La Fiscalía solicitó condenas a prisión perpetua para los militares retirados Alejandro Salice y Roberto Sifón. Los consideró coautor y partícipe necesario, respectivamente, de secuestros, torturas y homicidios en perjuicio de una treintena de personas en el centro clandestino Sheraton durante la última dictadura cívico militar. Para la fiscal Ángeles Ramos y la auxiliar Nuria Piñol, los ex jefes de Logística y de Finanzas y Administración del GAM 101, parte del Primer Cuerpo del Ejército, cumplieron un “rol fundamental” en el plan de exterminio desarrollado durante el terrorismo de Estado. “No fueron cartón pintado”, concluyeron las representantes del Ministerio Público Fiscal.

Cuatro audiencias repartidas en más de un mes y medio fueron las que tomaron Ramos y Piñol para desarrollar el alegato fiscal en el marco del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad por crímenes sucedidos o vinculados con el centro clandestino que funcionó en la comisaría de Villa Insuperable. No por la extensión de la exposición, sino por la agenda fragmentada y espaciada muchas veces en más de una semana entre jornada y jornada que impone el Poder Judicial al proceso de juzgamiento a genocidas de la última dictadura.

El eje del alegato fiscal fue la argumentación de la responsabilidad de los acusados, en tanto jefe de Logística y jefe de Finanzas del Grupo de Artillería Mecanizada 101 de Ciudadela en los hechos bajo juicio. Desde noviembre pasado, el Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires los juzga por 28 casos de violaciones a los derechos humanos, entre los cuales se hallan las sufridas por María de las Mercedes, Daniel Klosowski, Roberto Carri, Ana María Caruso y Héctor Oesterheld, entre otros. De esas 28 víctimas, 17 permanecen desaparecidas y tres se sabe que fueron asesinadas. Algunos casos fueron juzgados en tramos anteriores de esta causa –en las que fueron condenados colegas de Salice y Sifón en la unidad militar, como el exjefe de Personal Ricardo Pascual, los exjefes de Inteligencia y de Operaciones Manuel Cunha Ferré y Roberto Godoy, el exteniente José María Mainetti y quien fue segundo jefe del grupo, Rodolfo Godoy–.

Ramos y Piñol repasaron los legajos militares de los acusados, en los que se observan calificaciones realizadas por represores procesados y/o condenados en tramos anteriores de la causa –como es el caso Rodolfo Godoy o de Hugo Pascarelli, quien fue jefe de la unidad y falleció impune–, así como el organigrama del GA 101 para demostrar que los acusados “completaron” la plana mayor de esa unidad, que mantuvo injerencia sobre el funcionamiento de la comisaría de Villa Insuperable como centro clandestino.

Desde el área de Logística (Sálice) y desde el sector de Finanzas (Sifón), “se asesoraba, se planificaba, se ordenaba para que se transformen en acciones las resoluciones del jefe de la unidad”, apuntó Ramos, que además de fiscal en varios juicios de lesa humanidad es titular de la Procuraduría especializada en la temática (PCCH). ¿Y cuáles eran esas resoluciones? “Las planas mayores tenían instrucciones precisas y concordantes con los objetivos del Ejército, que sumados a los objetivos criminales vinculados a la lucha contra la subversión se tradujo en una adaptación a las necesidades de personal, inteligencia, operativos, logística y finanzas”, planteó el alegato. Así, las fiscales concluyeron que tanto Salice como Sifón “tenían un rol de toma de decisiones importante en todas las acciones vinculadas en la lucha contra la subversión”.

Secuelas y silencio

Al momento de explicitar el monto de las penas solicitadas, Ramos aclaró que no solo tuvieron en cuenta la responsabilidad directa de los acusados en los secuestros y torturas, en las desapariciones y asesinatos, las secuelas con las que aún cargan les sobrevivientes, sino también “la proyección” que esos crímenes tuvieron hacia las familias de las víctimas “que se vieron destruidas por este tipo de accionar”.

“Ninguno de los imputados en este juicio se hizo cargo de su accionar. Muchos envejecen impunes, muchos, por no decir todos, se guardan la información que ayudaría a reconstuir un poco lo que pasó para lo que nos falta averiguar y para devolver parte del dolor que provocaron”, apuntó, por último la titular de la PCCH. “Ni Salice ni Sifón aportaron ningún dato que permita ubicar a ninguno de los desaparecidos -concluyó-. Esto tiene que ser tenido en cuenta al momento de condenarlos pues el silencio es también otra forma de tortura vigente para los familiares de desaparecidos”.