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Página/12 en Uruguay
Desde Montevideo
La frase más famosa de Carlitos Balá se está reescribiendo en versión uruguaya, como si fuera el preludio de una pesadilla. ¿Qué gusto tiene el agua? En Montevideo, la respuesta llega al unísono de niñas, vendedores ambulantes, artesanas, peluqueros y jubiladas: ¡Salada!
En 2004 Uruguay incorporó a su carta magna un artículo que establece que el agua es un recurso natural esencial para la vida. Esta reforma constitucional, votada por el 64 por ciento de los ciudadanos, convirtió al país en el primero del mundo en declarar el acceso al agua como derecho humano. Casi veinte años después, la zona donde habita el 60 por ciento de la población del país podría quedarse sin agua dulce a fines de junio, según la estimación de Obras Sanitarias del Estado (OSE).
La vida cotidiana está trastornada porque el agua potable ya no se puede utilizar para el mate ni el café. Tomar mate salado es una afrenta al abolengo matero. Comprar el agua embotellada es un gasto que excluye a las familias de menores recursos. El agua mineral, denuncia una artesana, está también “sucia” y le quedan restos de salitre en el termo. “No es sequía, es saqueo”, manifiestan los movimientos ambientalistas.
Desde principios de mayo, el agua está en boca de todos porque sale más salada de las canillas. El agua de OSE (Obras Sanitarias del Estado), la empresa estatal uruguaya, proviene de fuentes superficiales del río Santa Lucía y la represa de Paso Severino, la principal reserva de agua dulce. La explicación oficial es que el caudal del río ha disminuido como consecuencia de la sequía que afecta a la región desde hace tres años. De los 67 millones de metros cúbicos de agua que puede albergar, actualmente tiene 3,7 millones, según informó OSE.
El gobierno de Luis Lacalle Pou tomó recursos hídricos del Río de la Plata, más salinizado por las corrientes del océano que recibe. OSE solicitó al Ministerio de Salud Pública que permitiera aumentar los niveles de sodio y de cloro, que pasaaron de 200 a 440 miligramos y 700 miligramos por litro respectivamente. La OMS recomienda que el umbral de sodio sea un máximo de 200 mg. En Uruguay ese umbral se duplicó.
“Nos roban el agua dulce”
El barrio Sur parece una Londres en miniatura. Martín, vendedor de frutas y verduras de un puesto de la feria popular de la calle Julio Herrera y Obes, gambetea la neblina del viernes con mucho ingenio. “Vamos que el dinero no es todo, pero cómo ayuda cuando hay”, exclama e invita a comprar dos lechugas por 50 pesos uruguayos (300 pesos argentinos al cambio oficial, 650 pesos al cambio paralelo). “Elija y agarre”, “¡Vamos, arriba la celeste!”, “¡Vamos, arriba los gurises!”, arenga este vendedor carismático con un aire de familia a Ragnar, el personaje de la serie Vikingos. “El agua salada está rompiendo los termofones y calefones; es complicado el tema”, se queja. Micaela, de 12 años, compra frutillas junto con su hermana Martina, de 8 años. “Tiran cosas al agua y la contaminan; por eso está salada”, dice Martina. “Antes usábamos el agua de la canilla para hacer el mate, ahora no podemos”, confirma Micaela el cambio de hábito.
“Salus, un agua con leyenda propia”, se lee en la etiqueta de uno de los bidones de 6,25 litros que en este supermercado sobre la calle Maldonado cuesta 129 pesos uruguayos. Un cartel informa que “la compra de bidones y botellas es solo para consumo familiar” y que está permitido hasta tres bidones por persona. Una señora empuja el changuito con los tres bidones autorizados rumbo a una de las cajas.
Mirta, jubilada con gorrito de lana violeta y ojazos celestes, compró dos packs de cuatro botellas de agua Vitale de 1,75 litros (138 pesos uruguayos cada pack). Habla del problema del agua con una amabilidad que se desdibuja por la rabia. “Al gobierno le importa satisfacer a las empresas extranjeras y que la población se joda. Dan agua para UPM (la empresa finlandesa que se dedica a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera), agua para todas las pasteras habidas y por haber, por eso pretenden sacar agua del Acuífero Guaraní en tambores”, describe Mirta. “Me duele, me irrita, porque nuestro país siempre tuvo agua dulce. Y ahora nos roban hasta el agua; es la corrupción más absoluta que no pensé que llegaría a pasar con esta magnitud”, agrega y señala que el principal trastorno en la vida cotidiana tiene que ver con lo económico, el gasto extra que significa comprar bidones o botellas. Hasta sus gatos toman agua mineral para evitar que tengan consecuencias en la salud.
