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La represión que el gobernador Gerardo Morales desató en la provincia de Jujuy contra quienes protestan contra la reforma de la Constitución –que hizo aprobar entre gallos y medianoche– derivó en un duro pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo de protección regional le recordó a Morales que las fuerzas de seguridad son para garantizar la protección de los manifestantes y no para reprimirlos, y lo instó a no continuar con la escalada represiva. “La CIDH seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones que puedan surgir”, advirtió.
Desde el sábado –cuando comenzó a tomar fuerza la represión en territorio jujeño–, la CIDH comenzó a recibir comunicaciones de organismos de derechos humanos sobre el accionar del gobierno de Morales. Desde entonces, la CIDH detectó que hubo un uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma para disolver cortes de ruta no violentos. A eso hay que sumarle las detenciones que informó el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura y, en particular, el arresto de un adolescente de 17 años –reportado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes–. Si fuera poco: la Comisión también tuvo noticias de que un chico de esa edad también perdió un ojo porque la policía le apuntó a la cara y que otro manifestante recibió una herida de arma de fuego.
Todo esto confluyó para que la CIDH expresara su “preocupación” por las acciones que viene llevando a cabo Morales en Jujuy. “La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en el que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”, puede leerse en el comunicado que se conoció en la tarde del martes después de que Morales usara su cuenta de Twitter para responsabilizar al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la “ extrema violencia” en la provincia que gobierna desde finales de 2015.
CFK le contestó en sus redes sociales: “¿Ve Morales por qué no hay que mentir? No es La Cámpora, ni el kirchnerismo, ni la Vicepresidenta, ni el Presidente… Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, la que se acaba de pronunciar sobre la represión que usted ordenó en su provincia”.
“Lo que está haciendo la Comisión es velar por el derecho que tiene la sociedad a reclamar. La única que ve acá una provocación del kirchnerismo es la oposición. Está claro que el único responsable por lo que está pasando es Morales”, le dijo a Página/12 el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que estuvo el lunes en Jujuy y no consiguió ser atendido por el gobernador.
La preocupación de la CIDH
El comunicado de la CIDH contempla que las protestas son una consecuencia de la reforma constitucional que impulsó Morales. El texto promovido por el gobernador radical generó un amplio repudio social porque limita la libertad de expresión –al prohibir los cortes de calles, de rutas y la ocupación de edificios públicos, lo que redundará en la capacidad de la policía de decidir qué protestas son legales y cuáles no– y porque dejaba a los pueblos originarios que no tuvieran el reconocimiento del Estado provincial expuestos a un pronto desalojo de sus tierras –sobre todo en tiempos en los que avanzan los acuerdos para la extracción del litio–.
La Constitución se aprobó en menos de un mes. Pueblos originarios le pidieron a los convencionales ser recibidos para conocer el articulado del texto que directamente los afectaba, pero jamás se estableció esa comunicación –como señalaron en una reciente nota organismos de derechos humanos como el CELS, ACIJ, ANDHES, Amnistía Internacional y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otros–. En una conferencia de prensa del lunes, Morales anunció que volvería atrás con ese artículo.
La Comisión también le reclamó que se esclarezcan los posibles excesos en el uso de la fuerza y le recordó a Morales –presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y aliado del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta– que los cortes de ruta son “modalidades legítimas y protegidas" por el derecho a la protesta. “De cara a acontecimientos futuros, se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”, concluyó su comunicación la CIDH.
Otros pronunciamientos
Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nóbel de la Paz, le envió una nota a Morales por la escalada de violencia estatal. "La represión desatada por las fuerzas de seguridad de la provincia nos retrotrae a épocas de autoritarismo y represión que vivimos durante la dictadura militar", señaló el dirigente del Serpaj. "La democracia se construye con la participación del pueblo y no imponiendo por la fuerza criterios políticos que van en contra de los derechos de las personas", añadió.
Human Rights Watch –a través de la directora de la División América, Juanita Goebertus– expresó su preocupación por lo que viene pasando en Jujuy. “Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos”, tuiteó.
Según pudo reconstruir Página/12, diversos organismos internacionales se encuentran analizando la situación en la provincia norteña. Entre otros, recibieron comunicaciones el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. El diputado Hugo Yasky también informó que desde la CTA le habían informado a la Organización Internacional del Trabajo porque el texto de la reforma promovido por Morales era contrario al Convenio 169 que establece la obligatoriedad de la consulta de las poblaciones originarias.
Morales se forjó una reconocida experiencia en despertar el repudio de entidades internacionales de derechos humanos. Los organismos de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) cursaron decenas de comunicaciones contra la detención arbitraria de Milagro Sala. Recién después de que interviniera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se dispusiera su arresto domiciliario.
