Japón da un paso adelante en la lucha contra los delitos sexuales no consensuados. El país decidió poner fin a la ambigüedad en su legislación, que anteriormente favorecía la absolución de acusados en casos de violación.
Hasta ahora, uno de los mayores reproches a la legislación japonesa era la necesidad de probar "violencia e intimidación" por parte de los fiscales para considerar un delito de agresión sexual. Esto dejaba en una posición vulnerable a las víctimas que habían perdido el conocimiento o que no podían resistirse claramente. Además, estas agresiones se consideraban transgresiones de menor gravedad.
El Parlamento japonés aprobó una reforma histórica del código penal, reemplazando la definición de "relación sexual forzada" por "relación sexual no consensuada". Pero eso no es todo, la nueva normativa incluye ocho supuestos adicionales que califican un ataque sexual como violación, entre ellos la violencia, la intimidación, las amenazas, el uso de sustancias como el alcohol o las drogas, y el hecho de no dar suficiente tiempo para negarse o resistirse.
Estas modificaciones son cruciales para garantizar una mayor protección a las víctimas y asegurar que los agresores sean responsabilizados por sus acciones.
De qué se tratan los cambios
Los cambios son amplios. Entre ellos, Japón elevó la edad mínima para el consentimiento sexual de 13 a 16 años, equiparándose así al estándar global establecido por otros países desarrollados. Esta medida es fundamental para proteger a niñas y adolescentes de abusos sexuales. La reforma también penaliza a aquellos que utilicen dinero, intimidación o seducción para fines sexuales con menores de 16 años, especialmente aquellos que abusan de su estatus social para cometer estos actos. Los perpetradores se enfrentarán a penas de prisión de hasta un año o multas de alrededor de 3.500 dólares.
Estas reformas también abordan otros aspectos importantes. Por ejemplo, el "grooming" hacia menores, que implica ganarse su confianza de forma virtual para luego involucrarlos en actividades sexuales, ahora se considera un delito. Asimismo, se introducen medidas más estrictas contra el "foto voyerismo" y el "upskirting", que implican filmar o fotografiar secretamente debajo de las faldas sin consentimiento y grabar actos sexuales sin conocimiento de los participantes.
Polémico proyecto de ley de comprensión a la comunidad LGBTIQ+
Sin embargo, no todo es motivo de celebración. A pesar de estos avances en la legislación sexual, el parlamento generó polémica con un proyecto de ley dirigido a promover la comprensión de la comunidad LGBTQ+.
Aunque se esperaba que este proyecto brindara protección y garantías, su redacción causo polémica. El cambio de la frase "no debería tolerarse" a "no debería haber discriminación injusta" generó preocupación entre los grupos defensores de derechos humanos y la comunidad LGBTQ+, que temen que la ley no ofrezca una protección adecuada y pueda fomentar la discriminación.
Seguí leyendo:
