En una jornada de doble turno y a sala llena celebrada ayer en el Salón Cultural América, en la ciudad de Salta, fiscales, jueces y juezas y otras personas operadoras del servicio de administración de justicia de la Nación expusieron sobre las experiencias y los objetivos pendientes desde la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en las provincias de Salta Salta y Jujuy.

La actividad, organizada por la Procuración General de la Nación y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (AFFUN), reunió a fiscales de otras jurisdicciones, como Rosario y Mendoza, donde continuará la implementación del sistema acusatorio contenido en el Código Procesal Penal Federal. También participaron funcionarios y funcionarias de la justicia provincial de Salta y de las fuerzas de seguridad, entre ellas la Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

Al hacer un balance de la práctica del sistema acusatorio en Jujuy y Salta, los secretarios de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima, aportaron estadísticas reunidas desde que comenzaron estas experiencias, el 10 de junio de 2019, a fines de diciembre del 2022. Detallaron que el sistema acusatorio alcanzó un promedio del 82% de resoluciones sobre los casos abiertos, mientras que, a través del proceso mixto, en el resto del país, ese porcentaje llegó al 43%.

Añadieron que esta ventaja también se advertía en los casos complejos, pues mediante el nuevo código el promedio de resolución es del 11%, en tanto que, con el mixto, esa cifra es de un 6%.

En cuanto a salidas alternativas, como la suspensión de juicio a prueba, el porcentaje también es muy superior. Mientras con el proceso mixto esa herramienta fue utilizada en un total de 0,8% de las causas, en el acusatorio se llegó a un 4,7%. También resaltaron el tiempo de resolución, ya que, con el nuevo código, la suspensión del juicio a prueba demandó entre 200 a 260 días, ya sea de casos simples a complejos, en tanto, que con el viejo sistema el tiempo de espera oscila entre los 388 a 496 días.

A partir de estos números, Olima destacó la decisión política tomada para la implementación del sistema acusatorio y descartó de plano las críticas, que rebatió basándose en estos datos.

Indicó que el sistema se “consolida” y “evoluciona” de manera favorable y, en ese marco, destacó la labor de acompañamiento de las procuradurías, para luego abogar por la extensión de este modelo al resto de las jurisdicciones.

Casanovas también evaluó como satisfactoria la vigencia del nuevo código. Mencionó algunas herramientas, como el formulario de atención inicial, los protocolos de custodia para el material probatorio y el haber sumado a las fiscalías personal en el área contable y de salud mental, recursos que -explicó- se destacan gracias a un trabajo en conjunto de las y los operadores.

Rosario y Mendoza, las que siguen 

En el inicio de las jornadas el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, calificó los resultados del sistema acusatorio como “notables”, por su mayor “agilidad y eficacia”. Destacó el respeto a los derechos individuales, la transparencia y el control ciudadano, y señaló que estos aspectos se resaltan con este nuevo código, al punto tal, dijo, que en los últimos años, contribuyeron a mejorar la imagen de la justicia argentina en el exterior.

El procurador reconoció, en ese sentido, el acompañamiento de la AFFUN en este proceso, y la tarea desarrollada por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA). Dijo que esta Unidad llevó adelante una labor dirigida a facilitar la implementación de este sistema a través del desarrollo de herramientas para un tratamiento estratégico, lo que sumó una mejor “dinámica” al modelo. 

Asimismo, reconoció la voluntad de que Rosario y Mendoza sean las próximas jurisdicciones en aplicar este sistema, ya que -dijo- está comprobado que se trata de un modelo “serio”, dirigido a facilitar el servicio de justicia.

Por su parte, el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, expuso sobre las expectativas de la jurisdicción al momento de la implementación, las experiencias del primer año y cómo su aplicación fue superando inconvenientes. Aportó detalles sobre la eficacia del sistema, tanto para arribar a resoluciones de conflictos, la obtención de condenas y el uso de técnicas especiales de investigación, frente al narcotráfico y la trata de personas.

El fiscal sostuvo que las definiciones de esos procesos derivaron también en beneficios a la comunidad y recordó al respecto el decomiso de una casa donde funcionaba un prostíbulo, ahora convertida en un albergue para mujeres víctimas de trata.

El presidente de ADDUN y titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, resaltó el cambió del sistema mixto, referente de una justicia “lenta” y “burocrática”, en la cual el expediente era el “rey”. Admitió que hubo cierta resistencia al nuevo sistema, pero consideró que llegó para “restablecer la credibilidad” en la justicia, que se sorprende cuando un caso se resuelve en razón de días, mientras con el sistema anterior demandaba años.

Entre otros avances, Toranzos destacó el hecho de que el mismo fiscal que inició la investigación sea el que llegue a juicio, y subrayó que eso favorece la administración de justicia y era impensado con el viejo sistema. Valorizó la figura del juez en una posición neutral, dispuesto a escuchar y “enseñar” con sus fallos. También ponderó el aporte de los equipos de trabajo que están detrás de los fiscales, quienes son los artífices en materia de estrategia.