol YPF anunciaba su "plan estratégico" de inversiones por 28.500 millones de euros a nivel global, "acompañado de un plan de desinversiones por 4500 millones de euros". En su informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de Madrid, enunciaba en 2010 que, "al tiempo que consolida sus planes de ahorro operativo, la petrolera continuará con las desinversiones en YPF", en la que señalaba poseer "activos no estratégicos" de los cuales proyectaba desprenderse, pero sin identificarlos.
Ese cuadro de situación disparó la decisión del gobierno kirchnerista, con Axel Kicillof como ejecutor, de iniciar el proceso de expropiación del paquete de control de YPF. Este paso es el que inició la estrategia de búsqueda de inversiones para el desarrollo del yacimiento y formación no convencional Vaca Muerta.
Energía y divisas
El balance comercial energético fue persistentemente negativo a lo largo de las últimas dos décadas. El resultado es la diferencia entre combustibles que Argentina exporta y otros que importa. Todos los años hay operaciones en ambos sentidos, porque no se trata de un solo bien homogéneo, que cuando sobra se vende afuera, y cuando no alcanza, hay que importar lo que falta.
Hay productos, como el petróleo pesado (por contenido de azufre), que Argentina siempre exporta porque no tiene uso en el mercado interno. En combustibles líquidos, según el nivel de demanda interna, puede requerir mayor o menor necesidad de abastecimiento externo de petróleo crudo para su refinación en destilerías nacionales. Y en distintas etapas, estas destilerías pueden tener capacidad útil para aumentar su producción, o no, y en el último caso haría necesaria la importación de naftas o gasoil ya procesado.
El gas natural tiene, a su vez, usos múltiples, ya que la matriz energética en Argentina se ha formado muy dependiente del gas. Tradicionalmente, Bolivia ha sido un importante proveedor de gas para Argentina. Pero con algunos picos de demanda de estos años, el país requirió además la llegada de gas licuado (GNL), que se transporta en barcos metaneros y se regasifica una vez descargado en puerto.
La estructura de consumo de gas natural en Argentina no cambió demasiado entre la década del 90 y el comienzo de la década actual. Un tercio va al consumo residencial, otro tercio aproximadamente lo demanda la industria y un poco menos de un tercio, se utiliza como combustible de las centrales eléctricas. Una proporción menor, del 4 al 6 por ciento del total, se destina a GNC para automóviles.
No cambiaron las proporciones mayormente (salvo en los años de Covid), pero sí los volúmenes: entre 1993 y 2018 creció 104 por ciento el consumo de gas. Aumentó la demanda de gas importado y, mucho más, los precios del gas importado. Fundamentalmente a partir de 2020, por la pandemia mundial primero y luego por la guerra en Europa oriental.
Interés nacional y de los otros
Estos factores son lo que convirtieron al déficit energético comercial en una cuestión trascendente, sobre todo en épocas de sequía de divisas. Una realidad que puede transformarse plenamente a partir de la posibilidad de aprovechamiento del recurso gasífero de Vaca Muerta. Y de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, como emprendimiento estatal, dejando de lado el fracasado modelo de "iniciativa público privada" o contratos PPP (participación público privada).
Este tipo de contratos, alentados por el macrismo, se justificaban argumentando que incentivaban la participación privada en la realización de emprendimientos relevantes, consiguiendo incluso la financiación. El Estado terminaba pagando la obra y el privado se garantizaba la explotación de la misma durante su vida útil. Así, se esperaba hacer los gasoductos faltantes y nuevas rutas, una propuesta que felizmente fracasó antes de que derivara en los escándalos de corrupción que este tipo de contrataciones desparramó por Gran Bretaña, España e Italia, entre otros países que la probaron.
En el caso actual, no sólo el primero de los dos tramos de la obra de tendido del gasoducto se concretó en un plazo (nueve meses) que pocos confiaban en que se concretase, sino que además su puesta en marcha coincidirá con el vencimiento del plazo de treinta años de concesión de las represas hidroeléctricas, construidas por el Estado nacional y privatizadas en 1993.
Otra cuestión en la que el repaso de estos años recientes resulta aleccionador para fijar criterios de política y estrategia. En este caso, nada menos que en el plano energético.