Las aguas bajan turbias
Marcela, artesana que tiene su puesto con aros, anillos y pulseras que ella diseña con piedras y acero sobre la peatonal Sarandí, en Ciudad Vieja, cuenta que toma agua embotellada, especialmente para preparar el mate. “Después que hiervo el agua de bidón noto que está super manchada, me deja la jarra llena de salitre”, revela para informar que tampoco resulta ciento por ciento confiable el agua de las distintas marcas que va comprando en la UAM (Unidad Agroalimentaria Metropolitana), un lugar de ventas al por mayor, similar al Mercado Central de Buenos Aires. Compró cuatro bidones de 10 litros a 150 pesos uruguayos cada bidón (1.950 pesos argentinos). “En casa tomamos mucho mate”, resume lo que viven la mayoría de las familias. “El agua mineral está también sucia, no sé si tan mal como la de la canilla, pero limpia no está”.
A metros de Marcela, Damián, vendedor de libros usados y discos, toma mate “con agua de la canilla”, subraya con un tono desafiante. El agua “no está tan salada” para Damián, que considera que se está “exagerando”, según la perspectiva de este hombre que toma entre dos y tres termos de mate por día. “El agua es cierto que está más salada, pero el problema no es para nosotros solos, es para todo el mundo. Que nos toque después de tantos años... ¡qué se le va hacer! No somos el paraíso”, suelta, mate en mano, este vendedor que trabaja en la peatonal Sarandí de siete de la mañana a seis de la tarde. “La venta está horrible”, se queja y afirma que hay “mucha pobreza” en Montevideo. “No vivimos, sobrevivimos”, aclara y regresa al tema del agua. “Es el cambio climático; que llueva o no llueva, nosotros no mandamos llover. Era obvio que un día iba a llegar”.
El agua salada llega hasta las peluquerías. Los cabellos de las damas y caballeros se estremecen. La sal seca el pelo y puede afectar al color de las tinturas. En la peluquería “Enrique”, sobre la calle Convención, a metros de la 18 de julio, Enrique confiesa que como él usa productos de una “excelente” línea, libre de sulfatos y parabenos, está a salvo de que el daño sea mayor. Una clienta, que eligió el sábado a la tarde para hacerse el color y cortarse el pelo, está esperando y leyendo algo en su teléfono celular. Desde hace un mes, cuando empezaron los problemas con el agua, percibe que sus clientas, que evidentemente “no se duchan con agua mineral”, tienen los cabellos más deshidratados y perdieron “suavidad y brillo”.
“Los termofones o calefones están teniendo problemas de oxidación y están acumulando sales en los metales”, revela Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas e integrante del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. “Montevideo tiene una red de distribución de agua por cañerías muy antigua, con caños en algunas zonas que tienen más de cien años. Se calcula que del agua que se potabiliza en la planta principal una vez que llega a la ciudad, se pierde la mitad. En Montevideo hay una cultura del exceso de agua, del agua barata y que no hace falta ciudarla. Hay un dicho que se repite: ‘es más barato potabilizar agua que arreglar caños’; es duro escucharlo, pero ya no estamos en esa situación y el cambio ha sido muy radical”.
Menos presupuesto, mala gestión
“Venimos de un proceso donde la OSE ha perdido funcionarios, ha bajado su inversión y eso repercute en sus capacidades”, declara el senador por el Frente Amplio, Alejandro “Pacha” Sánchez, y precisa que el gobierno de Lacalle Pou ajustó el presupuesto un 30 por ciento y también recortó las inversiones aproximadamente 30 millones con respecto a la década anterior: de 100 millones de dólares anuales a 68 millones. “Este gobierno decidió no seguir adelante con la represa de Casupá, que es una solución más estructural, plantea el senador frenteamplista. El gobierno frenó algo que ya estaba proyectado, que había pasado por todos los procesos, se había financiado, ya estaban hechos los estudios ambientales, ya estaban las expropiaciones, y estaba pronto el llamado a licitación. Y lo frenaron por una iniciativa privada que vale mucho más caro (el proyecto Neptuno) y es mucho más incierta”.
Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, asegura que no se trata sólo de un problema de calidad, sino de cantidad de agua. “Por un mal manejo se vació el Canelón Grande y por falta de previsión se acabó la reserva de agua en la represa de Paso Severino”, recuerda Nansen y observa que aunque el gobierno dice que el origen de la crisis es por la fuerte sequía que ha afectado al país, desde las organizaciones ambientales y movimientos sociales entienden que se debe también a “una mala gestión” de la cuenca del río Santa Lucía que abastece de agua al 60 por ciento de la población del país: 1.800.000 uruguayos.
María Selva Ortiz, también de REDES Amigos de la Tierra, postula que la crisis hídrica demuestra que hay un vínculo entre la dimensión ambiental y la realización de derechos. “Si no tenemos territorios saludables y si no gestionamos las cuencas hidrográficas en forma justa y sustentable, dando prioridad al derecho humano al agua, este derecho se ve seriamente vulnerado. Antes de esta crisis ya había problemas de calidad de agua por la contaminación con agrotóxicos y la cantidad también se vio afectada por las plantaciones de eucaliptus sobre todo en las nacientes de la cuenca”.
Nansen sostiene que a largo plazo es necesario avanzar en la gestión sustentable de las cuencas tal como establece la constitución. “El agua que se distribuye en la región metropolitana, además de ser salada y presentar riesgos para quienes sufren hipertensión o problemas cardíacos y no ser aptas para la niñez, tiene valores mayores de trihalometanos que pueden provocar problemas de salud crónicos”, explica Nansen. “Como todos los problemas socio-ambientales, esta situación afecta en mayor medida a la población con menores recursos y se reproduce la injusticia -añade Ortiz-. Un derecho fundamental para la vida pasó a estar mediado por el mercado; acceden a agua potable quienes pueden pagar por el agua embotellada. Y esto no es lo que plantea la Constitución, sino todo lo contrario”.
Extractivismo puro y duro
Anahit Aharonian, ingeniera agrónoma diplomada en Gestión de Políticas Ambientales que integra la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), enfatiza que la CNDAV propone la restauración del monte indígena en las riberas del río Santa Lucía. “Esa flora nativa se ha destruido con las plantaciones de soja a través de las cuales cae nitrógeno y fósforo a los cauces de agua. A eso hay que sumarle los pesticidas y los agrotóxicos como el glifosato, que es potencialmente cancerígeno y provoca junto con otros pesticidas efectos en la salud humana. Hay que restaurar el monte indígena, dejar de plantar soja y los cultivos que son negativos para nuestros ecosistemas y el campo natural reverdece y eso hace que absorba el exceso de nitrógeno y fósforo”.
El proyecto Neptuno o también llamado Arazatí, que busca producir agua potable a partir del agua captada desde el Río de la Plata es “inapropiado”, en palabras de Aharonian, porque sería realizado por empresas privadas, algo que está prohibido por la Constitución. “Sacar agua del Río de la Plata tiene un problema, que es la salinidad, y también la enorme proliferación de floraciones algales, las cianobacterias, cuyas toxinas son hepatóxicas; la OSE estaría potabilizando agua con toxinas incluidas”, advierte la ingeniera agrónoma. “El agua embotellada es agua nuestra. ¿Por qué tenemos que pagar por esa agua? ¿Por qué mientras en Minas están extrayendo agua para exportar, su población no tiene agua? Los negocios son más importantes que abastecer de agua potable a toda la población del Estado, sea el gobierno que sea. En un país cuya riqueza mayor es tanta agua dulce cruzando el territorio, no podemos estar impidiendo que la población acceda al agua”.
“No es sequía, es saqueo”. La consigna elegida por los movimientos ambientales cuestiona el discurso oficial de que la crisis del agua es por la sequía. “La falta de lluvias no es porque tata Dios no manda agua del cielo, sino que está relacionada con el cambio del uso del suelo que implica que no haya evapotranspiración suficiente por la vegetación que quitan, ese cambio de la plantación natural por la exótica de los agronegocios. Al no haber evapotranspiración suficiente, al no haber posibilidades de cosecha de agua, se provocan sequías e inundaciones; por eso los deslaves que ustedes han sufrido en varias provincias del norte de Argentina y que en Uruguay también se ha visto. Todo eso sucede por el cambio del uso del suelo, provocado por quienes lucran y no miden las consecuencias. No es sequía, es extractivismo puro y duro”, concluye.
